Los abogados de Podemos despedidos por investigar graves irregularidades internas han puesto bajo sospecha la financiación del partido y han alertado sobre el pago de sobresueldos en B. Desde hace casi dos años, Podemos oculta con celo los ingresos y gastos que ante exponía en su portal de transparencia, cerrado ahora a cal y canto. Esas posibles ilegalidades se completan con un ERE encubierto de trabajadores afines a sectores críticos como el errejonismo, más de 50, que fueron despedidos "con muy malas formas" y utilizando las indemnizaciones más bajas fijadas por la reforma laboral que, en teoría, combate el partido.

En segundo lugar, los últimos purgados señalan la posibilidad de que se haya traficado con los datos de los inscritos e incluso de que se hayan producido pucherazos en sus votaciones internas. No en vano, los despedidos, José Manuel Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, eran el delegado de Protección de Datos y la Responsable de Cumplimiento Normativo del partido, respectivamente.

En una carta enviada a la dirección de Podemos este martes, Carmona advertía a la cúpula del partido de su posible responsabilidad en "infracciones graves" y hasta en posibles delitos. "Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementos centrales de nuestra legitimidad como organización", avisaba.

"El despido disciplinario del delegado de Protección de Datos y la propuesta de mi cese como responsable de Cumplimiento Normativo es un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de protección de datos y de cumplimiento normativo penal, en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido", señala la abogada despedida, que alertaba de "irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional".

Una de las señas de identidad de Podemos bajo sospecha por esas prácticas es la participación interna en las decisiones del partido a través de consultas a los inscritos. Desde que tomó las riendas de la Organización Pablo Echenique, muchas han sido las denuncias sobre irregularidades en esas consultas. El motivo es que las empresas informáticas que trabajaban para esas votaciones online nunca han tenido acceso al censo del partido, que es quien se encargaba de autentificar las identidades de los inscritos para votar. Desde Agora Voting, la empresa que más ha trabajado con ellos y la que le ha suministrado un software para hacer las votaciones también sin su control, así lo aseguran.

"Hemos trabajado en múltiples votaciones online de Podemos y, salvo en la primera, nunca hemos gestionado el censo porque había una separación de responsabilidades como medida de seguridad. El partido se encargaba de la autenticación [verificación de la identidad] y autorización [censo], mientras nosotros nos encargábamos de la recogida del voto y su contabilización", explican fuentes de la empresa. De esta manera, la auditora externa hacía la función de un interventor en una votación tradicional. Al dividir el control del proceso entre dos autoridades, la cúpula de Podemos y la empresa externa, se dificulta que se produzca una colaboración entre los distintos actores para corromper el procedimiento.

En cualquier caso, aunque la empresa participara en algunas las consultas, Podemos siempre ha manejado su censo sin control externo. Y la mayoría de las irregularidades denunciadas en las consultas tienen que ver precisamente con posibles manipulaciones del censo que permitirían votos irregulares.

Por otro lado, Agora Voting, que no trabaja con Podemos desde marzo de este año, ha sido excluida en consultas clave como la que debía decidir sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente del partido tras la compra de su chalet en Galapagar o la que avaló que Podem Catalunya concurriera a las elecciones catalanas de 2017 coalición con Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau.

Esas votaciones se hicieron sin ninguna autoridad externa al partido, sólo con el software contratado por Podemos. La consulta sobre el chalet obtuvo una participación récord y el respaldo de 128.300 inscritos, un 26,3% del total de los 487.772 militantes con los que contaba. La votación sobre la unión con el partido de Colau también tuvo la participación del  70% de inscritos activos del partido.

La Comisión de Garantías gallega pidió una auditoría de las votaciones. Bescansa se unió a esta petición, pero Iglesias la rechazó y Gómez-Reino optó por liquidar este órgano. La fundadora de Podemos criticó entonces la arbitrariedad del partido. «Quo vadis Podemos?» («¿Adónde vas, Podemos?»), se preguntó. La ex dirigente y fundadora de Podemos ha sido una de las más críticas con la deriva del partido y antes de su marcha advirtió de la «crisis en racimo» que vivía el partido en todo el territorio nacional.

Un año antes, en diciembre de 2018, la dirección de En Marea paralizó la votación de sus primarias por la sospecha de irregularidades. De la mano de su representante legal ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, la marca gallega de Podemos detuvo las votaciones de las primarias al Consello das Mareas por una presunta «intrusión» en el censo del partido cometida, supuestamente, por parte del Comité Electoral, controlado por el sector crítico.

Si hasta Vistalegre 2 Podemos hacía las votaciones auditadas Agora Voting, desde febrero de 2017 la formación ha venido prescindiendo de esta auditoría y son los propios trabajadores a sueldo de la cúpula quienes controlan los procesos participativos y velan por la limpieza de los resultados. Esa circunstancia ha abierto la puerta a la posibilidad de que en las primarias fueran favorecidos los candidatos oficialistas frente a los críticos; unas sospechas que emergieron con fuerza en Navarra, donde el pablista Eduardo Santos ganó por un puñado de votos a la ex secretaria general autonómica, Laura Pérez, que fue después expulsada; y en Galicia, donde Carolina Bescansa perdió por la mínima frente al candidato apoyado explícitamente por Pablo Iglesais, Antón Gómez-Reino, en enero de este año.

Las votaciones se abrieron con «normalidad pero dos horas más tarde fueron congeladas por parte de la empresa encargada del sistema (Agora Voting) a instancias de la solicitud del representante legal ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez (miembro de la dirección), que alegaba la existencia de una «intrusión no autorizada» por parte de un miembro del Comité Electoral.