La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, y el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, han reconocido que el futuro tratamiento penitenciario de los nueve condenados a penas de prisión por el 1-O, entre ellos el presidente del partido, Oriol Junqueras, está sobre la mesa de las negociaciones entre PSOE y ERC para el apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez.

Bosch fue el más directo, asegurando ayer en Radio4 que su formación sigue reclamando la libertad de los presos dentro de las negociaciones con los socialistas. Vilalta evitó reproducir esa afirmación, pero dejó entrever cual debe ser la participación del Gobierno en ese ámbito, y no es una ley de amnistía votada en el Congreso, como reclamaban los republicanos en campaña.

En la semana definitiva para que Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell reciban la calificación de grado penitenciario, Vilalta advirtió que la Fiscalía "no tiene que entrar para nada" en ese proceso porque se hará por criterios técnicos. "Debemos dejar hacer su trabajo a las juntas técnicas" reclamó Vilalta en referencia a las juntas de tratamiento que dependen de la Conselleria de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella.

Sin embargo, la Fiscal General, Maria José Segarra, ya señaló en la apertura del año judicial del pasado septiembre las suspicacias de la Fiscalía ante la independencia de las instituciones penitenciarias catalanas a la hora de decidir las medidas penitenciarias de quienes siguen liderando los partidos que gobiernan la Generalitat.

Aviso de la Fiscalía

Segarra advirtió que las manifestaciones del Govern y el director de Instituciones Penitenciarias en contra de la prisión provisional y la calificación de "presos políticos" respecto a los ahora condenados "pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la administración penitenciaria de Cataluña cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados".

La Fiscal General recogió de hecho las suspicacias señaladas en el informe de la Fiscalía de Barcelona y las elevó a la Memoria General, en el que se señala que "las autoridades de la Generalitat, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos". Unas advertencias que abren la puerta al recurso de la Fiscalía contra el que Esquerra advertía ayer.

El próximo sábado concluye el plazo de dos meses posterior a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que tienen las juntas de tratamiento de las tres prisiones -Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric- para calificar a los nueve presos. Serán los responsables de esas juntas de tratamiento los que decidan si Oriol Junqueras y el resto de los condenados son calificados en primer, segundo o tercer grado. El segundo grado es el más habitual y el que correspondería a los condenados por el 1-O, dado que no han cumplido una cuarta parte de su condena.

Vías para la semilibertad

El Reglamento Penitenciario recoge en su Capítulo II los grados de clasificación penitenciaria y define el segundo grado como el correspondiente a aquellos penados "en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en régimen de semilibertad". Un régimen que se contempla para los reos de tercer grado y que va asociado normalmente porcentaje de pena cumplido.

Sin embargo, el artículo 100.2 abre la puerta a que un reo en segundo grado pueda gozar de un régimen de semilibertad "dentro de un programa específico de tratamiento", que en el caso de los líderes independentistas podría ligarse a la obtención de trabajos para facilitar su reinserción. Y el 104.3 abre la puerta a que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena pueda ser propuesto para tercer grado, "valorándose, especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado". Es la vía que se utilizó en el caso de Oriol Pujol.

Dado que los condenados por el 1-O no tienen condenas previas y pueden acreditar su integración y arraigo social, algunas fuentes apuntan a que podría obtener un régimen de semilibertad similar al de tercer grado si acreditan un puesto de trabajo. El acceso a ese nuevo régimen penitenciaria no sería inmediato, la junta de tratamiento puede hacer la propuesta pero la decisión corresponde al juez de vigilancia penitenciaria. Tampoco parece que ERC tenga especial prisa por acelerar ese proceso, pendiente como está de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras.

El problema, en todo caso, es la oposición de la Fiscalía, que puede recurrir la decisión de las juntas de tratamiento, como ya hizo en el caso de Pujol. Y eso es lo que podría poner Esquerra sobre la mesa, que una vez decidido el tratamiento penitenciario éste no sea cuestionado por el Ministerio Público, que durante el juicio ya mostró su temor a un tratamiento de este tipo, reclamando que se fijara un cumplimiento mínimo de la mitad de la condena para acceder al tercer grado, exigencia que no atendió el Tribunal Supremo.

El precedente de Oriol Pujol

En el ánimo de la Fiscalía pesaba el ejemplo de Oriol Pujol, que el pasado 1 de abril entró en régimen de semilibertad tras 73 días en prisión, con una condena de dos años y medio por su participación en una trama de corrupción. Exactamente dos meses después la junta de tratamiento de Brians 2 propuso por unanimidad su acceso al tercer grado. Y dos semanas más tarde la Secretaría de Medidas Penales, que depende de la republicana Ester Capella, consellera de Justicia, acordó conceder el tercer grado al ex dirigente nacionalista.

La libertad de Oriol Pujol algo más de dos meses después de ingresar en prisión se sumaba así a la rápida puesta en libertad de Félix Millet, máximo responsable del expolio al Palau de la Música y la trama de financiación irregular a Convergencia Democrática. Millet quedó en libertad 25 días después de su ingreso en prisión, bajo una fianza de 400.000 euros. Su socio, Jordi Montull, permaneció en prisión 22 días antes de salir en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

A estos casos se refería la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, quien advertía ya antes de conocerse la sentencia de que "hacen bien" los fiscales del procés en advertir contra una concesión demasiado rápida del tercer grado penitenciario a los procesados por el 1-O. "Creo que en las instituciones penitenciarias catalanas sí hay una cierta tendencia a la concesión excesivamente rápida a determinados reclusos" advertía entonces en referencia a los políticos nacionalistas, con el referente inmediato de Oriol Pujol.

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández no ha querido adelantar si su partido recurriría un eventual acuerdo entre PSOE y ERC en el que se abordara la situación de los presos, pero ha puntualizado que si "detectan" irregularidades harán lo que han hecho "siempre": "Garantizar la democracia y el cumplimiento de la ley".

"Cualquier negociación para una investidura tiene que hacerse dentro de los márgenes de la ley y con respeto a la separación de poderes y siempre dentro de la Constitución. Cualquier negociación que se plantee sobre derechos inexistentes como el derecho a la autodeterminación o conceptos inexistentes en España como el de presos políticos nos parece inaceptable", ha dicho Fernández.