El préstamo-puente millonario por el que el juez del caso ERE investiga al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al ex consejero Gaspar Zarrías se aprobó el mismo día que se solicitó, según revela la documentación encontrada a finales de la semana pasada por el actual Gobierno autonómico en una de las tres cajas fuertes halladas.

Se trata del crédito por importe de 5,83 millones de euros otorgado por el Consejo de Gobierno andaluz a Campo Carne Andalucía SA (filial de Campofrío) el 9 de noviembre de 1999, en la etapa en la que al frente del Ejecutivo andaluz se encontraba Manuel Chaves y del que formaba parte Carmen Calvo -actual vicepresidenta del Gobierno español en funciones- en su condición de consejera de Cultura. Ella fue uno de los 13 consejeros que participaron en la sesión en la que se dio luz verde a dicha operación financiera.

En un documento fechado el 23 de octubre de 2014, que lleva por título 'Informe individual de préstamos', el departamento de Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) consigna como fechas de solicitud y aprobación el "9 de noviembre de 1999". El importe ascendió a 5.829.817,41 euros, pactándose un plazo de amortización de seis años y tres de carencia.

Como todos los martes, Chaves reunió a su gabinete para acordar diversos asuntos, entre otros ratificar la decisión adoptada 11 días antes por el consejo rector del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -organismo público que utilizó durante una década la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas a prejubilados y empresas que concedía previamente la Consejería de Empleo y rebautizado en 2004 como Agencia IDEA- para apoyar el desembarco de Campofrío en Jaén tras suspender pagos Hijos de Andrés Molina. Todo se hizo de forma exprés.

Como detalla el juez que investiga a Chaves y Zarrías en la causa abierta la pasada semana por posible prevaricación y malversación de caudales públicos, la aprobación de aquel préstamo-puente se incluyó "por vía de urgencia" en el orden del día de la citada reunión y no fue analizada previamente en la reunión semanal de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como consejillos.

Ayudas millonarias

Aquel acuerdo estuvo precedido de un convenio -fechado el 30 de diciembre de 1998- en el que Zarrías se comprometía a conceder a Campofrío unos 417 millones de pesetas (2,5 millones de euros) ante los planes de la multinacional de invertir 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) en cuatro años tras hacerse con activos de Hijos de Andrés Molina y crear 300 puestos de trabajo. La contribución de la Junta de Andalucía incluía otros 314 millones de pesetas (1,88 millones de euros) por mantenimiento de la actividad productiva.

El documento lleva la firma del entonces titular de Presidencia en representación de la Administración autonómica dado que los acuerdos podían alcanzar tanto a la Consejería de Trabajo e Industria -entonces dirigida por Guillermo Gutiérrez, otro de los ex altos cargos imputados en las diligencias incoadas la pasada semana- como por Agricultura y Pesca. El papel está rubricado pero no lleva ni el logotipo ni el membrete de la Administración autonómica.

"Sin sujeción a procedimiento legal"

La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, sospechan que el Gobierno andaluz camufló "bajo el paraguas formal de un préstamo" la disposición arbitraria de fondos públicos "sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente" a una empresa determinada. La tesis que maneja la instrucción es que el crédito se iría pagando con las ayudas que el Ejecutivo autonómico le iría otorgando en el futuro y que el Ejecutivo autonómico "nunca tuvo voluntad" de cobrarlo.

Esta operación financiera ha podido causar un menoscabo millonario al erario andaluz. En octubre de 2014, la Agencia IDEA reconocía que Campo Carne SA tenía aún pendiente de devolver 3,75 de los 5,83 millones de euros concedidos. Del montante por amortizar, 3.704.042,62 euros corresponden a principal y 45.930,14 euros a intereses.

El consejero Elías Bendodo, este martes en conferencia de prensa.

En su informe sobre los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia IDEA, la Cámara de Cuentas de Andalucía reseñó los 3,75 millones de euros en situación de "deterioro". Fue a raíz de esa fiscalización, relativa al ejercicio 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 18 de febrero de 2016, cuando el Gobierno de Susana Díaz cambió la clasificación del préstamo a "contencioso".

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), ha denunciado este martes el hecho de que los gobiernos socialistas guardaran en "cajas fuertes" la documentación en lugar de aportarla al juzgado que investiga el caso ERE. Según Bendodo, ni José Antonio Griñán ni Susana Díaz -Chaves ya había dejado la Junta cuando comenzó la investigación de la citada macrocausa, en enero de 2011- aportaron la documentación que demandaban los instructores de este procedimiento para depurar las eventuales responsabilidades penales.