"El acuerdo con ERC va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática y de la Constitución Española". Pedro Sánchez, presidente en funciones, pronunció este compromiso el miércoles en una rueda de prensa en Londres. Dos días después insistió en el Congreso de los Diputados, precisamente durante la conmemoración del Día de la Constitución, en que la Carta Magna ofrecía los instrumentos necesarios para abordar la crisis catalana dentro de la legalidad.

En una intervención pública, Sánchez defendió que la Constitución cuenta con herramientas para solucionar los "conflictos sociales y políticos" del país y la "crisis política y territorial" de Cataluña. Si la Carta Magna sirvió para crear el Estado de las autonomías y ha servido para consolidarlo, servirá también para poner remedio a la crisis independentista a través del "pacto entre diferentes", explicó.

En conversación informal luego con los periodistas, el aspirante a formar Gobierno mostró su esperanza en que la propuesta que presentará este martes el PSOE a ERC para un acuerdo sea la última, permitiendo su investidura lo antes posible. Esa propuesta pretende convencer a los separatistas de que pueden avanzar en el autogobierno y el federalismo sin vulnerar las leyes.

Sanchéz negó que se trate de un precio político al independentismo a cambio de su investidura recordando unas palabras de José María Aznar cuando aseguró, en el marco de unas negociaciones con el PNV, que la búsqueda de la independencia del País Vasco era una ideología política legítima siempre que no se defendiera con la violencia.

En la misma línea de defensa de la flexibilidad y elasticidad de la Carta Magna discurrió el discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el viernes aseguró que "quien defiende la Constitución debe esforzarse en integrar en ella y sus valores a quienes se puedan sentir alejados o excluidos. Integrar, incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías y a un proyecto de convivencia es lo que da sentido a una Constitución".

"Esa es nuestra tarea. Y la afrontamos en una legislatura difícil por los retos existentes, por la ausencia de mayorías claras y por la fragmentación de la representación parlamentaria. Tendremos, pues, que forjar los acuerdos que la hagan posible", defendió.

Batet citó a José Pedro Pérez-Llorca para defender que los padres constituyentes trataron de "ser inclusivos, lo más que se pudiera, y de huir de anatemas y condenas. Así, la Constitución, si no de todos porque ello es imposible, nació con vocación de poder ser asumida por todos (…) la Constitución pudo ser para todos porque no nació contra nadie. Hoy es nuestra responsabilidad extraer del texto elaborado hace cuarenta años toda la fuerza que sigue atesorando, pero sobre todo devolver a esa fuerza el atractivo de la confianza y la ilusión". "Hemos celebrado los cuarenta años de la Constitución recordando su historia de éxito. Y lo que nos toca ahora es construir sus próximos cuarenta años", abogó.

Todas esas proclamas sirven para ir preparando a la opinión pública para un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que el PSOE justificará en que estará dentro de los límites de la Constitución, aunque se aferre a resquicios, vericuetos o lectura innovadoras de la Carta Magna y del Estatuto de Autonomía catalán.

Uno de los aspectos que se pueden desarrollar, según ha explicado la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, es el Título VIII, referente al estado de las autonomías. "¿Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país? Obviamente. Exactamente igual que tendremos que hablar con otras autonomías. Es que forma parte de la normalidad de nuestro país", aseguró en noviembre.

"Podemos hablar del Título VIII de la Constitución, de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo les cuesta a las derechas, por eso seguramente no tienen apoyos electorales ya ninguno en los territorios de identidad histórica", afirmó.

El título VIII de la Constitución tiene 21 artículos sobre los que se puede hablar, según la vicepresidenta. Fuera de esas cuestiones, demandas como un referéndum de autodeterminación, son inviables. Pero dentro caben muchas posibles conquistas para el independentismo: desde la denominación oficial de la estructura territorial de España, con conceptos como el federalismo o la plurinacionalidad defendida este fin de semana por Miquel Iceta, hasta la delimitación de las competencias transferibles a las comunidades.

Especial dedicación al encaje en la Constitución tendrá la propuesta socialista en referencia a la relación bilateral entre Cataluña y el Gobierno central. En este sentido, la Declaración de Granada aprobada por el PSOE en julio de 2013 habla del "Principio de Participación, que supone la intervención de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado que puedan afectarles y su capacidad de influir en el nombramiento de órganos o instituciones comunes".

"En tal sentido, proponemos formalizar las referencias a las modalidades de participación que se han previsto en los nuevos Estatutos de Cataluña y Andalucía y constitucionalizar la participación -tanto ascendente como descendente- de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, utilizando la jurisprudencia Constitucional", asegura.

Ese mismo manifiesto también aboga por "una cierta territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Ellas serían el mejor foro en el que desconcentrar determinadas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo fundamental de las funciones del CGPJ y serán también el mejor órgano desde el que coordinar la gestión de la Administración de Justicia y las diferentes Administraciones políticas con responsabilidad en ella".

En la posterior Declaración de Barcelona de 2017, el PSOE recuerda que buena parte de las 46 demandas planteadas en 2016 por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy "estructuradas en cinco bloques (relación de Catalunya con España –referéndum–; garantía de derechos sociales; política fiscal y financiera; incumplimientos del Estado con Catalunya; y, finalmente, evitar la judicialización del conflicto)", pueden acordarse "en el marco de distintos procesos de diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas" como "la descentralización del 0,7% del IRPF, la comisión sobre financiación autonómica o la comisión sobre financiación local impulsadas por la Conferencia de Presidentes".

La Declaración de Barcelona aboga por una reforma constitucional para incluir "el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña; unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional; un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial de las comunidades autónomas facilitando así su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal".