ERC ha defendido la "decisión técnica" de las juntas de tratamiento de las tres prisiones catalanas que hoy han recomendado el segundo grado para los condenados por el 1-O, una decisión que ha cuestionado JxCat. Los republicanos, titulares de la Conselleria de Justicia que comanda Ester Capella, han salido en defensa de los funcionarios y han lanzado también una advertencia al señalar que no entenderían un recurso de la Fiscalía a esta decisión o al siguiente paso previsto por sus juristas: la aplicación de medidas excepcionales al amparo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario para que los condenados puedan salir de la cárcel con un régimen de semilibertad".

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha dejado claro que no confiere a la Fiscalía la misma presunción de independencia y profesionalidad que a los funcionarios de la Generalitat, señalando que "respecto a la Fiscalía, según qué decisión adopte no la entenderemos porque ha tomado muchas decisiones políticas". En este contexto, y respecto a las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, ha repetido insistentemente que "es muy difícil que haya un diálogo sincero no puede ir acompañado de represión".

División independentista

Sabrià ha rechazado también la postura de JxCat, que apuesta porque la dirección de Servicios Penitenciarios corrija la decision de las juntas de tratamiento y otorgue a los condeandos el tercer grado en base a las discrepancias de algunos miembros de las juntas.

No descartan, sin embargo, que los condenados recurran la decisión para pedir el tercer grado, aunque su estrategia se centra en las medidas excepcionales de semilibertad a través de la aplicación del 100.2 del reglamento penitenciario.

Por su parte, JxCat sospecha que la condición de "presos políticos" ha pesado en contra de los nueve condenados por el 1-O, que habrían recibido un trato más duro del necesario con su calificación penitenciaria en segundo grado. Y confían en que las discrepancias entre los miembros de las juntas de tratamiento, que no han adoptado una decisión unánime, sirvan para que Servicios Penitenciarios de la Generalitat no ratifique su propuesta y opte por el tercer grado para los líderes del 1-O que cumplen condena por la sentencia del procés.

El vicepresidente del Parlament y hombre de confianza de Puigdemont y Torra en materia jurídica, Josep Costa, ha sido el responsable de comentar la decisión de las juntas de tratamiento de las tres prisiones catalanas por JxCat. Y lo ha hecho destacando que "el hecho de que haya discrepancias es la mejor demostración de que se podría haber concedido el tercer grado".

"Es evidente que hay una presión ambiental, política y mediática en contra de estos presos, se pretende que tengan un trato peor, un castigo añadido en la forma en que cumplen la condena" ha explicado Costa, quien ha advertido, con la vista puesta en sus socios de gobierno, que "no entenderíamos que el hecho de ser presos políticos fuera un motivo para tratarlos diferente a los presos normales, que de acuerdo con la ley pueden obtener el tercer grado"

Costa ha insistido en que tanto el segundo como el tercer grado son "formas efectivas de cumplir las penas" por lo que "ante la duda, se debería haber optado por la opción menos lesiva". Un criterio que desde JxCat se presiona ahora para que se imponga en la decisión definitiva de Servicios Penitenciarios, en contra de lo que defienden los republicanos.

Pero Esquerra recuerda las presiones a las que se está sometiendo al Departamento de Justicia con esta cuestión y aboga por respetar la decisión de los técnicos y conseguir la salida de los condenados en base a permisos excepcionales articulados a través del artículo 100.2. Esta vía deja de nuevo la decisión en manos del juez de vigilancia penitenciaria, pero, lo que es más importante, evita que un eventual recurso de la Fiscalía vaya al Tribunal Supremo. En este caso sería resuelto por la Audiencia de Barcelona.