Paul Preston, John Elliot o Benoit Pellistrandi figuran entre los más de 500 intelectuales que en las últimas semanas se han sumado a un manifiesto promovido por el Foro de Profesores para pedir al PSOE que no negocie fuera del marco constitucional las condiciones de la investidura de Pedro Sánchez, Un texto en el que se advierte que "la democracia está perdiendo legitimidad en Cataluña" y señalan a los políticos que "el diálogo debe hacerse dentro de las instituciones y bajo los cauces democráticos prescritos por el Estatuto de Autonomía Catalán y por la Constitución Español".

El manifiesto "Llamada al diálogo entre representantes políticos catalanes dentro de las instituciones democráticas", tiene el apoyo de 577 intelectuales, mayoritariamente españoles, pero ha circulado por universidades y centros culturales de Europa, América y Oceanía y obtenido apoyos tan destacados como los de los hispanistas John Elliot (Oxford), Paul Preston (LSE), o Benoit Pellistrandi, la profesora danesa de Politicas, Marlene Wind, que protagonizó un sonoro debate con Carles Puigdemont en la Universidad de Copenhague, el jurista Nicola Colacino o el politólogo John Gastil, de la Universidad de Pennsilvania.

Entre las firmas españolas destacan las del premio novel Mario Vargas Llosa y los catedráticos Fernando Savater, Carmen Iglesias, Francesc de Carreras, Tomás de la Quadra-Salcedo, Benigno Pendás, Adela Cortina o Elías Díaz, y los escritores Elvira Roca Barea, Andrés Trapiello, Enrique Krauze y Félix de Azúa. El manifiesto se ha hecho público coincidiendo con la tercera reunión entre PSOE y ERC para negociar el apoyo republicano a la investidura de Pedro Sánchez. Un proceso negociador en el que los socialistas ya han asumido la necesidad de resolver en "conflicto político" en Cataluña y negocian ahora una "mesa de diálogo" de igual a igual entre Gobierno y Generalitat fuera de la Comisión Bilateral, reconocida en el Estatut.

En este contexto, el Foro de Profesores alerta contra el "cuestionamiento de los mecanismos democráticos" que a su juicio es especialmente preocupante en Cataluña. Y plantea sus condiciones al diálogo abierto por el PSOE con los independentistas. Así, propone que "los representantes políticos, democráticamente elegidos, de los diversos partidos que conforman el parlamento catalán deben iniciar un diálogo para encontrar una solución a la inestabilidad y creciente fractura social creada en Cataluña" una idea que también defendían los socialistas hasta el inicio de estas negociaciones.

Y añaden que ese diálogo "debe hacerse dentro de las instituciones y bajo los cauces democráticos prescritos por el Estatuto de Autonomía Catalán y por la Constitución Española".

Advierte además que nadie está "por encima del cumplimiento de las leyes" y por tanto"no podemos admitir que los representantes políticos tengan privilegios sobre sus representados, los ciudadanos". En este sentido, exigen que los representantes políticos que incumplan las leyes "sean juzgados con todas las garantías por un sistema de justicia independiente y, si se demuestra que han incumplido las leyes, sean condenados" referencia inequívoca a los condenados por el 1-O.

El manifiesto se refiere también a la necesaria neutralidad ideológica de las instituciones catalanas, "incluyendo centros de enseñanza, medios públicos de comunicación, colegios profesionales y el gobierno autonómico" y condena los "señalamientos y agresiones de periodistas en el ejercicio de su labor como informadores en Cataluña" que también han sido denunciados por Reporteros sin Fronteras y OSCE, The Representative on Freedom of the Media.

Reclama además al Gobierno que "garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos y que vele por la convivencia de los ciudadanos catalanes". Y concluye afirmando que si los "demócratas no respetamos el Estado de Derecho y no defendemos los mecanismos de funcionamiento de representación, las democracias perecerán".