Las juntas de tratamiento de las tres prisiones en las que se encuentran recluidos los condenados por el 1-O han decretado el segundo grado para los nueve encarcelados. Se cumple así la previsión adjudicándoles el grado más común, que no permite permisos a los internos ni salidas del centro penitenciario, por lo que los condenados no podrán salir de prisión antes de Navidad.

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde están presos los líderes del 'procés' se han reunido en la mañana de este miércoles para aprobar su propuesta sobre su clasificación penitenciaria. La resolución deberá ser revisada por la Generalitat y por la Fiscalía.

Las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron ayer que se les aplicaría el segundo grado y anunciaron que lo recurrirían. Una asunción pública que provocó un nuevo roce con JxCat, cuyo principal abogado, Jordi Pina, respondió rápidamente a Esquerra con un comunicado en el que aseguraba que la clasificación debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad. Y afeaba a los republicanos que dieran por supuesto el segundo grado.

La incidencia de esta calificación penitenciaria en el escenario político catalán explica que el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la sede del organismo, donde ha dado a conocer la decisión de las juntas de las cárceles donde cumplen sus penas los nueve líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo.

Desde la Fiscalía General se había puesto en cuestión la independencia de la dirección de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat que dirige Calderó para definir esta calificación, dado que ha defendido la calificación de "presos políticos" en repetidas ocasiones.

Tras conocerse la propuesta de las juntas de tratamiento de las tres cárceles (Mas Enric, Puig de les Basses y Lledoners), se abre un plazo de dos meses para que la Consellería ratifique la resolución de la junta, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio.

La junta ha tenido en cuenta factores como la conducta en prisión, los hábitos laborales, el apoyo social y familiar o la falta de antecedentes para asignar a los presos uno de los tres grados penitenciarios: el primero, con las medidas de control más restrictivas, el segundo -ordinario- o el tercero, que les permitiría salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.

Nada en la legislación impedía que los líderes del 'procés' sean clasificados de entrada en tercer grado -de hecho un 40% de los reclusos sin antecedentes lo son-, pero la larga duración de sus condenas dificulta que puedan beneficiarse del régimen abierto de forma inmediata: aunque los hay, son contados los casos de presos con penas de cárcel de dos dígitos que lo han logrado.