El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva no sólo integró la comisión que resolvió el concurso por el que Carmen Calvo fue designada profesora titular de la Universidad de Córdoba en 1991, años antes de que ésta iniciara su actividad en la primera línea de la política. También codirigió una tesis doctoral con la hoy vicepresidenta del Gobierno en funciones y dirigió un libro en el que la socialista cordobesa escribe un capítulo.

La Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado un incidente de recusación para que Pablo Lucas se aparte y no forme parte del tribunal que tendrá que resolver los tres recursos pendientes en relación con la exhumación de los restos del dictador -concretamente los presentados por la abadía benedictina, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y ellos mismos- al entender que concurren dos de las causas de abstención que en su artículo 219 prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial: tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

La fundación sustenta su petición en el hecho de que, como reveló El Independiente, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo formó parte del tribunal que propuso a Calvo para ocupar la plaza de profesora titular de Derecho Constitucional que la Universidad de Córdoba (UCO) sacó a concurso en noviembre de 1990 y porque Pablo Lucas ocupó la Subdirección general de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales en la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno. Ello, según la entidad que ha pedido su recusación, demuestra que el juez tiene "connivencia ideológica con el PSOE" y no es imparcial.

Este diario aporta nuevos elementos de los que se infiere necesariamente una relación -al menos profesional- entre Carmen Calvo y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ambos especialistas en Derecho Constitucional.

A finales de los años noventa, cuando la socialista cordobesa ejercía como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía en el Gobierno de Manuel Chaves, dirigió junto al hoy juez la tesis doctoral de Miguel Jesús Agudo Zamora. Éste era entonces profesor ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y, desde 2016, catedrático de dicha especialidad en la misma universidad.

Según la información que consta en Teseo, la base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Calvo figura como "codirector" de la tesis Los derechos fundamentales en el proceso de integración europea y Pablo Lucas Murillo de la Cueva como "director". El profesor Agudo Zamora defendió el trabajo con el que se doctoró el 5 de octubre de 1999 ante un tribunal presidido por Juan Ignacio Font Galán e integrado también por Octavio Salazar Benítez (secretario) y Manuel Terol Becerra, Antonio Porras Nadales y María Dolores Adam Muñoz como vocales.

Ficha en Teseo donde consta la codirección de la tesis por parte de Carmen Calvo y Pablo Lucas.

Existen otros nexos que unen a Calvo y Lucas. En su etapa de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, el hoy magistrado del Alto Tribunal coordinó junto al profesor Font Galán el libro con el que se conmemoró en 1991 el décimo aniversario de la Facultad de Derecho cordobesa. En esa obra, que consta de dos volúmenes, la actual ministra de la Presidencia en funciones firma el capítulo titulada La mujer y la Constitución como contrato político social, como puede comprobarse con una simple consulta en el conocido portal bibliográfico Dialnet.

En aquella época, a principios de los noventa, Carmen Calvo era vicedecana de dicho centro universitario y hacía cuatro años que se había doctorado con una tesis que llevaba por título El Derecho de enmienda en la producción de la ley. En concreto, la lectura tuvo lugar en 1987, nueve años antes de incorporarse al Gobierno andaluz como consejera de Cultura.

Carmen Calvo y Pablo Lucas dirigieron la tesis del hoy catedrático Agudo Zamora a finales de los años noventa

Años después, el destino ha vuelto a cruzar en el camino a la vicepresidenta Carmen Calvo y al magistrado Pablo Lucas a cuenta del proyecto del Gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos y trasladar sus restos a un panteón de titularidad estatal del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio, consumado el pasado 24 de octubre.

Como miembro de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva fue el magistrado que redactó la ponencia con la que el Tribunal Supremo resolvió el recurso interpuesto por los nietos de Franco contra los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se decidió exhumar los restos del dictador y su traslado a Mingorrubio.

El papel de la vicepresidenta

El fallo fue adoptado por unanimidad de la Sala -integrada por Jorge Rodríguez-Zapata (presidente), Segundo Menéndez, Celsa Pico, María del Pilar Teso y José Luis Requero- y tumbó una por una todas las alegaciones con las que la familia del dictador pretendía impedir la reinhumación. También rechazó de plano el principal argumento esgrimido por la abadía benedictina del Valle de los Caídos, al entender el tribunal que su sentencia era título habilitante para ejecutar la exhumación y que no era necesaria la autorización eclesiástica.

El Supremo daba así la razón al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que semanas después de llegar a la Presidencia tras prosperar la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy anunció su intención de sacar la momia de Franco de la sepultura que ocupaba en el crucero de la basílica de Cuelgamuros desde el 23 de noviembre de 1975.

El hoy magistrado del Supremo coordinó un libro en el que la actual ministra en funciones escribe un capítulo

Carmen Calvo, por su parte, ha sido la representante del Gobierno que ha pilotado directamente el proyecto estrella del gabinete de Sánchez, como acreditan las cartas que envió al Vaticano pidiendo que tomara medidas para que el prior del Valle de los Caídos se allanara y facilitara el acceso a la basílica para desenterrar al dictador.

El Supremo debe decidir ahora si, como ha pedido la Fundación Franco, Pablo Lucas debe apartarse del tribunal que debe deliberar y fallar sobre su recursos y los de la abadía benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, no dilucidados pese a que la exhumación de los restos del dictador ya hace un mes y medio que se ejecutó. Ese trámite procesal se llevará a cabo la próxima semana.

Invocando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta parte considera que la "imparcialidad objetiva" de este magistrado está comprometida a causa de la "relación muy especial" que mantiene con Carmen Calvo, cuyos méritos valoró para que ésta tuviera una plaza en propiedad en la Universidad de Córdoba hace casi 30 años.