Unos 13.600 aspirantes se disputarán las 900 plazas que el Ministerio del Interior ha convocado en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, arrojando una proporción muy similar a la de la convocatoria de 2018: unos 15 opositores por cada uno de los puestos a cubrir.

La Subsecretaría del Interior ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado provisional con los nombres de los 992 inscritos que han sido excluidos del proceso selectivo y las causas, como haber presentado la instancia fuera de plazo, no haber abonado las tasas de los derechos de examen, no tener la edad requerida en el Instituto Nacional de Empleo (Inem) o no aportar una fotocopia compulsada del DNI. Los aspirantes que figuran en esa relación disponen ahora de un plazo de 10 días hábiles para subsanar los posibles defectos que han motivado su exclusión.

La convocatoria en curso incluye 69 plazas más que las ofertadas el pasado año (831), 199 más que las de 2017 (701) y 362 más que en 2016 (538). De esta forma, Interior ha cubierto 2.970 vacantes en los últimos cuatro años, si bien sindicatos y plataformas de Prisiones calculan que en el mejor de los casos seguirán estando vacantes tras esta oposición otras 2.600, cantidad a la que se sumarán las jubilaciones que se irán produciendo el próximo año.

"Si de verdad se quiere paliar el déficit de personal, la oferta de empleo público tendría que ser bastante más ambiciosa. Debido a la edad tan avanzada que se registra en Prisiones, las promociones de cada año apenas sirven para paliar las jubilaciones", resume el portavoz de la plataforma 'Tu abandono me puede matar', Manuel Galisteo.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso tras su nombramiento como titular del Interior, el 4 de julio de 2018, Fernando Grande-Marlaska defendió la necesidad de recuperar los efectivos perdidos por la congelación de plazas durante la crisis económica "para poder abordar así todas las iniciativas que son necesarias en materia de tratamiento". El ministro también abogó por que las reivindicaciones económicas de los empleados de Prisiones "sean escuchadas y adecuadas a las de otros funcionarios", sin que un año y medio después se haya avanzado en este segundo capítulo.

150 preguntas

El nuevo proceso selectivo arrancará a las 10 horas del próximo 2 de febrero, cuando tendrá lugar en Madrid -los centros de examen aún no se han anunciado- el primer ejercicio. Como en convocatorias anteriores, los opositores tendrán que contestar en dos horas y 15 minutos como máximo un cuestionario formado por 150 preguntas -con cuatro respuestas múltiples, de las que sólo una será correcta- que arrojará una puntuación máxima de 20 puntos, debiendo alcanzarse al menos la mitad para poder pasar a la segunda prueba. Las respuestas en blanco no se penalizan, pero las erróneas restarán un tercio del valor de una contestación.

Los aspirantes que superen esta primera criba podrán presentarse al siguiente ejercicio, en el que deberán resolver por escrito en un máximo de 100 minutos diez supuestos prácticos, con cinco preguntas cada uno, que versarán sobre el contenido del programa. La prueba también se calificará con una puntuación máxima de 20 puntos, siendo necesario sumar al menos 10 para poder acceder al tercer y último ejercicio: las pruebas médicas, en las que se comprobará que los candidatos no presentan ninguna de las decenas de causas de exclusión detalladas en la convocatoria. Esta segunda prueba es en la que marca el corte.

Instituciones Penitenciarias ha convocado en los cuatro últimos años 2.970 plazas, tantas como aún permanecen vacantes

El programa está formado por 50 temas, concretamente 17 del bloque sobre la organización del Estado, Derecho administrativo general y gestión de personal y financiera; 10 sobre Derecho Penal; 20 sobre Derecho Penitenciario y tres de conducta humana. Los aspirantes deben estar en posesión del título de bachiller o técnico y sólo pueden presentarse los que tengan la nacionalidad española.

La calificación de cada aspirante será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, pasando a las pruebas de aptitud médica únicamente los titulares de las 900 mejores notas. Si el número de personas aptas tras el examen médico fuera inferior a las plazas ofertadas, el tribunal citaría a los que hubieran superado los dos ejercicios anteriores por orden de puntuación.

Curso selectivo y prácticas

Los candidatos que superen la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias y tendrán que realizar un curso selectivo, con la obligación de asistir al menos al 80 por ciento de las jornadas. De resultar aptos, los ya funcionarios pasarán a realizar prácticas evaluables en los centros penitenciarios. Ambos bloques tendrán una duración máxima de 18 meses.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- gestiona un total de 68 prisiones repartidas por 16 comunidades autónomas. Sólo Cataluña tiene transferidas las competencias, siendo la Consellería de Justicia de la Generalitat la encargada de gestionar la decena de cárceles operativas en esta comunidad.