Reservas en avión y trenes en gran cantidad entre los días 27 y 30 de diciembre y entre el 2 y el 5 de enero; viajes familiares cancelados; cabalgata y noche de Reyes sin poder ver a sus familiares... Éste es el panorama de Navidad y fin de año en el Congreso de los Diputados. El malestar entre los 350 parlamentarios de todos los partidos, sus familiares, los trabajadores de la Cámara y los periodistas que cubren la información política aumenta a medida en que se va cumpliendo la previsión de que Pedro Sánchez sea investido gracias a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) la primera semana del año 2020. "Cuanto antes", insisten en Ferraz, que señalan que la última palabra sobre la fecha la tienen los separatistas.
La incertidumbre por la fecha del pleno se mantendrá hasta que ERC suscriba el acuerdo que ya tiene cerrado con el PSOE y que incluía el "gesto" de la Abogacía del Estado de solicitar la libertad de Oriol Junqueras para que pueda recoger su acta de diputado en el Parlamento Europeo. Tras esa nueva cesión, el partido podría convocar a su máximo órgano, el Consell nacional, para dar el visto bueno al acuerdo, lo que podría retrasarlo hasta enero.
De momento sólo se ha pronunciado la Fiscalía, que defiende ante el tribunal que juzgó el procés que la inmunidad como europarlamentario reconocida a Junqueras en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves no «puede convertirse en un generador de impunidad».
La Fiscalía se refiere al Reglamento Europeo para afirmar que «la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de la independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados».
«La inmunidad no puede convertirse en refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y mucho menos, de la impunidad buscada ex post facto con el único propósito de eludir la acción de la justicia», afirman los fiscales del procés.
A pesar del enfado y malestar que está generando esta incertidumbre y la dependencia de Esquerra, los socialistas siguen adelante con su plan de convertir a Sánchez en presidente lo antes posible. La investidura es el principal objetivo político del partido y el propio líder del PSOE ha solicitado a sus barones territoriales que soterren las críticas internas hasta que renueve como inquilino de la Moncloa.
Algunos dirigentes socialistas, los más dependientes del 'dedo' de Sánchez para seguir en sus puestos, como Susana Díaz, le han trasladado públicamente su respaldo, mientras que otros, con responsabilidades de Gobierno, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Javier Lambán, presidente de Aragón, han advertido de que antepondrán la defensa de la Constitución y de los intereses de sus comunidades a la lealtad interna al PSOE.
Esa división interna tampoco preocupa a la dirección del partido, que también cuenta con el aval de sus bases al acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que se someterá a la aprobación de Esquerra. Ni la posibilidad de un castigo electoral en tradicionales feudos socialistas disuaden a Sánchez de su empeño en ser investido presidente a cambio de cesiones al independentismo catalán. La consecución del poder es la prioridad absoluta ahora para Ferraz.
Mientras el Gobierno en funciones guarda silencio sobre el estado del acuerdo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado este lunes que la negociación con el PSOE se ha reanudado con contactos "discretos" mediante mensajes de móvil. La dirigente independentista ha confirmado que solo quedan "flecos" para acordar la investidura de Pedro Sánchez a la espera de las alegaciones de la Abogacía del Estado.
ERC ha advertido de que no aceptarán que la "doctrina Junqueras" surgida de la sentencia europea sirva "para todos" menos para el propio líder republicano, en alusión al efecto que esa resolución pueda tener en el caso del ex presidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española. También ha reiterado que sus objetivos políticos son el derecho de autodeterminación y la independencia de Cataluña.
Mientras ERC se decide sobre el acuerdo con el PSOE, la Mesa del Congreso ha acordado habilitar los días 28, 29 y 30 de diciembre, jornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura, aunque por días cobra fuerza la opción de que se convoque para los primeros días de enero, del 2 al 5.
Por su parte, el PP y Cs han solicitado la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez ante su "grave silencio" pese a las "presiones" a la Abogacía del Estado que, a su juicio, está metiendo ERC como condición para no bloquear la investidura.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que a los independentistas "les ha tocado el premio gordo con Pedro Sánchez", un presidente que, según el PP, está "dispuesto a hacer añicos la separación de poderes" con tal de seguir en el Palacio de la Moncloa.
Además, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido al Gobierno que saque sus "zarpas políticas" de la Abogacía del Estado y ha expresado su preocupación por las peticiones de ERC a favor de la excarcelación de Junqueras.
A su juicio, sería "una barbaridad jurídica" la salida temporal del líder independentista catalán para tomar posesión como eurodiputado. El también abogado del Estado dimitido por discrepancias con Sánchez ha recordado que no pueden ser diputados quienes cumplen plena privativa por una condena firme y, por ello, ha pedido que se ejecute la pena de inhabilitación de Junqueras, ya que no está en prisión provisional, sino condenado en firme.
"Junqueras no tiene la condición de eurodiputado, y si la Abogacía se aparta de ese criterio, el Gobierno tendrá que dar explicaciones", ha alertado.
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