PP y Ciudadanos han registrado la petición de comparecencia en el Congreso del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para que explique el criterio de las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras.

Ambas formaciones han tomado esta decisión después de que ERC haya exigido “un gesto” por parte de la Abogacía del Estado para pactar con Sánchez y que la investidura salga adelante. En concreto, los separatistas piden que la Abogacía del Estado pida la excarcelación de su lider, Oriol Junqueras, en reconocimiento de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando estaba en prisión provisional previa al juicio del procés que acabó condenándole por sedición.

"Ante el grave y sospechoso silencio del Gobierno en funciones, tanto desde Ciudadanos como desde el Partido Popular exigimos que no se presione a la Abogacía del Estado y saber si los criterios utilizados por dicha institución sobre el caso de Junqueras son políticos o jurídicos", han asegurado ambos partidos.

Además, el PP ha registrado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la ejecución inmediata de la condena de inhabilitación al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de manera que éste pierda su acta de eurodiputado.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PP, Teodoro García Egea, que ha señalado que la petición tiene como base legal un cambio normativo de hace unos años según la cual la Junta Electoral Central "puede actuar para quitar el escaño a un condenado por inhabilitación". "Junqueras no puede tener acta de eurodiputado", ha asegurado.

El PP ya presentó la semana pasada ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona una petición para que se le quite el escaño autonómico al presidente catalán, Quim Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo. García Egea ha dejado claro que en ambos casos su intención es ir "hasta el final". "No pueden representar a los españoles quienes están condenados por intentar cercenar su libertad", ha zanjado.

Ciudadanos se ha sumado a esta petición. "Solicitamos que habiendo sobrevenido la causa de inelegibilidad expuesta, se declare que el Molt Honorable president Torra es inelegebile" y que "se adopten todas las medidas adecuadas a los efectos de hacer realidad la disposición legal y, en particular, se retire la credencial como diputado electo del Parlament, en cumplimiento del artículo 6.2.b) de la Ley orgánica 5/1985", expone el escrito.

Por su parte, Vox, que ejerce de acusación popular en causa del procés, ha alegado ante la Sala del Tribunal Supremo que Junqueras debe ser inhabilitado como europarlamentario a pesar de la sentencia del TJUE.

En respuesta, Quim Torra alega que el PP pretende forzar la "ejecución provisional encubierta, por autoridad manifiestamente incompetente" de la condena a inhabilitación que el TSJC le impuso la semana pasada por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período de elecciones.

En su escrito, Torra razona también que la Generalitat, pese a no disponer de ley electoral propia, sí tiene reguladas expresamente las incompatibilidades de los diputados, y recuerda que, en cualquier caso, ni el Estatut ni ninguna otra norma exige mantener la condición de diputado durante toda la legislatura para seguir ejerciendo como presidente del Govern.

Torra argumenta, además, que si pierde su condición de diputado, tendrá lugar una "vulneración palmaria" de sus derechos fundamentales, reconocidos no solo en la Constitución, sino también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En ese sentido, el escrito se remite a la sentencia del pasado jueves del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que avaló la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, un fallo que, recuerda, obliga a los jueces españoles a dejar sin aplicar aquellas disposiciones nacionales que sean contrarias al derecho europeo.