La posibilidad de que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre antes de que acabe el año es cada vez más remota, una vez que no se espera que el informe de la Abogacía General del Estado sobre Oriol Junqueras, del que puede depender la abstención de ERC, se conozca antes de Navidad.

Según recuerdan a Efe fuentes del Ejecutivo, este martes y el miércoles, día de Navidad, son festivos a efectos de la administración de justicia.

Esto hace que los plazos para convocar un pleno de investidura antes del 30 de diciembre, una de las fechas que se barajaban, sean cada vez más apurados, y que parezca más factible que pueda ser en los primeros días de enero.

El Congreso ha habilitado de forma preventiva el 28, 29 y 30 de diciembre, pero si las alegaciones de la Abogacía General del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) --que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado- se conocen el 26 o el 27 es difícil que pueda convocarse el pleno con el plazo de 24 horas requerido para que Sánchez pueda ser investido antes de final de año.

Una investidura que necesita para materializarse la abstención de ERC, que ya ha dejado claro que sigue a la espera de que la Abogacía se pronuncie sobre Junqueras porque considera que no es posible dejar su situación al margen de la negociación, aunque también confirma que continúan los contactos "discretos" con el PSOE y sólo quedan algunos "flecos".

En cualquier caso, en el calendario hay que contar también con los planes que tenían el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de presentar antes de la investidura el acuerdo programático para su futuro Gobierno de coalición.

Sánchez tiene cerrada hace días la estructura del nuevo Ejecutivo que espera conformar con Podemos si sale adelante su investidura, y solo queda conocer con detalle las medidas programáticas, que se basarán en su anterior acuerdo presupuestario e incluirán previsiblemente la subida del salario mínimo en 2020.

Igualmente, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Adriana Lastra, ya adelantó hace unos días que el nuevo Gobierno de coalición con Unidas Podemos derogará los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral, y citó en concreto el despido por bajas reincidentes en un periodo determinado.