Pasan las horas y Pedro Sánchez no consigue armar su investidura. Los plazos jurídicos, parlamentarios y políticos se están estrechando tanto que el Gobierno empieza a preparar el terreno por si no puede celebrar el pleno entre los días 2 y 5 de enero, como tenía previsto.

Después de que la Abogacía del Estado no emitiera ayer su informe sobre la inmunidad del líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, como eurodiputado cuando estaba en prisión provisional, la posibilidad de celebrar la investidura antes de fin de año, entre el 27 y el 30 de diciembre, se ha desbaratado.

Aún hay opciones de que se desarrolle entre el 2 de enero y el día de los Reyes Magos, el 5, tal y como desean el PSOE y Podemos. Si la Abogacía del Estado presenta hoy viernes su informe, si a ERC le satisface y los separatistas agilizan los plazos de la celebración de su Concell Nacional este sábado, todavía existe una posibilidad de que Sánchez empiece el nuevo curso político investido como presidente. Pero no es fácil.

En el Gobierno son conscientes de que el tiempo corre en su contra y que los independentistas catalanes no están por la labor de facilitar las cosas. La celebración de la investidura el domingo 5 de enero conlleva también problemas logísticos, especialmente de seguridad y de movilidad, que acarrearía reunir a 350 diputados en el centro de Madrid coincidiendo con los cortes de tráfico por la Cabalgata de los Reyes Magos.

La Abogacía del Estado tiene de plazo como máximo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo y los Servicios Jurídicos del Estado no descartan que al final tengan que esperar a esa fecha, dada la complejidad técnica del asunto. En ese caso, Sánchez tendría que esperar hasta la segunda semana de enero para convertirse en presidente con plenas potestades.

Ante la presión que están recibiendo los abogados del Estado por el contenido y por las prisas de su informe, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha querido este jueves echar "un capote" a la Abogacía del Estado señalando que se tiene que pronunciar sobre un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto".

La ministra de Defensa, magistrada de profesión, ha salido en nombre del Gobierno para defender a la Abogacía del Estado públicamente después de pronunciamientos como el del ex general Fulgencio Coll, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que en un artículo de opinión ha apostado por acusar al presidente del Gobierno en funciones de un delito de traición para que sea juzgado por el Tribunal Supremo.

El concejal de Vox, que fue jefe del Ejército de Tierra del 2008 al 2012, ha publicado un artículo en El Mundo de Baleares en el que arremete contra Sánchez por sus negociaciones con ERC y propone activar el artículo 102 de la Constitución. Ese precepto reserva al Congreso la facultad de acusar de «traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado» al jefe del Ejecutivo. La iniciativa debe partir como mínimo de una cuarta parte de la Cámara y ser aprobada por mayoría absoluta.

Además, Vox ha advertido de que las exigencias planteadas por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para facilitar la investidura de Pedro Sánchez incluyen la destitución como máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña del general Pedro Garrido, cuyo discurso con motivo de la última celebración de la patrona del Cuerpo -la Virgen del Pilar- irritó al independentismo.

«ERC aplica el Manual del perfecto extorsionador que le ha enseñado el PNV. ¿Está entre sus exigencias la cabeza del General de la Guardia Civil de Cataluña D. Pedro Garrido? Esa es la información que me llega y que espero que no se confirme. Temblará el Congreso», ha difundido en Twitter la diputada de Vox Macarena Olona, portavoz adjunta de esta formación.

Para completar su postura, Santiago Abascal ha avisado de que podría denunciar en los Tribunales a los miembros de la Abogacía del Estado por no someterse al interés general: "Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera", ha asegurado en Twitter.

"La Abogacía del Estado no es un instrumento del Gobierno" y debe "someterse al principio de legalidad y al interés general". "Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera", ha avisado el presidente de Vox.

Estas advertencias y la presión de PP y Ciudadanos, que han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique las presiones a la Abogacía, han generado ansiedad en Moncloa por conseguir la investidura lo antes posible. "Van a hacer todo lo posible por evitar que haya nuevo Gobierno", insisten en el PSOE, que por eso intenta apurar los plazos, aunque eso suponga habilitar la tarde de los Reyes Magos.

En el Gobierno son conscientes del desgaste que está generando para Pedro Sánchez y para el PSOE las cesiones a ERC a cambio de la investidura, por lo que apuestan por cerrar cuanto antes esta página centrada en las negociaciones con el independentismo y pasar a una "nueva pantalla" con la formación de un nuevo Ejecutivo y sus primeras medidas. No obstante, el protagonismo de asuntos jurídicos como la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a la resolución, alteran la firme voluntad del PSOE de cerrar el acuerdo cuanto antes.