Es una memoria histórica muy particular. Con lagunas, zonas oscuras y episodios ignorados. En Euskadi la escriben desde distintos frentes, algunos con más olvidos que otros, cada una con sus acentos y subrayados y con sus periodos y hechos silenciados o arrinconados. En Euskadi hace una década que se empezó a escribir a tres manos, desde tres visiones. Lo hacen las instituciones, lo hacen las víctimas y también los verdugos.

La memoria histórica en torno a las décadas de violencia padecida en el País Vasco tienen prismas singulares, pero ninguno como el que redacta desde hace una década la izquierda abertzale. El Gobierno vasco se mueve en una suerte de equilibrio “entre violencias” y entre todo tipo de víctimas, las de ETA, las de la ‘guerra sucia’ y la de la “violencia policial” generadora de tortura. Lo hace a través del Instituto Gogora que hace años que documenta los casos y episodios que llenaron de víctimas la sociedad vasca, desde la Guerra Civil hasta nuestros días.

El Ejecutivo central también trabaja en la redacción de su propia memoria. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo centro esta previsto que se inaugure el próximo año en Vitoria, acumula ya una larga trayectoria en documentar la violencia terrorista generada por ETA, por las distintas organizaciones de extrema derecha y por movimientos afines a la violencia de Estado. Más recientemente ha comenzado a incluir en su labor de investigación la incidencia del terrorismo de corte yihadista.

Las organizaciones de víctimas trabajan en la redacción de la memoria con distintos matices. Las hay que abarcan a todas las víctimas, las de ETA y las de la violencia generada por los numerosos grupos que durante años actuaron en el País Vasco (GAL, Triple A, Batallón Vasco español…). El caso más llamativo es el del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, que ha elaborado el ‘Mapa del Terror’, documentando todos los atentados cometidos por ETA y las organizaciones de ultraderecha, Grapo o similares, así como los episodios de exaltación de ETA.

De igual modo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también tiene entre sus 4.700 afiliados a víctimas del GRAPO, el FRAP, Terra Lliure, el yihadismo u otras organizaciones. Con ellas trabaja por la memoria de lo sucedido documentando los casos y sus testimonios, siendo las de ETA las más numerosas, 853 víctimas mortales. En muchos casos, el fenómeno de la tortura policial, o se minimiza o simplemente no está presente.

Ni rastro de ETA

En esta colección de relatos sobre la memoria, episodios como las torturas y los abusos policiales en ocasiones o se minimizan o se arrinconan. Hay quien también quien los convierte en el eje central de su relato, en protagonista casi exclusivo y único de lo ocurrido. Así es el planteamiento que hace la izquierda abertzale, centrando su documentación únicamente en ETA, sus militantes y el impacto que sobre ellos tuvo la actuación policial y de los grupos de violencia ilegal promovidos por el Estado. Así es la ‘memoria histórica’ a la que desde 2009 está dando forma la izquierda abertzale, basada en las denuncias de supuestas torturas sufridas por el entorno nacionalista, las muertes de miembros de ETA y los heridos afines a la izquierda abertzale convertidos en los únicos protagonistas de su particular relato de lo sucedido en Euskadi. En él no figuran ni amenazados por ETA, ni asesinados por la banda, ni extorsionados por la organización terrorista… Nada de eso tiene cabida.

La institución que con mayor dedicación está dando forma a ese relato ‘histórico’ abertzale es la Fundación Euskal Memoria, creada en noviembre de 2009, dos años antes de que ETA anunciara el cese de su actividad criminal. Entre sus objetivos señala la intención de “recuperar y reconstruir nuestra memoria histórica” y crear un centro de documentación que recabe datos de lo ocurrido. Se fija como reto poder contrarrestar así la “falsificación” de la historia que se ha hecho a través de la “opresión y la negación” del Pueblo vasco.

Acusa de ello a los medios de comunicación, al sistema educativo, a los discursos institucionales y “a la doctrina antiterrorista” que acumula décadas “imponiendo”, señala, “una versión adulterada de lo que somos”.

Entre los fundadores de la fundación figuran nombres muy significativos, como el que fuera dirigente de ETA a finales de los 70 y comienzos de los 80, José Manuel Pagoaga, alias ‘Peixoto’, o el otrora portavoz de HB, Floren Aoiz, la histórica miembro de la izquierda abertzale, Itziar Aizpurua, o el sindicalista y exsacerdote -ya fallecido- Periko Solabarrieta, fundador de HB.

Financiación pública

La Fundación Euskal Memoria ha recibido financiación pública para la elaboración de su particular ‘memoria histórica’, tanto del Gobierno de Navarra, en tiempos de Uxue Barkos, como de la Diputación de Guipúzcoa o del Ayuntamiento de San Sebastián, ambas en manos del PNV y el PSE, entre otras. Recursos con los que elabora no sólo monográficos dedicados a los casos de ‘torturas policiales’, los ‘exiliados’, los “presos políticos, etc, sino también otro tipo de investigaciones.

Una de las herramientas esenciales de la Fundación es la conformación de un centro de documentación para acreditar los casos que considera que explican la historia reciente, desde 1939 hasta la actualidad. En ese periodo se hace una division del periodo que abarca entre 1960 y la actualidad. En él se asegura que se incluye un listado de “las personas muertas” a “consecuencia del conflicto y la represión”.

En este archivo sobre lo ocurrido en las seis últimas décadas se incluyen nombres y episodios de 500 muertes por “tiroteos, explosiones, accidentes y controles de carretera de la policía” siempre referidos a personas afines al entorno abertzale. En la larga lista no se incluyen los 853 muertos provocados por ETA, y sólo las muertes en que se vieron implicados miembros de la banda, como los asesinatos a cargo de grupos como los GAL o la Triple A o la muerte en extrañas circunstancias o mientras preparaban un atentado de miembros de ETA.

En el listado también se detallan hasta 5.656 casos de supuestas torturas que habrían ocurrido desde 1960. Sólo respecto a los últimos diez años, Euskal Memoria elabora un listado con hasta 150 supuestos casos provocados por la policía española, la Guardia Civil o la Ertzaintza. Cada uno de ellos incluye una ficha con la fecha en la que se habría producido, la víctima, el cuerpo policial autor de los mismos y si el caso ha sido denunciado o no.

Víctima y asesino

Uno de los casos más polémicos en torno a la labor de esta fundación se produjo en la localidad navarra de Etxarri Aranatz, donde elaboró un ‘mapa del sufrimiento’ de la localidad. En él se abarcaba lo ocurrido desde 1936 en el municipio, controlado tradicionalmente por la izquierda abertzale. El proyecto, que contó con financiación del Ejecutivo de Navarra, situaba como víctima tanto a quien fuera alcalde del municipio, Jesús Ulayar, asesinado por ETA el 27 de enero de 1979, como a uno de los integrantes del comando que lo asesinó, Vicente Nazabal.

Nazabal cumplió 26 años de prisión y a su salida fue declarado hijo adoptivo del pueblo y fue el encargado del lanzamiento del chupín de fiestas en 1996. En el mismo nivel se situaban los asesinados por ETA, los denunciantes de torturas, -como fue el caso de Narzabal-, y quienes habría sufrido algún tipo de daño por acción de las fuerzas policiales. El relato que la izquierda abertzale está elaborando a través de esta fundación pasa también por una labor de divulgación con la que aspira a contraponer las iniciativas institucionales.

En sus libros y revistas no cabe cuestionamiento a ETA, ni siquiera referencias a sus víctimas. Para la Euskal Memoria Fundazioa los protagonistas y víctimas de lo sucedido son los miembros de ETA, sus familias y sus simpatizantes, a los que presenta como los damnificados de décadas de “opresión”.

Para este próximo año 2020, la Fundación anuncia que dará pasos en la elaboración de un nuevo libro dedicado en esta ocasión a los “encarcelados por motivos políticos”. Según sus informaciones, desde 1960 en España han sido encarceladas 7.500 personas por cuestión de carácter político.

Este año publicó “Prisión para la disidencia”, en el que analiza la situación de los “presos políticos” durante el periodo 1978 hasta 2011. Antes, vieron la luz publicaciones dedicadas al “exilio” de los simpatizantes abertzales o miembros vinculados a ETA, dedicado a “las torturas en Euskal Herria” o al “terrorismo de Estado”.