Retorcer la ley es mucho más difícil de lo que piensa Pedro Sánchez

Pedro Sánchez suspendió este viernes la tradicional rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno hace balance del año que está a punto de concluir. Hasta ese punto queda limitada su capacidad de actuación por la negociación que mantiene con ERC.

Sánchez no puede contestar a lo fundamental: ¿por qué le ha sido imposible cumplir su deseo de ser investido antes de que concluya 2019?

La respuesta a esa pregunta no es sencilla. Cuando ERC condicionó su postura respecto a la investidura al escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, lo hizo porque el Gobierno confiaba en que esta institución sería fácil de doblegar. Visto que la Fiscalía se mostraba insumisa a sus deseos, el escrito de la Abogacía podía suponer, ante los independentistas, una prueba irrefutable de la voluntad negociadora de Moncloa. ¡Para que luego Carmen Calvo presuma de que este Gobierno separa la Justicia de la política!

El caso es que la Abogacía del Estado no está siendo tan dócil como Sánchez esperaba. Ni la fuerza conjunta de la vicepresidenta y la ministra de Justicia, Dolores Delgado (de la que depende orgánicamente), han logrado modificar el criterio a unas funcionarias que se han negado a justificar jurídicamente lo injustificable. A saber, defender la puesta en libertad de Junqueras, como pretende ERC.

La cuadratura del círculo no es fácil, por mucho que uno se empeñe. El derecho es interpretable, por supuesto, pero no hasta el punto de transformar el agua en vino, cosa que queda reservada a seres sobrenaturales.

El pulso mantenido por Rosa María Seoane con su jefa, la Abogada General del Estado Consuelo Castro, está siendo muy tenso, según las fuentes jurídicas consultadas. Seoane es una buena jurista, sus argumentos en el escrito de conclusiones en el juicio del procés fueron tenidos muy en cuenta por el Tribunal que, rechazando la opinión de la Fiscalía, condenó por sedición y no por rebelión a los procesados. Pero a Seoane no sólo le preocupa que al pasar por el aro que desea el Gobierno quede tocado su prestigio como jurista, sino el desdoro que para el cuerpo supondría asumir unas tesis insostenibles desde el punto de vista jurídico.

La abogada del Estado que intervino en el juicio del procés se niega a firmar un escrito que no comparte. Con toda seguridad será su jefa, Consuelo Castro, quien asuma la responsabilidad de satisfacer los deseos de ERC

Así las cosas, se da por hecho que el escrito de la Abogacía del Estado, que podría conocerse el próximo 2 de enero, no irá firmado por las dos abogadas del Estado que intervinieron en el juicio oral (Seoane y Elena Sánchez), sino por la Abogada General, aunque las fuentes consultadas insisten en que las presiones sobre Seoane se han intensificado en las últimas horas porque para el Gobierno sería muy duro admitir que las personas que mejor conocen la causa no hayan querido poner su rúbrica debajo del escrito de alegaciones ante la Sala.

Es difícil determinar cómo se dará gusto a Junqueras, aunque una vía posible sería la de que la Abogacía avalara los motivos para su excarcelación, acogiéndose, por ejemplo, a los beneficios penitenciarios que contempla el artículo 100.2.

Lo que sí parece claro es que el escrito de la Abogacía del Estado no va a modificar el criterio del Tribunal Supremo. Esto es, que Junqueras está condenado en firme y debe cumplir su pena de prisión, independientemente de que pueda recoger su acta de eurodiputado. En ningún caso el Supremo va a entrar en cuestiones que tienen que ver con el régimen penitenciario del condenado.

Por tanto, el escrito de la Abogacía del Estado no serviría para que Junqueras salga en libertad, como pretende su defensa, pero sí para dar pábulo a las tesis independentistas, según las cuales la sentencia fue un exceso de la Sala Segunda del Supremo, cuyo presidente, Manuel Marchena, sigue anclado en el franquismo.

El Supremo tiene fijado pleno de deliberación sobre el caso para el próximo 9 de enero, aunque Marchena ya ha mantenido contactos con el resto de miembros de la Sala y tiene muy claro su criterio al respecto. Si no se hiciera pública la resolución ese mismo día, la comunicación tendría lugar el 12 de enero a más tardar. Seguramente no será del agrado de Junqueras, sino todo lo contrario.

El Supremo decidirá sobre la sentencia del TJUE en un pleno que se celebrará el próximo 9 de enero, y mantendrá el criterio de que Junqueras debe seguir en prisión

Ello no será óbice para que la Generalitat -que gestiona las prisiones en Cataluña- le dé el mejor tratamiento posible al líder de ERC, al que veremos en régimen de semilibertad antes de la próxima primavera.

Ese, sin embargo, no será el mayor atropello a la Justicia derivado de la negociación política entre el Gobierno y los independentistas. Lo peor es el daño que se le ha hecho al Tribunal Supremo.

¿Cómo sostener la pertinencia de una condena de 13 años a un preso por delitos como la sedición y la malversación y, al mismo tiempo, tener a ese mismo preso como interlocutor político en una mesa de negociación para que su partido dé apoyo al gobierno?

Esa pregunta - que es lógico que se hagan los tribunales y los líderes políticos de toda Europa- sólo tiene dos respuestas: o la sentencia fue injusta y, por tanto, debería ser declarada nula; o bien, el Gobierno, en función de su exclusiva conveniencia, la ha convertido en papel mojado.

Decía el viernes Gonzalo Boye (abogado de Carles Puigdemont) en un artículo publicado en elnacional.cat que "el año no podía acabar mejor". Y argumentaba el éxito conseguido para su cliente con una reflexión política: "Trasladar el campo de batalla al terreno más favorable que, como se ha demostrado, no se encuentra en las fronteras del Estado".

Boye ha demostrado tener un gran olfato político, pero el que le ha proporcionado su mejor baza no ha sido el TJUE, sino el Gobierno de España, que se ha prestado a una operación que tiene como primera consecuencia la puesta en cuestión de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo que no esperaba nadie. Ni el TJUE, ni Puigdemont, ni Junqueras, ni probablemente el mismísimo Boye.