La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, confirmaba este viernes que Pedro Sánchez incumplirá una nueva promesa electoral: la revalorización de las pensiones al 0,9% antes de que finalizase el año 2019. El Ejecutivo condiciona ahora esa subida a que haya investidura, trasladando así toda la presión social a ERC, aunque estar en funciones no le impida tomar esa decisión. Sin embargo, la jugada se le ha vuelto en contra a Sánchez, que está afrontando críticas desde todos los ámbitos del tablero político.

"Es un chantaje inadmisible", ha dicho este sábado Coalición Canaria, dos de los votos que Sánchez necesita para sacar adelante la investidura. "No existe ningún impedimento legal para no cumplir con los compromisos adquiridos previamente con los pensionistas", denuncia el partido canario, que acusa a Sánchez de "jugar al electoralismo, anunciando medidas en mitad de las elecciones, comprometiendo las expectativas de ingresos de los pensionistas para luego negarse a aplicarlas".

Las críticas le llegan a Sánchez también desde Más País y desde su líder, Iñigo Errejón, socio natural del PSOE y uno de los partidos que comprometió su apoyo a la investidura del socialista prácticamente sin condiciones.

"Tiene que formarse un Gobierno. Pero mientras tanto no debería haber excusas para postergar los compromisos adquiridos con los pensionistas y con las familias trabajadoras. Empecemos con buen pie esta nueva etapa", ha escrito el dirigente de Más País enlazando a una noticia sobre la congelación de las pensiones anunciada por el Ejecutivo tras el último Consejo de Ministros.

Moncloa se defiende

El Gobierno, por su parte, ha tenido que salir este sábado a defender su postura y asegurar que los pensionistas "pueden estar tranquilos" porque las pensiones se revalorizarán con efecto retroactivo al 1 de enero en el momento en que se conforme un nuevo Gobierno. No explica, sin embargo, qué sucederá en caso de que Sánchez no logre unos apoyos que hasta el momento no son seguros.

Además, Moncloa incide en una nota distribuida a la prensa en que mantiene la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada en su día por el Gobierno del PP, porque ha sido cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios y porque exigiría duplicar los procesos una vez que se aplicara la subida del 0,65% restante.

La decisión del Gobierno también ha cargado de munición a Partido Popular y Ciudadanos, que por medio de Inés Arrimadas sigue presionando por una opción B para la investidura que involucre a los 221 diputados de estos tres partidos.

Por parte de Ciudadanos, ha sido el diputado autonómico de Ciudadanos Nacho Martín Blanco quien ha reprochado este sábado al presidente del Gobierno en funciones su "enorme irresponsabilidad" por "supeditar" la revalorización de las pensiones a las negociaciones con ERC para su investidura.

Ayer, tras el Consejo de Ministros, fue el propio Pablo Casado el responsable de hacerlo por parte del PP. "Mientras Sánchez intenta comprar su investidura con delincuentes y negocia lo que es totalmente inaceptable, la economía sigue como está y las pensiones no se van a revalorizar", advirtió el dirigente popular.