El juez que investiga el caso Villar ha citado a declarar como imputado por un delito de estafa al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), Antonio Suárez Santana, que el pasado mes de marzo relevó a otro directivo -Andreu Subies- investigado en la misma causa.

En una providencia fechada el pasado 23 de diciembre, cuyo contenido ha adelantado este domingo El Mundo y ha confirmado El Independiente en fuentes del caso, el magistrado Santiago Pedraz acuerda nuevas imputaciones dentro de las pesquisas con las que trata de determinar si se desviaron fondos de las federaciones catalana y de Las Palmas.

Junto a Suárez Santana, que tendrá que comparecer con abogado el próximo 21 de enero, el instructor también ha llamado al procedimiento en calidad de imputado a Juan Carlos N.S., secretario general de la FIFLP.

La imputación del dirigente canario se produce después de que lo solicitara LaLiga, que ejerce la acusación particular en esta causa. Esta parte mantiene que la Federación de Las Palmas desvió parte de una subvención que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le concedió en 2011.

La FIFLP firmó el 21 de junio de 2011 con el Colegio Heidelberg de Gran Canaria para acometer las obras de sustitución del césped sintético del campo de fútbol que esta entidad educativa tiene en sus instalaciones de Barranco Seco.

Firmado por Suárez Santana, el documento detallaba en su estipulación tercera que el Colegio Heidelberg contribuiría a financiar los trabajos con una aportación de 96.000 euros, cantidad librada el 17 de noviembre de 2011 mediante un cheque a favor de la FIFLP. Así consta en las actuaciones que dirige el juez Pedraz.

Antonio Suárez Santana, presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas, tendrá que declarar el 21 de enero acusado de estafa

La contribución privada sí se precisa en el convenio aportado a las actuaciones judiciales tanto por el Colegio Heidelberg como por la FIFLP. No así en los informes requeridos por el juez Pedraz tanto al CSD como a la RFEF por el instructor, lo que ha llevado a LaLiga a deducir que la federación presidida por Antonio Suárez trató de ocultarles que el 41 % del montante procedía de fondos privados.

LaLiga ha aportado otra evidencia con la que ha tratado de acreditar que Suárez Santana no destinó toda la ayuda recibida de la RFEF con cargo al 1 % de las quinielas a esta actuación: las cuentas anuales del Colegio Heidelberg correspondientes a 2013, cuya memoria incluye una nota en la que se deja constancia de la aportación que "por importe de 136.558 euros" había recibido de la Federación Interinsular durante el ejercicio 2011/2012 para la renovación del césped artificial.

Aportación privada

La patronal no tiene dudas de que Antonio Suárez tenía «conocimiento» de las diferentes versiones del convenio firmado entre el Colegio Heidelberg y la FIFLP. Si bien en la copia que consta en los expedientes aportados por el CSD y la RFEF no se mencionaba la aportación de los 96.000 euros, sí se incluía el contrato suscrito con la empresa que realizó los trabajos (Intecons SA). Ese documento estaba firmado por Suárez Santana.

En la misma providencia del pasado 23 de diciembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional también cita a declarar como imputada a Clara F.L. esposa del ex presidente de la Federación Catalana de Fútbol y ex vicepresidente de la RFEF Andreu Subies.

El magistrado investiga en esta rama si un constructor -José Contreras, ya imputado- pagó la reforma de una vivienda y del local en el que se encuentra el restaurante de la esposa de Subies a cambio de resultar beneficiado por las adjudicaciones de obras de la Federación Catalana de Fútbol. Esos trabajos de rehabilitación tuvieron un coste de 1,13 millones de euros, según ha detallado en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Quién pagó las obras de Subies

Los investigadores llegan a esa conclusión al no existir datos bancarios ni tributarios que acrediten que Subies o su entorno familiar pagasen a José Contreras ambas reformas: una vivienda en Cambrils (Tarragona) y el local del restaurante regentado por su cónyuge. En su declaración judicial, el ex presidente de la FCF no ofreció detalle alguno sobre el abono de dichos trabajos, lo que terminó de reforzar las sospechas de los agentes.

Las pesquisas han permitido conocer que la Federación Catalana de Fútbol encargó obras por un montante superior a los 7,55 millones de euros a varias empresas controladas por José Contreras Arjona, que fue directivo de dicha federación desde el 28 de febrero de 2012 al 12 de noviembre de 2014.

El análisis de la documentación intervenida en los registros ha permitido a los investigadores policiales constatar que tres empresas vinculadas al directivo -concretamente Tastavins SL, Radamanto SL y Trejan 2015 SL, en las que figuraba como administrador, apoderado o socio- se adjudicó 11 obras que la FCF contrató en el periodo 2012-2018 por importe de 9.936.144,87 euros, pese a la norma que prohíbe a los directivos facturar a través de sus empresas a las federaciones deportivas a las que pertenecen.

La UCO sostiene que el constructor beneficiado por la adjudicación de obras de la Federación Catalana pagó la reforma de la casa del ex presidente Subies

De esos trabajos, siete comenzaron cuando José Contreras formaba parte de la junta de la federación, facturando por ellos 7.559.776 euros. Se trata, en concreto, de la reforma de las sedes central (4.832.422,14 euros), Cornellá (421.639,39), Manresa (57.563,84), Tarragona (607.490,51), Girona (6.398,74), el local Magatzem de Barcelona (278.123,95) y la delegación de la Mutualidad de Futbolistas de la Federación de Fútbol (Mupresfe): 1.356.138,41 euros.

El análisis de las facturas y los presupuestos ha permitido acreditar que las 11 obras fueron subcontratadas por Contreras a otras empresas, especialmente a Gesejob SL. El negocio era redondo: el directivo de la FCF facturó casi diez millones de euros, pero sólo constan pagos a las empresas que finalmente ejecutaron los trabajos por cuatro millones. "La subcontratación de obra -expone la UCO- habría supuesto para el círculo empresarial de José Contreras un beneficio estimado de unos seis millones de euros", sostienen los investigadores.

Ahora, el juez ha citado a declarar nuevamente a Contreras y a representantes de casi una veintena de empresas a las que dicho constructor subcontrató los trabajos para que presten declaración en calidad de testigos.