El 9 de octubre, un mes antes de la repetición electoral del 10 de noviembre, Pedro Sánchez acudió al plató de Ana Rosa Quintana con una propuesta debajo del brazo: un 'plan antibloqueo' para formar un nuevo Gobierno en el mes de diciembre. Con ese objetivo, el entonces candidato socialista prometía llamar a todas las fuerzas políticas tras los comicios, suspender las vacaciones parlamentarias y que los meses de diciembre y enero fueran hábiles en las Cortes con el objetivo de conformar un Ejecutivo que pudiera presentar un techo de gasto «a principios de enero», como paso previo para contar con unos nuevos Presupuestos aprobados «cuanto antes».

A 29 de diciembre, nada de eso se ha ejecutado. Y no son sus únicas promesas incumplidas. Dos días antes de su 'plan antibloqueo', Sánchez daba otro golpe de efecto. Durante la presentación del programa electoral del PSOE en Madrid, el presidente en funciones se comprometió a actualizar las pensiones según el IPC real en el mes de diciembre. Esta medida sería un primer paso para «reconstruir el Pacto de Toledo», según figuraba en el documento ‘Ahora, Gobierno. Ahora, España’, que recogía 35 compromisos concretos como programa electoral.

Sánchez prometía actualizar en diciembre las pensiones del ejercicio 2020 según el IPC y a seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio a final de esta próxima legislatura (unos 1.200 euros), así como a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

En el último Consejo de Ministros del año, celebrado el viernes, se certificó el incumplimiento también de esta promesa. El Ejecutivo en funciones aprobó la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes en el año 2019 (las cuentas públicas de 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy), que ascienden a 277.933 millones de euros.

El Consejo de Ministros no pudo aprobar la revalorización de las pensiones del 0,9% ni la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) comprometidas, que quedan pendientes hasta que se constituya el nuevo Gobierno, que pretende aplicarlas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la ministra portavoz, Isabel Celaá, descartó que el Gobierno vaya adoptar ninguna de esas dos medidas estando en funciones.

El Ejecutivo sí que dio luz verde a un decreto ley con medidas en materia de Seguridad Social que incluye la suspensión de la aplicación de la subida mínima del 0,25% establecida por el Gobierno del PP en la reforma de las pensiones de 2013, que también queda congelada. Celáa explicó que es mejor aplicar "en cuanto sea posible" la revalorización del 0,9% de una vez, ya que subir ahora un 0,25% y posteriormente un 0,65% duplicaría el coste en la comunicación a los pensionistas y malgastaría recursos en la logística para liquidar las dos subidas.

En el caso del SMI, la ministra portavoz aclaró que la cuantía de la subida aún está pendiente de negociación y que, entre tanto, se aprobaba la prórroga del real decreto por el que se fijó en 900 euros brutos mensuales para 2019.

Tradicionalmente, el alza del SMI se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año previa consulta con patronal y sindicatos, si bien el año pasado el incremento del 22,3% fue fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para los fallidos presupuestos de 2019.

En una rueda de prensa cargada de tensión, Isabel Celáa tuvo que dar explicaciones de todos esos incumplimientos. Nada de lo prometido por Sánchez en campaña, empezando por su negativa a pactar con Podemos y con los separatistas catalanes, se ha convertido en realidad casi dos meses después de las elecciones.

Esa frustración está generando importantes tensiones en el PSOE, que revive con angustia la situación de 2015 y 2016, cuando los barones territoriales, comandados por Susana Díaz y respaldados por figuras históricas del partido como Felipe González, Alfonso Guerra o Alfredo Pérez Rubalcaba, dieron un golpe interno que se saldó con la defenestración de Pedro Sánchez para evitar el 'Gobierno Frankenstein' que ahora está en ciernes.

El líder del PSOE, que se ha blindado con una modificación de los estatutos del partido, ha intentado tranquilizar a los barones con llamadas telefónicas en las que les asegura que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña se enmarcará dentro de la Constitución. Algunos como Susana Díaz, dependiente del 'dedo' de Sánchez para seguir al frente del PSOE andaluz, le han comprado el argumento, pero otros como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón) han mostrado sus recelos y han advertido de que estarán vigilantes para evitar cualquier perjuicio al orden constitucional y a sus comunidades autónomas en virtud del pacto con los separatistas.

La negociación con ERC y las constantes advertencias de sus efectos por parte del PP, Cs y Vox están generando inquietud en el electorado socialista y entre sus bases. Pedro Sánchez, el Gobierno en funciones y los dirigentes del PSOE han eliminado la palabra 'Constitución' de su discurso, a petición de los separatistas, para hablar ahora del marco jurídico y del estado social y democrático de derecho. Esas concesiones discursivas se suman a las presiones a la Abogacía del Estado para que su informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo sea un "gesto" que contribuya a la investidura. Nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en las cesiones para contentar a ERC, que reclama que el Estado pida la excarcelación del condenado por sedición y malversación por la consulta ilegal del 1 de octubre. Si esa cesión se consuma, Vox ya ha anunciado que llevará a los tribunales a la Abogacía del Estado por plegarse al interés partidista de Sánchez en vez de defender el interés del Estado.

En ese contexto de incertidumbre, investidura encallada, independentistas crecidos y malestar social, Sánchez ha optado por guardar silencio. El presidente ha cancelado la tradicional rueda de prensa de fin de año y los dirigentes socialistas mantienen un absoluto secretismo sobre el estado de las negociaciones con Podemos y con Esquerra para formar Gobierno. Sánchez se vuelve a asomar al abismo que le llevó en 2016 al paro, pero esta vez desde la plataforma privilegiada de la Moncloa. Según aseguró el viernes Isabel Celáa, "no hay plan B", por lo que Moncloa no contempla un acuerdo con PP y Ciudadanos que evite unas terceras elecciones si el Gobierno no está en condiciones de satisfacer las demandas de ERC para que facilite la investidura. Así comienza el año Pedro Sánchez, una vez más asomado al precipicio.