La jornada maratoniana del pasado 30 de diciembre sirvió a Pedro Sánchez para enfilar su investidura. Al acuerdo para atar en corto los seis votos del PNV -previa rúbrica de un documento en que el Ejecutivo socialista se comprometía a acometer importantes cesiones al País Vasco, como el traspaso de aeropuertos, cárceles o decisiones de calado que afectan a Navarra- le siguió la presentación del programa de Gobierno de coalición, el primero de la democracia española, con Unidas Podemos.

La cascada de acontecimientos los precipitó el escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, publicada a primera hora de la mañana, que fue entendido como el "gesto" que pedía ERC en las múltiples sesiones negociadoras mantenidas con los socialistas, escrito que garantizaría, a priori, la abstención de los republicanos: la Abogacía cedía a la presión del Gobierno e informaba al Tribunal Supremo de que el ex vicepresidente de la Generalitat, condenado por sedición y malversación como líder del procés, debe salir de prisión para acudir a las sesiones del Parlamento Europeo en base a lo dictado por el TJUE, que reconocía la inmunidad parlamentaria del dirigente catalán, aún a sabiendas que no es vinculante.

Aún a falta de confirmación oficial y con la mayoría de cabos atados, Sánchez ha decidido pisar el acelerador y no demorar la investidura más allá de Reyes. El pleno comenzará el sábado 4, con la lectura de la propuesta de candidato entregada por el Rey a Meritxell Batet, a lo que continuará el turno del candidato -sin límite de tiempo- y seguido, finalmente, con la réplica de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de mayor a menor representación. La primera votación -para la que Sánchez necesita mayoría absoluta- tendrá lugar el día 5, víspera de Reyes, que, salvo sorpresa mayúscula, fracasará.

Si se cumplen todos los cálculos, España dejará de tener un Gobierno en funciones, tras un largo período de casi un año de bloqueo, el próximo martes 7 de enero. Pedro Sánchez será investido por mayoría simple -más síes que noes-, pero contará con la confianza justa de la Cámara. Sólo un par de votos -a lo sumo, a expensas de la dirección que decidan los partidos regionalistas- garantizarán el éxito de un Ejecutivo con el concurso de Unidas Podemos, PNV, Más País, ERC y Bildu.

El 'sí' lo pronunciarán los 120 diputados del PSOE, siempre y cuando ninguno de ellos rompa la dinámica de voto, estrategia que intentará "hasta el último minuto" Inés Arrimadas, quien ya ha anunciado una ronda de contactos con los barones socialistas -con los que se han manifestado en contra de la deriva soberanista, es decir, los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Aragón, Javier Lambán; y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara- para intentar "frenar" a Sánchez. Como es lógico, también se manifestarán a favor los 35 morados después de que los socialistas aceptasen un Gobierno de coalición con Podemos, condición que negaron durante meses y que precipitó la vuelta a las urnas el 10-N

A esos 155 votos se sumarán los dos síes de Más País, que confirmó el propio Íñigo Errejón hace dos días tras una reunión con Adriana Lastra y Rafael Simancas, y el voto positivo de Joan Baldoví (Compromís), que concurrió con la marca del ex dirigente de Podemos a las generales. El apoyo del valenciano lo ha cerrado Sánchez este mismo jueves, y no sin condiciones: el Gobierno promete que la reforma de financiación autonómica sea "justa y constitucional" para los valencianos, así como impulsar estructuras hídricas en la Albufera y Alicante o ampliar el puerto de Valencia. A todos ellos hay que sumar los seis diputados del PNV y los diputados de Nueva Canarias y Teruel Existe, que ratificaron a última hora del jueves su apoyo a Sánchez.

En total, el PSOE sacará adelante la investidura con 166 votos a favor, que triunfarán siempre y cuando ERC (13) y EH Bildu (5) cumplan con su palabra y se abstengan en segunda votación. O dicho de otra manera: Sánchez será presidente del Gobierno gracias a los votos de los del ex dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi y de los independentistas catalanes, cuya máxima es la amnistía de los presos del procés y arrancar al Gobierno un referéndum de autodeterminación. El voto en contra de, por ejemplo, los diputados de Bildu implicaría una investidura fallida.

Bildu celebra este jueves y viernes una consulta a sus bases para rubricar su intención de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. El propio Otegi ha animado a hacerlo, al considerar que con el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos se abre una oportunidad "histórica" para lograr la independencia de Cataluña, así como para exigir una "mesa de diálogo sobre el derecho nacional vasco".

Por su parte, Esquerra ha decidido en su Consell avalar también la investidura, un supuesto que se da por descontado después de que la Abogacía del Estado transigiese con los postulados independentistas, defendiendo la libertad de Oriol Junqueras en base a la inmunidad parlamentaria dictada por el TJUE, y que el Ejecutivo hiciese cesiones al soberanismo catalán, como aceptar un referéndum en Cataluña sobre los acuerdos a los que llegue con ERC o abrir una mesa bilateral con los soberanistas en la que debatir en libertad de contenidos, incluido, por tanto, el referéndum de autodeterminación.

Sin embargo, su Consell Nacional se celebró en un contexto de máxima tensión por la ruptura en la unidad de acción entre ERC y JxCat. Estos últimos no se moverán del 'no', al considerar el gesto de la Abogacía como "insuficiente" para investir a Pedro Sánchez. Quim Torra se reunía este jueves con el coordinador nacional de los republicanos, Pere Aragonès, al que advertía que "no se puede negociar nada al margen del Govern" y exigía "una votación clara sobre la independencia" antes de brindar sus votos al candidato socialista.

El temor a que aumenten la presiones en el seno independentista explica, en parte, las prisas en Ferraz, que han desembocado en la celebración de un pleno en fin de semana y en vísperas de festivo. La ratificación de la abstención de ERC ha sido el último de los pasos a seguir para que Pedro Sánchez sea reelegido presidente del Gobierno de España en un contexto excepcional.

El 'no' in extremis de Revilla

A menos de 24 horas de que comience el pleno de investidura, aún se desconoce cuál será la dinámica de voto que seguirán algunos partidos regionalistas que han irrumpido este año en el Congreso de los Diputados.

Aunque sus intenciones se movían entre el 'sí' y la abstención, la sorpresa la dio a última hora de la noche del jueves el PRC de Miguel Ángel Revilla, que decidió cambiar su voto al 'no' tras hacerse público el acuerdo al que había llegado Sánchez con ERC, poniendo así en riesgo la investidura a la espera de la decisión de Ana Oramas (CC), el BNG y Tomás Guitarte (Teruel Existe) que ya ratificó su sí al candidato. Los 'noes', por tanto, ascienden a 164. Si Oramas dijese también 'no' a Sánchez y Guitarte optase por la abstención, la investidura quedaría en un empate a 165 votos a ambos lados.

164 diputados en contra de la "traición" a España

Tampoco habrá sorpresas en el bando del 'no'. A los 89 de Pablo Casado se sumarán los 10 del menguado grupo parlamentario de Ciudadanos, los dos de Navarra Suma y los 52 de Vox, que tachan directamente de "golpe de Estado" la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el próximo martes.

Las derechas han dado ya rienda suelta a la tónica que seguirán durante la inminente legislatura: la del hostigamiento sin tregua a un Gobierno que consideran pésimo para el futuro de España. Antes incluso de contar con el aval de ERC, PP, Ciudadanos y Vox ya han amenazado con llevar a los tribunales las fórmulas de acatamiento de los socios de Sánchez o las presiones del Gobierno a la Abogacía del Estado.

Casado, Arrimadas y Abascal contarán con un apoyo externo, sin que sirva de precedente, para tratar de frenar la "traición" de Sánchez: los 10 de la bancada independentista -ocho de JxCat y dos de la CUP- que capitanean las críticas a ERC al considerar que el 'sí' a Sánchez es una posición errónea, pues aún no ha puesto encima de la mesa "la autodeterminación, la amnistía para las personas represaliadas y los derechos sociales", justifica la formación radical en un comunicado hecho público justo antes del Consell de ERC.