El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos declarará el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo día de reconocimiento a las víctimas del exilio y tratará de recuperar "lo antes posible" el pazo de Meirás para el patrimonio público.

Así lo ha anunciado este sábado el candidato a la Presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en la primera jornada del debate de investidura en la que las medidas relacionadas con la memoria histórica se han llevado los mayores aplausos.

Sánchez ha destacado su intención de proseguir el "camino de reparación" iniciado con el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio.

Ha incidido en que este hecho "simbólico" abrió "una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles".

"Aunque hubo personas que se sintieron molestas, esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos", ha afirmado.

En su opinión, eso distingue a los demócratas de quienes no lo son y, por eso, ha dicho que mantendrán esa "misma filosofía".

Así, ha anunciado su intención de desarrollar nuevas actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, como auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación del Pazo de Meirás.

El Gobierno declarará además el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el 8 de mayo de reconocimiento a las víctimas del exilio, acciones que ya se incluyeron en la propuesta que el PSOE hizo a Unidas Podemos para pactar el gobierno de coalición.

Junto a ellas, el nuevo gobierno impulsará las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retirará la simbología franquista de los lugares públicos y anulará las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.