"No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista elegido por los españoles". Con esta frase ha iniciado este sábado su discurso de investidura el candidato socialista, Pedro Sánchez, que se ha visto arropado por una fuerte ovación de los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, su socio de gobierno.

Sánchez comenzaba así su intervención después de que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, reclamara sin éxito que se informara a la Cámara del acuerdo cerrado con los independentistas de ERC sobre la investidura por su "pertinencia" respecto al debate. La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, se ha negado.

El presidente en funciones ha alegado a los resultados electorales y se ha envuelto en los 140 años de historia del PSOE para reforzar la legitimidad y fiabilidad de su apuesta por gobernar con populistas y separatistas. "El PSOE, como dicen sus siglas, es un partido español, formado por compatriotas", ha defendido entre quejidos de la oposición. "El respeto a la pluralidad es también un mecanismo esencial de la democracia", se ha justificado.

En la defensa de su proyecto de Gobierno junto a Podemos, el candidato ha asumido plenamente el discurso del partido de Pablo Iglesias, defendiendo el "patriotismo de lo social", frente al discurso de salvaguarda de la soberanía española de la oposición, y ha llegado a asegurar que "el dinero no está mejor en el bolsillo" de los ciudadanos, sino en las bibliotecas, los colegios, los hospitales y hasta en las vías de tren "que nos comunican". "Quienes invocan a cada minuto el patriotismo deberían pensar en lo público", ha instado.

Cataluña

El presidente en funciones ha dedicado la segunda parte de su discurso a defender su cambio radical de postura sobre el desafío independentista catalán. "Propongo recomenzar, retomar el diálogo en el punto en el que los agravios empezaron a acumularse, retomar la senda de la política dejando atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en la ciudadanía catalana y española. Porque es nuestra obligación y nuestro deber; nuestros hijos y nietos merecen vivir en un país unido en su diversidad, no fracturado y enfrentado", ha defendido.

La fórmula será una mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán, según ha anunciado al final de su discurso Sánchez, asumiendo la principal condición del separatismo para facilitar su investidura. Igualmente, ha prometido continuar con la transferencia de competencias al País Vasco y a la renovación de su estatuto de autonomía.

"El Gobierno abordará el conflicto político en Cataluña impulsando mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Insisto, siempre dentro del marco constitucional", ha puntualizado.

"No hay otra forma de resolver este contencioso que un diálogo dentro de la ley. La ley por sí sola tampoco basta, la ley es la condición y el diálogo el camino, amparado por seguridad que otorga nuestro marco legal", ha asegurado, asumiendo plenamente la retórica independentista impuesta por Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de su apoyo a la investidura.

Siguiendo el guión dictado por el independentismo, el líder del PSOE ha explicado que exite un "sector amplio de la población catalana" que tiene un "sentimiento de agravio" por parte de las instituciones españolas, en las que no se siente "reconocida". Este "conflicto de naturaleza política" es, cómo no, una "crisis heredada del PP", a la que se suman las "debilidades y el desgaste acumulado de nuestro sistema autonómico", en palabras de Sánchez.

Según el presidente, además del sentimiento independentista, "existe otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado o tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos. Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor fundamento racional, pero son innegables".

En esta situación, según el candidato socialista, "hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto amparado por nuestra Constitución". "Llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas que tienen que ver con la vertebración de nuestro modelo de convivencia. Llevamos demasiado tiempo acumulando agravios. Demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso", ha defendido.

Franco y la Iglesia

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos declarará el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del Franquismo y el 8 de mayo día de reconocimiento a las víctimas del exilio y tratará de recuperar "lo antes posible" el pazo de Meirás para el patrimonio público.

Así lo ha anunciado Sánchez, que ha apostado por seguir el "camino de reparación" iniciado con el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio.

Ha incidido en que este hecho "simbólico" abrió "una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles". "Aunque hubo personas que se sintieron molestas, esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos", ha afirmado.

Así, ha anunciado su intención de desarrollar nuevas actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, como auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación del Pazo de Meirás.

El Gobierno declarará además el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el 8 de mayo de reconocimiento a las víctimas del exilio, acciones que ya se incluyeron en la propuesta que el PSOE hizo a Unidas Podemos para pactar el gobierno de coalición.

Junto a ellas, el nuevo gobierno impulsará las exhumaciones de las víctimas del Franquismo que continúan en fosas comunes, retirará la simbología franquista de los lugares públicos y anulará las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.

Economía

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno ha insistido en que derogará la reforma laboral aprobada por el PP y subirá el salario mínimo hasta alcanzar el 60 % del salario medio a final de la legislatura, al tiempo que ha prometido prohibir por ley las amnistías fiscales.

El socialista ha prometido que las pensiones se revalorizarán con el IPC por ley y que se reformará la pensión de viudedad en el caso de las parejas sin vinculo matrimonial.

Sánchez también ha prometido un ingreso mínimo vital que comenzará con un aumento de la prestación por hijo a cargo y que se extenderá posteriormente a todas las familias vulnerables o con ingresos bajos.

Revisar el contrato de interinidad en el empleo público para evitar su uso abusivo y continuar con el plan de equiparación salarial de la Policía y de la Guardia Civil, son otras de las medidas económicas que ha planteado, después de incidir en que se subirá el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros anuales sin aumentar la presión fiscal a las rentas medias.

El líder socialista ha apoyado un plan de rehabilitación de vivienda y ha abogado por implantar un índice de precios para frenar el alquiler abusivo en determinadas zonas de las ciudades, así como modificar el papel del denominado banco malo, la Sareb, para que tenga un papel más activo en el alquiler de vivienda social.

El precio de la investidura

Para llegar a este día, Sánchez ha tenido que hacer cesiones a ocho partidos. Las más importantes son las reclamadas por ERC, que contemplan desde una meas política para abordar el futuro político de Cataluña hasta una consulta a la ciudadanía sobre esos compromisos. Le siguen las exigencias del PNV, como la transferencia de las competencias estatutarias pendientes a Euskadi.

Además, los nacionalistas vascos avanzan en sus pretensiones soberanistas hacia Navarra y han logrado el compromiso socialista de que en seis meses la Comunidad tenga las competencias de tráfico. La apuesta por las infraestructuras, en concreto por la alta velocidad, está también entre las demandas del PNV.

Sánchez ha lamentado las críticas de la oposición y sus malos augurios sobre el futuro de España por este Gobierno, "sin que muevan un dedo para evitarlo si su temor es real, no fingido". Ha explicado que hubiese preferido gobernar en solitario, sin Podemos, pero que no ha sido posible porque así lo han decidido los españoles en las urnas.

El precio político y económico de la investidura incluye, entre otras medidas, el compromiso de un nuevo sistema de financiación que pide Compromís, el régimen especial fiscal de las islas Canarias y la paralización de una medida que se había puesto en marcha el 1 de enero, el cierre de las taquillas de Renfe en las estaciones con pocos viajeros, exigida por Teruel Existe.