Como estaba previsto, Pedro Sánchez no ha logrado ser investido como presidente este domingo. La exigencia de obtener una mayoría absoluta en primera votación ha impedido su aspiración, que probablemente se cumpla el martes, 48 horas después, en una segunda votación que sólo necesita más síes que noes. No ha habido sorpresas en las cuentas, salvo por la baja de una diputada de los comunes, que no ha podido emitir su voto telemático. Éste ha sido el resultado final: 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

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La fragmentación del Congreso en 19 partidos y su ruptura clara en dos bloques -uno de centro-derecha y otro de izquierdas, independentistas y nacionalistas- impide que ninguno de ellos obtenga esa mayoría cualificada para elegir a un presidente en primera votación. Sánchez ha logrado el apoyo de once partidos: PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (1), Compromís (1), Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1), un total de 166 -un voto menos de los esperados por la baja por enfermedad de la diputada de En Comú Podem-.

En contra han votado los diputados del PP (89), Vox (52), Ciudadanos (10), JxCat (8), la CUP (2), Navarra Suma (2), PRC (1), Coalición Canaria (1), un total de 165, por lo que la investidura saldría adelante gracias a la abstención de ERC (13) y EH-Bildu (5). Finalmente, Oramas ha roto la dinámica de voto marcada por su partido y ha votado en contra, lo que podría suponerle la expulsión de Coalición Canaria.

Todos los apoyos y las abstenciones que permitirán, previsiblemente, que Pedro Sánchez se convierta en presidente, tienen un precio político que en estos dos días de sesión de investidura se ha puesto de manifiesto. Dirigentes como Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, o la representante de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, han dejado claro ese precio. "Sin mesa de diálogo no hay legislatura", advirtió el independentista catalán a la cara a Pedro Sánchez, que este sábado también aguantó sin rechistar las exhibiciones de fuerza de la antigua Batasuna.

La heredera de ETA, cuya formación, con grupo parlamentario propio le ha advertido al candidato socialista que «sin los votos de las izquierdas independentistas y sin atender a las demandas de nuestros territorios no habrá Gobierno de progreso». Aizpurua ha defendido a Arnaldo Otegi, cuya condena ha considerado injusta, ha atacado a la democracia española y a la Corona sin que Sánchez se atreviera a rebatirla.

Ante ese amparo del PSOE y de la presidenta del Congreso, a pesar de las quejas del PP y de Vox, la abertzale ha insistido en el «derecho a decidir, que «se lleva acabo en otros lugares como en Europa» y ha enfrentado los términos de «democracia y legalidad» para que prevalezca la primera. «El autonomismo no es una solución, es una vía agotada», ha asegurado.

Pedro Sánchez ha vivido este pleno en tensión y en soledad. Sólo Susana Díaz (Andalucía), Idoia Mendía (Pais Vasco) y Concha Andreu (Cantabria), han acudido a respaldar su acuerdo con Podemos y los independentistas. El resto de barones socialistas guarda un clamoroso silencio que revela el malestar en los territorios y las bases del PSOE por esta apuesta extremista para gobernar.

Por su parte, PP, Ciudadanos y Vox estrechan lazos en una dura oposición al Gobierno que tiene previsto estrenarse el viernes en un primer Consejo de Ministros. Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas han denunciado el ataque a las instituciones democráticas españolas que han protagonizado no sólo los socios de Sánchez, sino el propio candidato socialista y su portavoz, Adriana Lastra, que han cuestionado el funcionamiento de órganos como la Junta Electoral Central tras la inhabilitación de Quim Torra como diputado y de Oriol Junqueras como eurodiputado.

Con esta tensión inaugura el Congreso una legislatura incierta, pendiente de las cesiones al independentismo catalán y de los próximos comicios en la comunidad autónoma, que pueden saldarse con un tripartito de ERC, PSC y En Comú Podem, si salen adelante los planes de Sánchez, Iglesias y Miquel Iceta.

El independentismo catalán continúa siendo así el eje de la política española, como viene ocurriendo desde 2012, en el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando la antigua convergencia abandonó el catalanismo y apostó por el separatismo tras la pérdida de apoyo social que sufrió por la crisis económica y la corrupción política.