Pedro Sánchez y los socios de su futuro gobierno de coalición contienen la respiración, una vez más, a la espera del inminente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la situación del ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras.

Los magistrados de la Sala de lo Penal, es decir de la sala que dictó la sentencia condenatoria del procés, se pronunciarán entre este jueves y viernes sobre si procede excarcelar o no a Junqueras (condenado por sedición y malversación a 13 años de prisión) después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara en una sentencia del 19 de diciembre que tiene inmunidad como europarlamentario desde que se publicaron las listas electorales en junio y que el Supremo debió dejarle salir de prisión preventiva para recoger su acta.

ERC, que acaba de permitir la investidura de Pedro Sánchez con su abstención después de que la Abogacía del Estado (dependiente del Ministerio de Justicia) pidiera al Supremo que le permita salir de prisión y ejercer como eurodiputado mientras tenga inmunidad, podría volver a tensar la cuerda de un gobierno que ha salido adelante por una diferencia de dos votos.

A partir de ahora, los votos del partido independentista serán claves para sacar adelante decisiones como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Supremo es un órgano judicial independiente que no obedece a las directrices de ningún gobierno, pero los efectos de su decisión pueden hacer peligrar el pacto de gobernabilidad sellado entre PSOE y ERC. Si la decisión de la Sala Penal no contenta a los compañeros de filas de Junqueras, es muy probable que al menos gesticulen reprobación ante Sánchez y el "Estado represor", como ellos lo califican, al que éste representa frente al partido rival Junts per Catalunya, liderado por el fugado Puigdemont y que mantiene un discurso totalmente rupturista con España y sus instituciones.

Permiso para tomar posesión

De los siete magistrados de la Sala, la mayoría, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, se inclinan por concederle un permiso puntual para salir de prisión, recoger su credencial o asistir a la próxima sesión de la Eurocámara que tendrá lugar el 13 de enero aunque con medidas de control para asegurarse de que vuelva y continúa cumpliendo su condena. Después, también solicitarían al Parlamento que le retire la inmunidad (el conocido suplicatorio) comunicando su inhabilitación como condenado por sentencia firme, una pena que el tribunal del procés dejó en suspenso a la espera precisamente del pronunciamiento del TJUE.

De esta manera, el Supremo estaría admitiendo sólo parcialmente el escrito de la Abogacía del Estado, que pidió al alto tribunal que saque a Junqueras de prisión y le permita ejercer como eurodiputado mientras tenga inmunidad, es decir, hasta que el Parlamento Europeo le inhabilite, si es que lo hace. Por otro lado, con la comunicación de la inhabilitación y el suplicatorio atendería también una de las peticiones de la Fiscalía.

El tribunal se contradeciría, en parte, con sus propias decisiones puesto que decidió mantener a Junqueras en prisión preventiva y no permitirle ir a recoger su acta ni a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo este verano ante "la inminencia de la sentencia del procés" y para evitar una fuga como la de Puigdemont. Sin embargo, de esta manera podría evitar que prosperara un recurso de su defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cautelarísima de la JEC

Por otro lado, otra Sala del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso Administrativo, debe resolver también el recurso urgente (medidas cautelarísimas) que interpuso Junqueras para que se anule la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle como condenado por sentencia firme que el órgano regulador tomó el pasado viernes. El líder de ERC puso el recurso este martes y el Supremo tiene 48 horas para resolverlo.

Sin embargo, si el tribunal del procés se pronuncia antes sobre el fondo del asunto (cómo afecta la sentencia del TJUE a su inmunidad y por tanto a su situación de prisión) la decisión de los magistrados de la Sala Tercera ya no tendría sentido.

Es decir, la sentencia del TJUE respondió precisamente a una consulta que elevó al tribunal de Luxemburgo el propio tribunal del procés sobre si debió dejar salir de prisión a Junqueras para recoger su acta como eurodiputado antes de ser condenado.

La decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle y comunicar al Parlamento Europeo que debe desaparecer de las listas en aplicación del artículo 6.2 b) de la Ley Electoral (LOREG) sería menos relevante que la de la Sala de lo Penal sobre si debe permitirle ir a recoger su acta o no, por lo que será clave saber quién resuelve primero.

De hecho, el propio Parlamento Europeo, que ha confirmado haber recibido la comunicación de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Junqueras, esperará al pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo para tomar una decisión, como adelantó este miércoles La Vanguardia.