Apenas 48 horas después de la sesión de investidura, y cuatro días antes de que el nuevo Consejo de Ministros tome posesión de su cargo, la fragilidad del nuevo gobierno de Pedro Sánchez se hizo explícita este jueves por todos sus flancos. Tanto Podemos como ERC manifestaron o deslizaron sus primeras discrepancias con la gestión del Ejecutivo, que sólo sacó adelante la investidura con dos votos de diferencia y que se asoma a una legislatura en el alambre.
Esquerra no ha perdido oportunidad en la última semana de recordar al PSOE su dependencia de los 13 diputados republicanos en el Congreso. La última referencia, y la más explícita, la hizo este jueves su coordinador general, Pere Aragonés, al afirmar que en la futura mesa de negociación entre gobiernos "tendremos absoluta libertad para poner sobre la mesa nuestras propuestas y dejamos claro que con inmovilismo lo que esta semana se ha hecho en el Congreso no podrá seguir mucho tiempo". Aragonés se refería así a unas declaraciones de Salvador Illa, en las que el secretario de Organización del PSC descartaba una ley de amnistía para poner en libertad a los condenados por el 1-O.
Una afirmación que se enmarca en el discurso oficial del PSOE, pero que en Esquerra molesta especialmente cuando se hace desde el PSC y en un medio de ámbito catalán, en este caso RAC1. Para los republicanos es relativamente asumible la oposición al pacto de los barones del PSOE, pero es más difícil sostener que la mesa acordada desembocará en un referéndum de independencia y la aprobación de una amnistía para sus condenados cuando la negativa llega desde Barcelona.
Esquerra necesita además hacer valer su papel de garante de la negociación con el Gobierno, en un momento en que Quim Torra ha entrado ya en escena con su interlocución directa con Pedro Sánchez. Los republicanos aseguran que es "una buena noticia" que se haya producido esta llamada, porque eso "arrastra" a JxCat a la mesa de diálogo, pero no puede dejar que Torra se haga con las riendas de la relación con el Gobierno.
Por eso insisten en que ellos son los únicos responsables de la vía del diálogo, al tiempo que elevan el precio de la estabilidad política en España. "Me importa un comino la estabilidad", aseguró la diputada Montse Bassa este martes. Ni Aragonés ni ningún otro dirigente republicano secundará esa afirmación, porque su apuesta estratégica es por el diálogo. Pero en un escenario de más que probables elecciones en Cataluña en los próximos seis meses, debe demostrar día a día que ese diálogo tiene réditos, porque las elecciones autonómicas son la prioridad absoluta de los republicanos.
Choque de competencias
Al mismo tiempo, y apenas 48 horas después de la sesión de investidura, las fricciones entre PSOE y Podemos ya se han convertido en una constante dentro del incipiente Gobierno de coalición, en el que Sánchez va a intentar imponer su marca sobre la morada. Y el primer -y gran exponente- choque llegó el jueves con la sorpresa del día: en el Ejecutivo no habrá tres, sino cuatro vicepresidencias, yendo a parar una de ellas a manos de Teresa Ribera, dedicada a Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La noticia no ha sentado bien en tejado morado. Primero por las formas, porque el equipo de Iglesias desconocía que estuviese encima de la mesa ampliar las vicepresidencias a cuatro y desde Ferraz no se ha planteado en ningún momento que, además del líder de Podemos, hubiese tres mujeres socialistas en la cúpula del Ejecutivo.
Y segundo por el fondo, ya que las competencias de Iglesias sobre la Agenda 2030 chocan en parte con las de Transición Ecológica de Ribera. Pese a confirmarse la política ambiental como uno de los pilares de acción del recién elegido Gobierno, lo cierto es que algunas de las funciones que iba a desempeñar el líder de Podemos incluían planes de desarrollo sostenible de carácter transversal, con vistas también al ámbito internacional, para hacer frente común a los retos sociales y medioambientales. Ahora, estas competencias se diluyen en la vicepresidencia de Ribera, como también lo hace el peso político de los morados por la nueva división.
Pero no será el último ‘roto’ que le hagan los de Sánchez a sus socios de Gobierno. De hecho, según publicó ayer La Información, el jefe del Ejecutivo despojará definitivamente a Podemos de las competencias de Seguridad Social y de migración al dividir en dos el actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Así, la cartera laboral, descafeinada por el recorte, estará dominada por la portavoz de la confluencia gallega de Podemos, Yolanda Díaz, pero los socialistas atarán en corto el control de las pensiones, las funciones relativas a cotización y afiliación y las políticas migratorias, unas competencias que seguirá capitaneando, según el citado medio, Magdalena Valerio.
Guerra de filtraciones
Las desavenencias en cuanto al control del departamento laboral y las políticas activas de empleo fueron uno de los mayores motivos de conflicto entre las direcciones de PSOE y Podemos en verano y uno de los grandes escollos que contribuyó a la falta de acuerdo que derivó en la repetición electoral. Iglesias siempre ha puesto el foco en el rédito político de aglutinar competencias en materia de pensiones o derechos laborales pero, finalmente, verá capadas sus pretensiones.
Los choques entre los socios de Gobierno no han dejado de sucederse casi desde que los diputados abandonasen el hemiciclo el pasado martes. No gustó en el PSOE, por ejemplo, el frenesí filtrador de los cargos de Podemos, que al terminar el pleno divulgaron los nombres hasta de sus secretarios de Estado y no esperaron, siquiera, a que Sánchez jurase su cargo ante el Rey.
El goteo de nombramientos se ha ido conociendo en las últimas horas y, de aquí al domingo, se prevé que todos los nombres estén ya encima del tablero. Será entonces cuando el presidente del Gobierno comunique al Rey Felipe VI la lista completa con los ministros del Ejecutivo, que tomarán posesión de sus cargos el lunes, lo que precipita la primera reunión del Consejo de Ministros el próximo martes 14 de enero.
La última de las confirmaciones ha sido la de María Jesús Montero como portavoz del nuevo Gobierno, que mantendrá a su vez la cartera de Hacienda. A lo largo del jueves, Moncloa ha ido desgranando los nombres que estarán en la cúpula de poder, primero los cuatro ministerios de Unidas Podemos y después las cuatro vicepresidencias.
Así, por el momento, las cuentas están así: los morados ostentan cuatro carteras: Trabajo, de Yolanda Díaz; Igualdad, para Irene Montero; Universidades, de Manuel Castells; y Consumo, para Alberto Garzón. A todos ellos hay que sumar el cargo de Iglesias como vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En la bancada del PSOE, además de Montero, ya está confirmado que Carmen Calvo asumirá la vicepresidencia primera de Presidencia y Relaciones con las Cortes, aunque amplía sus competencias y tendrá funciones en materia de Memoria Democrática. Nadia Calviño tendrá la vicepresidencia de Economía y Teresa Ribera de Transición Ecológica.
No obstante, es previsible que el recién investido presidente se guarde un as en la manga y dé un último golpe de impacto en los próximos días con el nombre de un nuevo ministro o ministra.
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