Tiene no pocos asuntos de calado por cerrar Fernando Grande-Marlaska, al que Pedro Sánchez mantiene al frente de Interior en su renovado gobierno de coalición con Unidas Podemos. El juez bilbaíno tendrá que dar respuesta en la etapa que ahora comienza a promesas anunciadas y no consumadas aún, terminar de gestionar acuerdos heredados de su antecesor, impulsar medidas inaplazables para la mejora de la seguridad pública y resolver el futuro de los casi 200 guardias civiles de Tráfico destinados en Navarra que quedarán sin ocupación tras el traspaso de competencias que se hará al Gobierno de Navarra, una de las exigencias que ha puesto encima de la mesa el PNV para votar a favor de la investidura del candidato socialista.

La cesión competencial a la comunidad foral ha irritado aún más a los guardias civiles, muy críticos con la gestión de Félix Azón como director general del Cuerpo. ¿Continuará el juez oscense en su puesto o será descabalgado en un intento de mejorar el clima de diálogo con los representantes de las asociaciones profesionales? Desde Interior responden que es "pronto" para dar a conocer si Azón -como el resto de altos cargos ministeriales- seguirá desempeñando la responsabilidad actual.

Tampoco es una balsa de aceite la situación en la Policía Nacional, donde el sindicato mayoritario -Justicia Policial (Jupol)- mantiene declarado desde finales del pasado mes de agosto el conflicto colectivo permanente al considerar que el acuerdo de equiparación salarial pactado en marzo de 2018 con el Gobierno del PP no servirá para igualar las nóminas con las de las policías autonómicas.

La sustitución de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, el pago del tercer tramo de la equiparación salarial, la reforma y construcción de nuevas comisarías y cuarteles, el reto de la seguridad ciudadana en la llamada España vaciada y la revisión del modelo policial serán algunos de los proyectos a los que tendrá que hacer frente Grande-Marlaska en esta legislatura, en la que PSOE y Unidas Podemos pretenden llevar a cabo la derogación de la conocida como 'Ley mordaza'.

  • Traspaso de competencias en Navarra. De cumplirse el acuerdo firmado por el PSOE y el PNV en los plazos previstos, la Guardia Civil dejará de tener competencias en materia de tráfico en Navarra el próximo verano. El traspaso afecta a casi 200 agentes destinados en esta comunidad, a los que Interior tendrá que ofrecer una solución. Sobre el papel se abren tres escenarios posibles: que la Policía Foral habilite una pasarela para que dichos funcionarios puedan enrolarse en este cuerpo autonómico y seguir realizando las mismas funciones con otro uniforme, que se integren en otras unidades del Instituto Armado para continuar en Navarra o que sean destinados a destacamentos de Tráfico de otras provincias. Las asociaciones profesionales reclaman un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para que la dirección aclare cómo se llevará a cabo la ejecución del acuerdo y qué alternativas se ofrecerá a la plantilla.
  • Sustitución de las concertinas. Tan sólo una semana después de asumir el cargo, el titular de Interior anunció que haría todo lo posible para «retirarlas» y sustituirlas por medios menos cruentos para los migrantes que tratan de acceder a territorio español. Un año y medio después de anunciar aquel compromiso, el proyecto 'estrella' de Grande-Marlaska sigue sin materializarse. Con un presupuesto de 17,89 millones de euros, las obras de modernización y refuerzo de la seguridad en la valla fronteriza de Ceuta y Melilla comenzaron el pasado mes de noviembre y, de cumplirse los plazos, terminarían en septiembre. De los 18,7 kilómetros que suman ambas vallas, las concertirnas tan sólo se sustituirán finalmente en los puntos que se han identificado como más vulnerables por ser los que registran más intentos de salto por parte de los migrantes. Se trata de una de las medidas previstas en el Plan de Refuerzo y Modernización del Sistema de Protección Fronteriza Terrestre en Ceuta y Melilla, que prevé otras actuaciones de mejora de la seguridad en ambos pasos. 
  • Tercer pago de la equiparación salarial. Los policías nacionales y los guardias civiles están pendientes de cobrar el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial, cifrado en 247 millones de euros. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha mostrado su disposición a desembolsar este importe, pero de momento no ha precisado cuándo. Todo hace indicar que, con ese abono, Interior dará por terminada la ejecución del acuerdo y se desentenderá de la cláusula por la que el Ejecutivo de Rajoy se comprometía a admitir las "correcciones" que fueran necesarias -sobre el cálculo inicial de 807 millones a repartir en tres años (2018-2020)- a fin de que la igualdad retributiva fuera "total y absoluta". Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil consideran que el informe realizado por la consultora Ernst&Young no da respuesta al encargo que le hizo el Ministerio del Interior, al tiempo que coinciden en que los 807 millones son "insuficientes". No es la única reivindicación: también reclaman que se se active el mecanismo que posibilite el regreso de los agentes en situación de segunda actividad al trabajo operativo y que se apruebe una ley que impida desigualdades salariales en el futuro, como también se preveía en el acuerdo.
  • Seguridad en la España vaciada. Interior también puede contribuir a dar respuesta al problema de la España vaciada arbitrando medidas que permita la cobertura de plazas en cuarteles de la Guardia Civil de pueblos pequeños donde ningún agente quiere ir destinado de forma voluntaria. Son destinos ubicados en localidades sin atractivo para los funcionarios por falta de proximidad o carencia de servicios públicos, lo que no ayuda precisamente a frenar la despoblación de esos núcleos rurales. Grande-Marlaska tiene encima de su mesa una propuesta para hacer frente a esta situación: el pago de un incentivo económico por territorialidad, como ha sugerido la consultora que ha elaborado el informe de la equiparación salarial. El establecimiento de ese plus podría suponer un atractivo económico "para compensar los destinos en territorios despoblados", constituyendo teóricamente esa presencia policial un aliciente en el territorio.  
  • Nuevas comisarías y cuarteles. Hace justo un año, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, que prevé inversiones por 600 millones para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil. La intención es renovar el parque, dada la antigüedad y el pésimo estado de conservación que presentan muchos inmuebles por falta de presupuesto en los años de la crisis. Fuentes de Interior aseguran que ya se están definiendo y redactando los proyectos como paso previo al inicio de las obras. El plan también reserva una parte de la inversión para la ampliación, modernización y reforma de instalaciones penitenciarias. Concretamente, se remozarán 54 prisiones y 11 Centros de Inserción Social (CIS). 
  • Pistolas eléctricas, chalecos antibala... En respuesta a una insistente reclamación sindical, el Cuerpo Nacional tiene previsto incorporar este año 300 pistolas eléctricas, a las que se sumarán otras 300 el próximo año y 400 en 2022. Con un presupuesto máximo de 2.099.350 euros, la compra de este armamento salió a licitación en diciembre y entre el 16 y el 30 de enero se abrirán los sobres con las ofertas económica y técnica. Este año también se adquirirán otras 5.385 defensas extensibles para los policías nacionales, que siguen reclamando poder disponer de un chaleco antibalas por agente.