Los plazos son claros: 6 meses. En junio la operación debería estar completada. Es al menos el compromiso que hace dos semanas adquirió el PSOE con el PNV para que le facilitara la investidura de su candidato, Pedro Sánchez, y que debería conllevar la transferencia integral de la competencia de Tráfico a la Policía Foral de Navarra y que ahora comparte con la Guardia Civil. El PNV cumplió su parte con seís síes, ahora el Gobierno que tomará posesión de su cargo en cuestión de días debería cumplir la suya. El compromiso no es nuevo, la aspiración tampoco, pero todo apunta a que esta vez la debilidad del Ejecutivo recién designado acelere el cumplimiento de una medida que ya se aplicó hace casi cuatro décadas en la vecina Euskadi -desde 1982- y más de dos en Cataluña -desde 1998-, donde Ertzaintza y Mossos de Esquadra que se convirtieron en policías ‘integrales’ hace lustros.
Desde que el 30 de diciembre pasado Sánchez y Ortuzar rubricaran el acuerdo, la incertidumbre en los alrededor de 200 agentes de la unidad de Tráfico de la Guardia Civil destinados en Navarra no ha hecho más que incrementarse. El calendario establecido para su cumplimiento y la falta de información sobre el modo y el procedimiento que se aplicará, la han acrecentado aún más.
En realidad, los temores venían de más atrás. El acuerdo estuvo comprometido con anterioridad hasta en dos ocasiones. La primera se remonta a hace veinte años cuando dos gobiernos de derechas, el que lideró UPN en Navarra con Miguel Sanz, y el que encabezó en España José María Aznar, negociaron sobre la misma competencia. Ambos se reunieron en abril de 2000 en La Moncloa y se comprometieron a dar pasos para ceder Tráfico a la Policía Foral. El compromiso nunca se formalizó.
Más recientemente, con el anterior Gobierno de Navarra liderado por Uxue Barkos, la dirigente de Geroa Bai y el presidente Sánchez volvieron a comprometer, en octubre de 2018, la cesión de Tráfico a la policía navarra. Las premuras electorales lo impidieron. Un año después y tras los acuerdos para investir a Sánchez, el PNV y el PSOE se han vuelto a encontrar con esta cuestión sobre la mesa y la han incluido como el tercer punto de los 12 firmados.
Falta de información
Por el momento, el Ejecutivo que lidera Chivite ha comenzado a filtrar que está preparando el terreno. Lo ha hecho recordando que los guardias civiles que lo deseen podrán acogerse a la ‘pasarela’ prevista por la Ley de Policías de Navarra y que les permitiría ser absorbidos por la Policía Foral en el momento en el que ésta asuma las competencias. El propio vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha reiterado recientemente esta vía para rebajar la inquietud suscitada en la Benemérita, en especial dentro de la unidad de Tráfico.
Muchos de los 200 agentes contemplan ya pasarse a la Policía Foral. Sus condiciones laborales mejorarían
También el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que la Guardia Civil no se irá de Navarra. Pero quizá sí pueda ver menguada su presencia. Actualmente la plantilla de la policía foral apenas cuenta con un millar de agentes frente a los algo más de 1.800 guardias civiles que están destinados en Navarra en sus tres unidades: Tráfico, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. El despliegue de la policía foral se reduce a pocas comisarías, en su mayor parte concentradas en el área metropolitana de Pamplona. En cambio, la Guardia Civil dispone de casi medio centenar de comisarías dispersas por toda Navarra. Si la Policía Foral asume completamente la responsabilidad del tráfico en la Comunidad Foral requerirá de muchos más efectivos y la mayoría podrían proceder de la Guardia Civil.
Estos días en el seno de la unidad de Tráfico de la Benemérita no ocultan ni su preocupación ni su malestar. Lo genera no sólo el acuerdo entre PSOE y PNV sino también el silencio y la falta de información de sus superiores. El tiempo avanza y si los plazos se cumplen quizá para muchos agentes y sus familias éste pueda ser su último invierno en tierras navarras. «Oficialmente no nos han dicho nada, ni desde el Estado ni desde la dirección general de la Guardia Civil. Nos hemos enterado de todo por la prensa», asegura José Manuel Hernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Navarra. Los agentes han solicitado un pleno extraordinario urgente al Consejo de la Guardia Civil, «queremos que el director nos diga qué va a ocurrir, seguimos esperando», lamenta Hernández.
El temor es general, se comienza por transferir Tráfico y se continúa con las otras grandes unidades asumidas por la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana y Seprona, «así ocurrió en el País Vasco y Cataluña. Navarra será la siguiente», se muestra convencido.
Integrarse en la Policía Foral
La posibilidad de ser absorbidos por la Policía Foral Navarra ha dejado ya de ser sólo una hipótesis. Entre los agentes han comenzado a valorarlo como una opción. Laboralmente no sería un gran cambio. Incluso en algunos aspectos supondría una mejora. El rango salarial, situado entre los 2.500 y los 2.700 euros netos al mes que ahora perciben, no creen que se viera afectado. En cambio, en comparación con su situación, creen que sí supondría avanzar en aspectos como el derecho de sindicación -ahora prohibido en la Guardia Civil-, o no verse sometidos a un código penal militar o beneficiarse de una reducción de horas de trabajo y mejora en los turnos de trabajo. «Si creo que hay muchos compañeros que estarían dispuestos a pasarse a la Policía Foral», asegura el portavoz de la AUGC en Navarra.
Pero lo harían con dolor y forzados por las circunstancias. La vocación y el vínculo con el Cuerpo es en la mayoría de ellos muy elevado. En muchos casos, tener que desplazarse a otro destino, quizá sin la prioridad de elegirlo, supondría un trastorno familiar importante: «La mayoría tienen ya hecha su vida aquí, se han instalado, han creado un familia en Navarra».
El malestar lo provoca la falta de información por parte de sus superiores, "a veces nos enteramos por la prensa"
Desde la asociación JUCIL, su representante en Navarra, César Antolín, señala que el cambio será complicado si finalmente se lleva a cabo. «El que es de la Guardia Civil lo lleva en el corazón. Muchos, si lo hacen, es por obligación más que por convicción. No hay muchas ganas de hacerlo». Antolín también denuncia la absoluta falta de información que padecen los agentes desde que esta cuestión comenzó a plantearse hace más de un año. «Nadie nos explica nada. Nosotros solicitamos al jefe de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un encuentro y aún, meses después, seguimos esperando».
Considera que plantearse una integración de la unidad de Tráfico en la Policía Foral podría hacerse sin mayor problema, «al fin y al cabo todos somos policías, pertenezcamos a un cuerpo u otro”: “Pero es verdad que muchos compañeros sienten especialmente el uniforme verde. Para la mayoría es un orgullo, esa es la mayor dificultad». Antolín se atreve incluso a cuantificar el porcentaje de agentes que están perfectamente integrados, con sus vidas y familias construidas en Navarra y a los que les costaría más salir de la Comunidad Foral, «yo diría que cerca del 75% lo tiene complicado, ya están instalados aquí, casados con mujeres navarras, con hijos nacidos aquí y una vida hecha en esta tierra».
Negociar con "nuestro futuro"
Jucil denuncia que se juegue con ellos como mera “moneda de cambio” en una negociación política por “sillones y cuotas de poder político”. Menos aún que Sánchez disponga de “la vida y el futuro” de los agentes y sus familias. Para denunciarlo y para reclamar información sobre cuál será el futuro de la Guardia Civil en Navarra, Jucil ha convocado una protesta para el 8 de febrero próximo. Al mediodía, han invitado a los agentes y a la sociedad navarra que secunden la protesta que llevarán a cabo en Pamplona ante la delegación del Gobierno en Navarra.
El programa de María Chivite, que negoció con Geroa Bai y Podemos, ya lo incluye. En su apartado de Justicia e Interior plantea alcanzar el objetivo de dar pasos hacia la conversión de la Policía foral en un cuerpo integral, proceso en el que la asunción de la competencia de tráfico en exclusiva –ahora están compartidas con la Guardia Civil- se antoja esencial.
Estos días el Ejecutivo apela a la Ley de Policía aprobada por el Parlamento navarro el 15 de noviembre de 2018. Lo hizo con el apoyo de UPN, Bildu y Geroa Bai y la abstención del PSN, el PP e I-E. Precisamente la inclusión de esa ‘pasarela’ entre la Guardia Civil y la Policía foral fue uno de los aspectos que llevó a UPN a respaldar la citada norma, no así al actual partido en el poder, el PSN, que se abstuvo.
Cerca del 75% de los agentes de Tráfico de la Benemérita tiene su vida familiar asentada en Navarra
En enero de 2017 el anterior Gobierno de Navarra aprobó un Plan Director en el que se contemplaba varias hipótesis de despliegue policial, con tres escenarios posibles hasta alcanzar el objetivo de hacer de la policía navarra un cuerpo integral. Cada uno de los escenarios incluso se cuantificó en coste de recursos de personal y económicos para llevarlo a cabo.
Tres escenarios
El plan que lideró Geroa Bai, actual socio de Gobierno de Chivite, calificaba la situación de convivencia actual entre ambas policías de mera “supervivencia” para la Policía foral. Mantener el actual modelo requeriría la incorporación de una media de 30 agentes por año. Su pervivencia se cuantificó para el periodo 2016-2020 en 18,7 millones de euros.
El segundo nivel de desarrollo, que se bautizó como de “complementariedad” entre ambos cuerpos, suponía la progresiva asunción de competencias por parte de los forales en detrimento de la Guardia Civil. Sería en este escenario donde se ubicaría el traspaso de la competencia de Tráfico que ahora se ha comprometido. Según la estimación que hace tres años hizo el Ejecutivo navarro serían necesarios 60 agentes anuales para llevar adelante este modelo de complementariedad. A este ritmo, la absorción de todos los guardias civiles de la unidad de tráfico se podría completar en cerca de tres años.
A la asunción de Tráfico le seguirían a continuación las otras dos competencias que actualmente ejerce la Guardia Civil en Navarra: Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Este modelo de policías “complementarias” supondría un coste de 35,4 millones entre 2016 y 2020.
Por último, la puesta en marcha de un modelo de policía integral en Navarra, con la asunción de todas las competencias por parte de la policía foral, obligaría a incrementar de modo importante la plantilla foral, a razón de casi un centenar de nuevos agentes al año. El coste estimado para el cuatrienio 2016-2020 se cifró en algo más de 62 millones de euros.
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