Un Consejo de Ministros "activo, ejecutivo", de "valores progresistas", "plural" y con "diversos enfoques". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado así este domingo su nuevo Ejecutivo, el más numeroso de la democracia, con 22 carteras, y el primero en coalición de dos partidos. Precisamente ese Gobierno fue el que Sánchez intentó evitar con la repetición electoral del 10 de noviembre, cuando aseguraba que sería la peor opción para España y pedía el voto a los ciudadanos con el objetivo de no tener que depender de Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Tras su fracaso en las urnas, el líder del PSOE se ha resignado a aceptar lo que antes tachaba de inadmisible.

En una comparecencia sin preguntas, Sánchez ha intentado hacer virtud de la necesidad y ha justificado la amalgama de ministros socialistas, de Podemos, del PCE y hasta impuestos por los Comunes de Ada Colau como el que necesita España. A su juicio, ese "Gobierno plural" en el que ya avanza discrepancias, "diversos enfoques" según sus palabras, conecta con la "sociedad progresista a la que espera representar".

La "actitud" del Ejecutivo se centra en una palabra, según el presidente, el "diálogo". "Debe ser la legislatura del diálogo social, territorial y generacional", ha asegurado. "Los ciudadanos nos reclaman una España de moderación, no de crispación, puentes de colaboración y no de vetos y rupturas, de convivencia, no de discordia o sobreexcitación, de acuerdo y no insulto y descalificación", se ha justificado. Todo ello con la "vocación de servir a todos los españoles porque no hay nada más progresista que unir a España".

En su comparecencia en Moncloa, tras transmitir al Rey el nombre de sus ministros, que se han ido conociendo esta semana, Sánchez ha insistido en la "vocación de unidad" de su Ejecutivo "plural", en el que habrá "varias voces" pero "con una misma palabra".

El flamante presidente también ha justificado la existencia de cuatro vicepresidencias, con las que pretende diluir el peso político de Pablo Iglesias, en la necesidad de dar un impulso a las "cinco grandes transformaciones que precisa la sociedad española" y que describió en su discurso de investidura: el crecimiento económico y la creación empleo calidad; el entendimiento territorial y el reto demográfico; la justicia social; la digitalización de la economía y la transición ecológica y la plena igualdad entre el hombre y la mujer. "España no será nunca más un país de mujeres sin voz", ha asegurado.

Sánchez también ha prometido que su Gobierno se regirá por "valores netamente progresistas" y por una "actitud dialogante" con el objetivo de ser "activo, ejecutivo y resuelto". Por ese motivo, para acotar las competencias de la manera más "precisa", posible, ha justificado el elevado número de carteras, 22, y la "personalidad de sus titulares", que en el caso de los cinco ministros de Podemos, no han sido de su elección, sino de Pablo Iglesias. "Abundan perfiles de competencia económica", ha subrayado, para intentar impregnar de solvencia y preparación un Ejecutivo con perfiles inexpertos en la gestión, como los cinco ministros de Podemos.

Difícil convivencia

Para restar poder interno a Podemos, Sánchez ha cortocircuitado la capacidad de maniobra de Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que prometía protagonismo económico y en relaciones internacionales a través de ese plan gubernamental. Al elevar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, al mismo rango de vicepresidenta que Iglesias, esa relevancia política de Iglesias se diluye.

Otro de los supuestos logros de Iglesias, el ministerio de Asuntos Sociales, se ve eclipsado ahora por el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá Belmonte, que no sólo deja sin apenas competencias a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz (IU), ya que las funciones de empleo están transferidas a las comunidades, sino que además asume los departamentos de Inclusión Social y Migraciones. De esta manera tendrá bajo su responsabilidad caballos de batalla de Podemos como las pensiones o los ingresos mínimos vitales, donde ha sostenido históricamente posiciones opuestas a las del partido de Pablo Iglesias.

Escrivá, convencido y ortodoxo capitalista, estaba al frente de la la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) desde el año 2014, cuando fue propuesto por el gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda. Allí ha realizado un trabajo de mucha solvencia, subrayando su criterio independiente, en contraposición de organismos como el Banco de España, que ha otorgado de mucha credibilidad al organismo hasta recuperar su condición de agencia de evaluación de las políticas públicas.

Antes, Escrivá trabajo durante ocho años en el grupo BBVA, donde ejerció como economista-jefe primero y posteriormente como director gerente del Área de Finanzas Públicas. Desde allí emitió duros informes contra la gestión económica de la crisis del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a ser nombrado por el PP, Escrivá Belmonte amenazó en varias ocasiones con la dimisión para preservar la autonomía del organismo, en el que trabajó mano a mano con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Desde su cargo ha defendido, por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación y el avance en el período del cálculo de las pensiones hasta tener en cuenta toda la vida laboral, cuestiones sobre las que tendrá absoluta responsabilidad y que chocan de forma frontal con los posicionamientos de Podemos en la materia.

Durante su intervención en la sesión de investidura, Pablo Iglesias prometió recuperar derechos sociales y crear otros nuevos, pero al carecer de las competencias en materias como inclusión social o migraciones, difícilmente lo podrá cumplir. Queda en sus manos el servicio de Dependencia, que también gestionan las comunidades autónomas y que finalmente depende de la financiación del Ejecutivo, en manos de María Jesús Montero (PSOE).

Precisamente el nombramiento de Escrivá, un peso pesado en economía liberal, al frente de la Seguridad Social, ha disparado las especulaciones sobre su futuro al frente de la cartera de Hacienda una vez que María Jesús Montero dé el salto a Andalucía para sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE. También con ese objetivo habría asumido la portavocía del Gobierno, que le dará mayor popularidad en la comunidad para preparar su desembarco.

En Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sánchez también pone coto a Iglesias. Su titular, Arancha González Laya, que ocupa desde 2013 el cargo de subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia de desarrollo conjunta de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio, con sede en Suiza, tendrá como prioridad «la diplomacia económica», según ha informado Moncloa.

Nacida en San Sebastián en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un postgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de ocupar la dirección del ITC, fue directora del gabinete del director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su representante en el G-20. Anteriormente desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo.

Preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champions) y copreside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversion del World Economic Forum (WEF). Habla euskera, inglés, francés, alemán e italiano, y comenzó su carrera en el sector privado, como asociada de un despacho de abogados.

Con este tipo de operaciones, Sánchez ha ido «envolviendo» a los ministerios de Podemos, ya sin apenas competencias de por sí. «Nos está anulando completamente», lamentan en el partido de Iglesias, que ven con estupor cómo sus ministros se están quedando sin contenido en sus carteras.

Pero el nombramiento de los ministros no es la única forma que ha encontrado Sánchez de eclipsar a Podemos. «Los miembros del Gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario», reza el protocolo de colaboración firmado por ambos grupos parlamentarios.

Otra de las piezas clave del Gobierno es el juez Juan Carlos Campo, hasta ahora diputado socialista en el Congreso, será el nuevo ministro de Justicia con el objetivo de "desjudicializar" el procés catalán, tal y como demanda Esquerra Republicana de Cataluña, socia de investidura de Sánchez.

Su amplia trayectoria jurídica y sus «conexiones interesantes con el mundo judicial» lo han situado en el Consejo de Ministros. Moncloa valora su experiencia en el CGPJ, cuya renovación es uno de los primeros retos a los que deberá enfrentarse el sustituto de Dolores Delgado, dado el fracaso del intento de nombrar como presidente al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. «Campo ha estado mucho tiempo en el CGPJ y conoce bien la arquitectura de jueces de la parte conservadora, que es la que interesa amarrar», explican fuentes cercanas al presidentes, que también señalan que el socialista fue uno de los muñidores del acuerdo de renovación fallido con el ex ministro Rafael Catalá.

Aunque procede del PSOE andaluz y protagonizó uno de los debates parlamentarios más bochornosos de la anterior legislatura sobre la prisión permanente revisable, Campo también se ha ganado el favor de Ferraz por trabajos de asesoramiento posteriores que le han encargado. «El partido ha quedado contento con ellos», aseguran.