Un vicepresidente del Gobierno, una ministra, dos diputados, un secretario general del partido y una dirigente de la Ejecutiva. Hasta seis cargos ocupan los líderes de Unidas Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, que este lunes tomarán posesión como titulares de Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez.

El documento ético de Podemos establece "la limitación para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución, y en todo caso conforme siempre a las limitaciones salariales establecidas por el partido".

En el apartado dedicado a "construir Podemos como plataforma para garantizar que la política deja de ser una actividad al servicio de intereses privados", las normas internas establecen una serie de medidas de incompatibilidades, salariales y éticas que apenas tienen cumplimiento en la organización. Como ejemplo, basta señalar que la pareja dirigente del partido acumulan esos seis cargos. Ambos tienen escaño en el Congreso, ambos serán ministros y ambos forman parte de la dirección del partido.

El acaparamiento de cargos no es la única circunstancia que bordea las obligaciones éticas de Podemos. También lo es la limitación de mandatos "a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido", gracias a la posibilidad de "prorrogarse excepcionalmente a un máximo de doce años".

Además, aún es una incógnita qué sueldo cobrarán y cómo respetarán la norma de no superar la cantidad de tres salarios mínimos establecida para las retribuciones los nuevos ministros de Podemos. "Todos los miembros de Podemos aceptarán la limitación salarial genérica de tres salarios mínimos interprofesionales (SMI), que se obtendrán por la totalidad de sus funciones en puestos profesionales, de elección, de representación o nombramientos derivados directa o indirectamente de su pertenencia a Podemos", establecen los documentos internos.

En el caso de la pareja dirigente, esa limitación salarial se suple con numerosas excepciones, como tener tres hijos a su cargo o un plus de responsabilidad por estar al frente del partido. Los dirigentes de Podemos se comprometieron inicialmente a cobrar tres SMI y a donar el restante al partido a fines sociales mediante la plataforma Impulsa que Iglesias diluyó en 2017 tras su victoria en Vistalegre 2. 

Tras ese cambio, las normas internas empezaron a contemplar circunstancias excepcionales para aumentar los sueldos como la aprobación de complementos del 0,5 SMI extra por hijo o persona dependiente a cargo hasta un máximo de dos SMI más. Posteriormente se decidió establecer "indemnizaciones temporales" a personal con situaciones extraordinarias o al "mandato encomendado de presencia y dedicación para las portavocías, cargos y para personas que soporten situaciones de disponibilidad y responsabilidad personal". A partir de ahí reina la opacidad.

Podemos lleva dos años ocultando sus cuentas. Hace 23 meses, su portal de transparencia fue modificado para eliminar información comprometida sobre los gastos de sus dirigentes que estaban sacando a la luz, entre otros medios, El Independiente. Después de revelar las facturas de mariscadas, tablets, móviles, viajes, combustible para coches de alta gama, encuestas internas y hasta el coste de la purga de los errejonistas del partido, Podemos echó un cerrojazo a su web.

Desde entonces es imposible conocer el detalle del desglose de gastos e ingresos de la formación, que sólo muestra los grandes bloques presupuestarios de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. A partir de ahí apagón informativo y la imposibilidad de comprobar si el partido ha seguido ayudando a sufragar gastos personales de sus dirigentes con motivo, por ejemplo, de la compra de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero con la participación, entre otros, de sus servicios jurídicos o de seguridad en la operación.

Las últimas declaraciones de bienes de los diputados de Unidas Podemos datan del momento en el que se inició la pasada legislatura, que fue en mayo de 2019. Según la información remitida al Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias cuenta con un patrimonio no inmobiliario de 114.006 euros, distribuido en una cuenta corriente compartida, una de ahorro y otras individuales. Sus últimas rentas declaradas fueron de 46.460 euros, mientras que el préstamo hipotecario que mantiene al 50% con Irene Montero, concedido por la Caja de Ingenieros, asciende a 475.588.

El líder de Podemos tiene el chalé en La Navata (Galapagar, Madrid) a medias con con Irene Montero, una vivienda en Ávila, un automóvil y una motocicleta.

Su pareja dispone de fondos por valor de 147.777 euros en una cuenta personal, otra que está asociada al cobro de una herencia y una tercera compartida al 50%. El salario como diputada que refleja su última declaración de bienes es de 79.025 euros y cuenta con automóvil propio. Además, tiene una vivienda heredada en Madrid (al 50%) y otra en Ávila (50%), donde también es propietaria de un almacén (50%) y de una finca urbana (50%).

Como vicepresidente del Gobierno, Iglesias recibirá un sueldo de 77.991 euros, y su pareja algo menos como ministra, 73.211 euros. A esas retribuciones se podrían sumar sus pluses de responsabilidad como dirigentes del partido. En una entrevista este martes en La Sexta, Pablo Iglesias calificó de "modestos" estos salarios. "Vas a ganar mucho menos que aquí, pero tu compromiso patriótico te puede ayudar a dejar el sueldo de El Intermedio y tener un modesto sueldo de ministro", contestó al Gran Wyoming, que bromeaba con su entrevistado sobre la posibilidad de obtener un cargo en el Gobierno.

Coches oficiales

Las normas internas de Podemos también son exigentes sobre el uso de coches oficiales. De hecho, establece "la obligación a renunciar, por parte de las personas titulares de altos cargos, a la asignación de un vehículo oficial de carácter permanente, excepto cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protección personal", caso de Iglesias y Montero. Cabe la duda de que en la misma situación se encuentren el resto de ministros de Unidas Podemos: Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells.

"En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales solo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazamientos al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados a lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible, darán ejemplo haciendo uso de medios de transporte colectivos u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente", establece el documento ético, que cumplen escrupulosamente otros dirigentes como Teresa Rodríguez, que se traslada en tren y autobuses urbanos para ir desde Cádiz hasta el Parlamento andaluz en Sevilla desde 2015.

Respeto a sus subordinados

Otra de las cuestiones espinosas en Podemos ha sido la relación de los dirigentes con sus subordinados. La norma interna establecen que "los miembros de Podemos que tengan responsabilidades laborales deberán trabajar para garantizar el respeto de los derechos de las personas que están bajo su responsabilidad, para lo que establecerán en la medida de lo posible protocolos públicos de contratación que fomenten la igualdad y la capacidad, actuando decididamente contra la desviación de poder en la contratación e intentando propiciar en sus ámbitos de decisión un clima laboral de respeto y responsabilidad que permita actuar de forma decidida contra las situaciones de discriminación y acoso en el trabajo".

Casos como el del asistente de Pablo Echenique que trabajó sin contrato, la readmisión en Podemos de un diputado que fue despedido por no ser afín a Iglesias, o el cese masivo de una treintena de errejonistas tras la Asamblea de Vistalegre II cuestionan el cumplimiento de esa directriz. La formación ha protagonizado en los últimos años irregularidades laborales que han dado lugar a litigios como el de una antigua escolta que acusa a Irene Montero de trato discriminatorio y de obligarle a realizar funciones fuera de su cargo.

Podemos se enfrenta ahora a la demanda por despido nulo de esta ex empleada, que reclama ser readmitida porque, según denuncia, prescindieron de ella tras quejarse de las tareas que le imponía Montero, como hacer de recadera de forma «recurrente» y fuera de horario laboral, comprar productos de parafarmacia y droguería para bebés, adquirir comida para sus tres perros o hacer de «chófer de familiares» invitados al domicilio de la pareja. La escolta denuncia haber realizado algunas de estas labores cuándo no estaba en su turno de trabajo e incluso a «horas intempestivas» y no pudiendo descansar entre jornada y jornada.

Los dirigentes de Podemos tienen otro frente laboral en el despido de dos abogados del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona Segura, que han denunciado que su cese fue «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por estar investigando «graves irregularidades» en los asuntos de los que eran responsables, que afectarían, según señalan, a varios cargos internos.