La carrera fiscal no ha encajado nada bien el nombramiento de Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia del Gobierno socialista, como fiscal general del Estado. Fuentes fiscales consultadas por El Independiente califican su nombramiento de "injerencia política sin precedentes" y lo encuadran en la necesidad del Ejecutivo de Sánchez de contentar a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el partido de Oriol Junqueras, que le ha permitido llegar a la Moncloa.

Desde que a primera hora de este lunes se ha hecho pública la designación que el Consejo de Ministros confirmará mañana, las asociaciones de fiscales no han tardado en mostrar su malestar.

Tal ha sido el caso de la mayoritaria Asociación de Fiscales, cuya presidenta Cristina Dexeus ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que está "sorprendida y disgustada pues parece que el presidente del Gobierno quiere llevar a cabo eso que dijo de que la Fiscalía depende del Gobierno".

No es la única asociación que ha entendido que el nombramiento puede poner en peligro la imparcialidad del Ministerio Público y la "necesaria separación de poderes". La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pronto ha deseado también que "los hechos desmientan la apariencia" de que el Ejecutivo quiere controlar al Ministerio Público. Tan sólo Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Dolores Delgado, salió a primera hora de este lunes en defensa de "su trayectoria como fiscal durante 25 años".

Cesiones al independentismo

Los representantes fiscales consultados por este diario ven claro que el nombramiento de Delgado responde a una intención por tratar de controlar las acusaciones que el Ministerio Público tiene abiertas contra los líderes independentistas para hacer gestos hacia éstos en beneficio del Gobierno de Pedro Sánchez que ha salido adelante con la abstención de ERC.

Precisamente la Fiscalía podrá recurrir o no los grados penitenciarios que la Generalitat conceda a Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados en la sentencia del procés y que pueden solicitar la semilibertad.

La ex fiscal general del Estado, María José Segarra, anunció el pasado octubre recursos contra los grados penitenciarios que considerara "no adecuados" para los condenados del procés. También con Segarra como máxima responsable del Ministerio Público mantuvo la acusación por rebelión en la causa del procés.

"Desjudicialización del conflicto"

Pero el contexto político ha cambiado. Pedro Sánchez es presidente gracias a un acuerdo con ERC que pasa por "desjudicializar el conflicto político", como afirmó él mismo, y parece que el papel de la Fiscalía será clave para alcanzar sus objetivos.

Delgado, que acaba de dejar la cartera socialista de Justicia desde la que se intentó que la Abogacía del Estado consiguiera la libertad de Oriol Junqueras por medio de su inmunidad como parlamentario, estará ahora al frente del Ministerio Público, cuyas decisiones serán claves en relación con la causa del procés.