El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechaza investigar al Partido Popular en la pieza del caso Púnica en la que figuran como investigados los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González por engrosar la presunta 'caja B' del partido a través de fondos públicos de Fundescam y de las partidas de Publicidad de distintas consejerías del Gobierno madrileño.

En una providencia con fecha del 10 de enero, el juez rechaza la petición del partido Izquierda Unida de investigar al Partido Popular en las diligencias 85/2014 de acuerdo con un informe de las fiscales Anticorrupción, que el pasado 21 de diciembre consideraron que es "prematuro" realizar una valoración en dicho sentido contra el PP por la falta de indicios.

Tras solicitar las acusaciones de Izquierda Unida y otras que se investigara al PP en el procedimiento, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá firmaron un escrito el 21 de diciembre, notificado al Juzgado Central número 6 cinco días después, en el que afirmaron que "la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos que habrían podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campañas, gastos particulares del Partido Popular en la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros partícipes no ha concluido todavía. Consideramos que es prematuro realizar una valoración de la participación del Partido Popular que justifique su llamada a la causa", informaron al juez.

En una providencia del pasado viernes, y atendiendo a la petición del Ministerio Público, el juez acepta el informe de la Fiscalía y también rechaza incluir al Partido Popular como persona jurídica investigada en la pieza de la presunta financiación irregular de dicha formación en el caso Púnica.

Precisamente el posicionamiento de la Fiscalía en esta causa -donde tendrá que fijar su acusación contra Aguirre, Cifuentes e Ignacio González antes de julio que concluye el plazo de la instrucción si no se pide una ampliación- está en el punto de mira tras el nombramiento este martes de la ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

El origen de los fondos

A principios de septiembre, García-Castellón imputó a las ex presidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en dicha pieza de la presunta 'caja B' del PP y afirmó en su auto que Aguirre "ideó la financiación ilegal del PP para fortalecer su figura política", para lo que, según el instructor, se modificaron las leyes de la Comunidad para que las partidas de publicidad de las consejerías dependiera del vicepresidente Ignacio González.

Así, según los primeros indicios recavados en la investigación, Aguirre y su núcleo de confianza habrían desviado presuntamente parte de los fondos públicos de las comunidades autónomas para financiar irregularmente las campañas electorales de 2007 y 2011 con la ayuda del empresario publicitario Daniel Mercado, también investigado. Por otro lado, según la investigación, los fondos habrían llegado al partido para cubrir el sobrecoste presuntamente ilegal de las campañas por medio de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Por su parte, Cristina Cifuentes está investigada en la causa por adjudicar presuntamente de manera irregular el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011.

Cifuentes presidía la mesa de contratación y formaba parte del comité de expertos que autorizó las adjudicaciones. Fernández, según sostiene Anticorrupción, habría hecho una donación dineraria al Partido Popular a través de Fundescam en el año 2007 -cuando Cifuentes era patrona de dicha fundación- por lo que la acusación pública considera que las adjudicaciones a Cantoblanco respondieron a dicha donación. Tanto Cifuentes como Aguirre declararon ya como investigadas en la Audiencia Nacional, negando en ambos casos la existencia de una 'caja B' en el Partido Popular.