El nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sido visto con buenos ojos por la defensa del presidente de la Generalitat Quim Torra y del ex presidente Carles Puigdemont, procesado por sedición y malversación y declarado en rebeldía por el Tribunal Supremo, que aún le reclama para juzgarle como líder del proceso soberanista catalán.

El abogado Gonzalo Boye considera que la designación de Delgado es "positiva desde el punto de vista de que se nombra a una gran profesional". "¿Me preguntas si nos va a beneficiar? Yo no veo la relación directa, veo que se va a profesionalizar la actuación de la Fiscalía en base al principio de la legalidad, que es algo que veo olvidado desde hace tiempo", traslada en conversación con El Independiente.

El letrado considera que Delgado "es una profesional con las ideas claras y experiencia nacional e internacional, que tiene un currículum, algo que parece molestar a la Derecha". Atribuye las críticas que ha suscitado su elección en la carrera fiscal y judicial a que sea mujer. "Les molesta que sea mujer, que tenga una trayectoria concreta centrada en Derechos Humanos. Además es especializada en Jurisdicción Universal, que eso a la Derecha también le molesta mucho", afirma Boye.

Declinatoria contra Llarena

Los cuatro fiscales de la causa del procés en el Supremo (bajo la jefatura de María José Segarra) solicitaron al instructor Pablo Llarena que mantuviera la orden nacional de detención y la euroorden contra Puigdemont y el consejero de su Gobierno también fugado de la Justicia española Toni Comín, así como que dirigiera un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando que les retire la inmunidad como parlamentarios que reconoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras tras plantear una cuestión prejudicial el Supremo. Llarena dictó dos autos en el sentido solicitado por el Ministerio Público el pasado viernes.

Consultado sobre si espera un cambio de rumbo del Ministerio fiscal sobre las órdenes de detención contra los eurodiputados independentistas, Boye afirma que "a mí me parece que un fiscal que respete la legalidad lo primero que debería cuestionar es si el Supremo tiene competencias reales para mantener cualquiera de esas órdenes y seguir instruyendo la causa. El Tribunal Supremo, desde al menos el 7 de enero cuando tanto Puigdemont como Comín renunciaron a su escaño en el Parlament, dejó de ser competente. Un fiscal en condiciones lo que haría es plantarle tipo al juez y decirle: 'Tú no puedes juzgar esto'", afirma el defensor de Puigdemont, quien cree que la Fiscalía debería presentar una declinatoria al juez Pablo Llarena que, según él, "es perfecto conocedor de que no tiene competencias para instruir la causa".

María José Segarra no ha dirigido la Fiscalía en todo este tiempo. La mayoría de españoles no recuerda ni su nombre

Boye es crítico con la fiscal general saliente María José Segarra, de la que dice que "no ha dirigido la Fiscalía en todo este tiempo". "La mayoría de españoles no recuerda ni su nombre. No la hemos escuchado hablar en todo este tiempo y menos dirigir la Fiscalía que es lo que cualquiera puede esperar. El estatuto fiscal establece una jerarquización", recuerda el abogado.

Inhabilitación de Torra

En los próximos días está previsto que la Fiscalía se pronuncie sobre la inhabilitación de Quim Torra como diputado del Parlament y como presidente de la Generalitat. Gonzalo Boye también defiende al presidente de la Generalitat condenado por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El letrado considera que Torra sigue siendo presidente de Cataluña y diputado hasta que haya una sentencia firme del Supremo. El pasado viernes, el alto tribunal rechazó la medida cautelarísima solicitada por el presidente catalán contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle en aplicación del artículo 6 de la Ley Electoral. Según éste, se puede inhabilitar a los condenados por delitos contra la Administración (como es su caso por desobediencia) aunque la sentencia no sea firme.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó la suspensión cautelarísima (urgente en 48 horas) del acuerdo de la JEC solicitada por Torra y decidirá si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión de la decisión del órgano electoral mientras se resuelve el recurso sobre el fondo que el president presentó en el Supremo sobre este asunto.

Es decir, el Supremo abrió un plazo de cinco días para que tanto la Fiscalía como la Junta Electoral Central manifiesten si procede suspender el acuerdo de la Junta Electoral contra Torra o no hasta que el Supremo resuelva sobre el fondo. El posicionamiento del Ministerio Público antes del sábado al respecto será una de las decisiones de la nueva fiscal general del Estado que analizarán con lupa los críticos de su nombramiento.