La propuesta del 'pin parental', auspiciado por Vox en Murcia y Madrid, es una facultad que permite a los padres a no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades externas relacionadas con cuestiones morales, religiosas o ideológicas en los centros educativos.

La medida defendida por la formación de extrema derecha, requiere del consentimiento previo de los padres para la participación de sus hijos en cualquier tipo de actividad escolar. Su puesta en marcha supondría, en un principio y a tenor de lo defendido por los de Santiago Abascal, dar la posibilidad a los padres de levantar un veto en materias de "educación afectiva-sexual" y de "ideología de género" en las aulas. La iniciativa está dirigida principalmente hacia charlas y talleres sobre la homofobia, diversidad LGTBI y la violencia de género que, por otra parte, son contenidos curriculares contemplados en las leyes autonómicas que tienen como objetivo educar en la diversidad.

El 'pin parental' ha sido una de las medidas estrella de Vox tanto en las elecciones generales como en la mayoría de sus intervenciones públicas. La formación ha insistido en la necesidad de implantación ''ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres".

PP y Ciudadanos han transigido con la polémica medida en Murcia, donde los cuatro diputados autonómicos eran indispensables para sacar adelante las cuentas en la región. Pese a aceptar la implantación del 'pin parental', no se blindará legalmente como pretendía Vox en un principio y los límites vendrán marcados por la Constitución.

El 'pin parental' fue también una de las condiciones que impusieron los de Abascal en Andalucía, donde aún no se ha desarrollado ni se han sentado las bases para hacerlo. Pendiente queda Madrid, donde Rocío Monasterio también ha supeditado su apoyo a las cuentas de Ayuso y Aguado a la controvertida iniciativa.