En Pedroche, a diez kilómetros de Pozoblanco, hace ya casi una década que la antigua casa cuartel de la Guardia Civil echó el cerrojo. Hoy es uno de los edificios desocupados de los que intenta desprenderse el Ministerio del Interior, que lo ha subastado sin éxito en cuatro ocasiones y no ha encontrado todavía comprador pese a rebajar el precio a la mitad. El inmueble, con 830 metros cuadrados repartidos en tres plantas, está tasado en 78.459 euros.

Como las viejas instalaciones cordobesas, construidas en 1971 y en cuya fachada lució el 'Todo por la patria' hasta 2010, al menos otros 87 acuartelamientos y puestos de la Guardia Civil han cerrado sus puertas en los últimos 15 años. En este tiempo, el país sufrió una grave crisis económica y se acentuó el flujo desde los núcleos rurales a las grandes ciudades, haciéndose visible la realidad de la 'España vaciada'.

De acuerdo con el listado facilitado por Interior en respuesta a una petición de información a través del Portal de la Transparencia, una cuarta parte de esos 88 antiguos cuarteles se ubica en poblaciones de menos de un millar de habitantes. Y, en una decena de casos, el número de vecinos no llega a superar los 300: Cañaveras y Tragacete, en Cuenca; Budia y Condemios de Arriba, en Guadalajara; Plan (Huesca); Vadillos (La Rioja); Castrillo de Villavega, Meneses de Campos y Palenzuela, en Palencia, y Saucelle (Salamanca).

El edificio donde se encontraba el puesto de El Pozuelo, en la sierra de Alcaraz, cerró sus puertas en 2007. En 2018 se reconvirtió como una oficina de atención al ciudadano dependiente del de Peñas de San Pedro y operativa durante dos días a la semana para atender las necesidades de los 489 vecinos de esta localidad albaceteña.

De puesto a oficina de atención al ciudadano

Una situación similar ocurre en Calera y Chozas, donde el cuartel de la Guardia Civil echó el candado en 2008 debido al mal estado en el que se encontraba el edificio (construido en 1981). El Ayuntamiento de esta localidad toledana trató de paliar esta situación cediendo un local para que el Instituto Armado abriera una oficina de atención que operativamente depende del puesto de Talavera de la Reina.

Según este listado, las clausuras de acuartelamientos desde 2004 se localizan en 29 provincias, destacando Cataluña con 26 puestos. Más de la mitad de la clausura de las instalaciones se registran en Tarragona (15), concretamente en los municipios de Llorens del Penedès (2008), La Selva del Camp, Flix, Horta de San Juan, Alcanar, Puente de Armentera, Constantí, Alcover, Roda de Bará, Ulldecona, Montroig (Miami Playa), Deltebre, Montblanch, Espluga de Francolí y Cenia, todos en el año 2009.

La mayor parte de los cierres se ha debido al mal estado de conservación de los acuartelamientos por la falta de inversiones para mantenimiento registrada en la última década debido a la crisis y la antigüedad de los inmuebles. De los 2.000 existentes, más de un tercio tienen más de medio siglo y más de 120 se construyeron hace más de 75 años.

Una cuarta parte de los 88 cuarteles y puestos de la Guardia Civil que han cerrado sus puertas desde 2004 se ubican en pueblos de menos de un millar de habitantes

De forma parcial al menos, esta situación de deterioro de las instalaciones debe corregirse cuando se ejecute el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019 y que reserva 275 millones de euros a la construcción y reforma de cuarteles de la Guardia Civil. Según el Ministerio del Interior, ya se están definiendo y redactando los proyectos como paso previo al inicio de las obras.

Tampoco ha ayudado al mantenimiento de algunos puestos la falta de demanda a la hora de cubrir plantillas debido a la carencia de servicios o la lejanía con núcleos urbanos de dichos destinos. Esta problemática ha llevado a la consultora que ha realizado el estudio comparativo para la equiparación salarial a proponer a Interior el establecimiento de un complemento por "territorialidad inversa" como atractivo económico "para compensar los destinos en territorios despoblados".

¿Un plus como incentivo?

En abril de 2017, cuando la ‘España vaciada’ empezaba a revelarse ya como problema de Estado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) identificó un conjunto de 79 medidas cuya puesta en práctica ayudaría a frenar la pérdida de población en los núcleos rurales. En concreto, la número 21 establece: "Evaluar y, en su caso, promover la creación de incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio". Ello iría en la línea de la medida que la multinacional Ernst&Young ha puesto encima del ministro del Interior.

No sería el primer concepto retributivo extraordinario que se instauraría en los cuerpos policiales. En agosto de 1980, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó la creación de un complemento por ‘zona conflictiva’ para incentivar la presencia de guardias civiles y policías nacionales en el País Vasco y Navarra cuando la banda terrorista ETA llevaba a cabo su actividad sanguinaria, dado el mayor riesgo al que se enfrentaban los funcionarios en dichas comunidades.

"Hay que incentivar los puestos de baja demanda a través de un sistema de compensaciones no sólo económicas. También sería interesante, desde el punto de vista profesional, que estar destinado en determinadas poblaciones pequeñas comporte méritos para ascender o para obtener destino", defiende el vicepresidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), Ángel Ramírez.

De esta opinión es también APROGC, que considera que la concesión de incentivos contribuiría a que los agentes que están destinados en determinadas localidades pequeñas "les resulte atractivo estar allí". "Es un problema que nos atañe a todos y entre todos tenemos que buscar la solución", expone Fernando Ramírez Trejo, presidente de esta asociación.

ASESGC llama la atención sobre el "papel vertebrador" que ejerce la Guardia Civil y recuerda que, en los 2.650 municipios españoles con menos de 500 habitantes, el cuartel es la única presencia de la Administración General del Estado. "No sólo tramitamos denuncias en materia de seguridad. También ofrecemos al ciudadano información sobre acciones o procedimientos concernientes a las distintas administraciones públicas, ya sean del ámbito local, autonómico o estatal e incluso del ámbito privado", añade Ángel Ramírez.

Guardias civiles reclaman incentivos, económicos y profesionales, que hagan atractivo pedir destino en pueblos pequeños y evitar así que sigan despoblándose

Conscientes del problema, ASESGC organizó el pasado 17 de octubre una jornada en Madrid -bajo el título El valor de la Guardia Civil en la España vaciada- como foro de reflexión acerca de la despoblación que sufre una parte importante del país y la aportación de este Cuerpo policial como medida que ayude a fijar población en el medio rural. "La presencia del acuartelamiento, con su comandante de puesto a la cabeza, genera una sensación de seguridad subjetiva difícil de superar", defienden.

A juicio de esta asociación, resulta indispensable destinar fondos para el arreglo y mantenimiento de los puestos y acuartelamientos por parte de diversas administraciones -desde la Unión Europea a los ayuntamientos, pasando por ayuntamientos y gobiernos regionales- y también un incremento del personal. Para ASESGC, la Guardia Civil debería disponer de al menos 105.000 agentes, cifra que supondría aumentar la plantilla actual en unos 25.000 funcionarios.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, también considera imprescindible la mejora de las infraestructuras y los medios operativos para poder ofrecer la mejor respuesta después de años de restricciones presupuestarias. Pero la solución que plantean es diferente y, en su opinión, pasa por reformar el actual modelo policial.

"Tiempos de reacción"

"Las casas cuarteles abandonadas en el entorno rural, muy pequeñas y en mal estado, deben cerrarse para dar paso a un nuevo despliegue operativo de la Guardia Civil que permita atender mejor las necesidades de los ciudadanos y se puedan reorganizar aquéllas en unidades más grandes y que reduzcan los tiempos de reacción ante la incidencia que pueda tener el ciudadano", razona Juan Fernández, portavoz de la AUGC.

En opinión de esta asociación, hacer frente al "desafío demográfico de la España vaciada" debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de María Gámez, la primera mujer que dirige la Guardia Civil en sus casi 176 años de historia tras la remodelación llevada a cabo por Grande-Marlaska en la cúpula del Ministerio del Interior para afrontar la nueva legislatura.

Los acuerdos del PSOE con Podemos y Teruel Existe para la investidura de Sánchez incluyen medidas para reforzar la presencia de la Guardia Civil en los pueblos

El acuerdo firmado por el PSOE por el que Unidas Podemos ha votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez incluye un capítulo -titulado 'Revertir la despoblación'- que incluye diversas medidas para intentar evitar que muchas zonas rurales sigan vaciándose. Una de ellas dice textualmente: "Garantizaremos la seguridad en nuestros pueblos con la recuperación del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, perdidos durante los siete años de la Administración anterior, y el impulso del plan de infraestructuras de la Guardia Civil para garantizar el servicio público de la seguridad en todo el territorio".

Acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez.

El acuerdo de investidura con la Agrupación de Electores Teruel Existe también prevé medidas que ayuden a la repoblación y al equilibrio territorial. En materia de seguridad ciudadana, en concreto, el documento firmado con el PSOE para dar su apoyo a Sánchez establece: "Aumento del número de guardias civiles, con mejoras en sus infraestructuras, en especial la vivienda, y dotación de medios suficientes".

La rehabilitación de cuarteles y el incremento de plantillas serán dos de las medidas que tendrá que ejecutar la flamante directora general de la Guardia Civil. De entrada, mejorar el clima de diálogo con las asociaciones profesionales, muy deteriorado en la etapa de Félix Azón. También la ejecución del acuerdo de equiparación salarial con el pago del tercer tramo, el establecimiento de una jornada laboral que facilite la conciliación y la adecuación de la productividad al esfuerzo de los agentes, entre otras asignaturas pendientes.