Este lunes comienza en la Audiencia Nacional la "segunda parte" del juicio del procés. Se trata del juicio contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su responsabilidad en la ruta independentista de Cataluña, concretamente en el asedio a la consejería de Economía catalana los días 20 y 21 de septiembre de 2017 por parte de más de 40.000 manifestantes y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el banquillo se sientan el que fue mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, el ex director del Cuerpo catalán, César Puig, el segundo responsable de la consejería de Interior catalana, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a Trapero, Puig y Soler de rebelión y a Laplana de sedición. El primero de ellos, al que se identificó con el Govern independentista de Puigdemont y a cuyos intereses acusa el Miniserio fiscal de haber plegado a la policía catalana, se enfrenta a 11 años de prisión y los mismos de inhabilitación.

Sin embargo, ya se da por hecho la rebaja de la Fiscalía, al menos, hasta el delito de sedición, el mismo por el que se condenó a los líderes políticos del proceso independentista. Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya se refirieron a la actuación de los responsables de la policía catalana aunque no fueran objeto de la causa. Consideraron que facilitaron la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 con su "actuación aparente" y su intervención "en un mínimo número de centros". También que tuvieron "connivencia" con los líderes del procés, probablemente por su "coincidencia ideológica" y las expectativas de "granjearse el aplauso y beneplático" del presidente Puigdemont y los miembros de su Govern.

Precisamente porque la actuación de la cúpula de los Mossos se aborda como parte de la estrategia independentista, no tendría sentido que el Ministerio Público mantenga la acusación por rebelión una vez dictada la sentencia del Supremo. Habrá que ver si los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, que serán quienes intervengan en el juicio, descienden un grado en su acusación a la sedición o lo hacen aún más, a la desobediencia.

Se desligó de la estrategia independentista

Trapero, a través de su abogada Olga Tubau, se desmarcó de la estrategia soberanista en abril de 2019, cuando en el escrito de defensa presentado en la Audiencia Nacional defendió su inocencia. Destacó su "disposición al cumplimiento de la Constitución" y afirmó que puso a los Mossos y a él mismo a disposición de la Justicia.

A diferencia del resto de acusados en la causa contra el Cuerpo catalán, Trapero no cuestionó que la Audiencia Nacional fuera competente para juzgarle

A diferencia del resto de acusados en la causa contra el Cuerpo catalán, Trapero no cuestionó que la Audiencia Nacional fuera competente para juzgarle. Negó que se plegara a los intereses del independentismo y, como prueba de ello, en su escrito de defensa reflejó que después de tener conocimiento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), se dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Jesús Barrientos y al fiscal superior de Cataluña fallecido José María Romero de Tejada para ponerse "a su disposición con el fin de dar cumplimiento a las órdenes que se pudieran derivar en relación con esos hechos". 

Habría detenido a Puigdemont

El mayor de los Mossos tuvo una aparición "estelar" en el juicio del procés celebrado en el Supremo cuando, sentado en el banquillo como testigo a propuesta de la defensa del ex conseller de Interior Joaquim Forn afirmó que el 27 de septiembre, día de la DUI, tenía previsto un "operativo" para "la detención del president y los consellers" y que trasladó a la justicia su disposición para hacerlo.

Fue una revelación que a su vez se entendió como un adelanto de la que será su defensa en el juicio que arranca este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional. Precisamente se espera que Trapero ahonde en la explicación de dicho operativo ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal que le juzgará. Comprondrán el tribunal la presidenta Concepción Espejel y los magistrados Ramón Sáez Valcarce, que será el ponente de la sentencia, y Francisco Vieira.