El ya conocido como segundo juicio al procés, que comenzó este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) por su responsabilidad en la celebración del referéndum ilegal de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 parece más bien un ajuste de cuentas entre la policía catalana y los miembros del Govern de Puigdemont que protagonizaron el intento de desligar Cataluña de España.

El máximo responsable de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de rebelión por el que se enfrenta a 11 años de prisión, se desvinculó este lunes durante su declaración como acusado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ahora fugado de la Justicia en Bélgica y procesado por sedición y malversación, así como de los miembros de su Govern.

Así, sobre las declaraciones públicas del consejero de Interior Joaquim Forn días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre, quien afirmó que los Mossos ayudarían a que hubiera votación, Trapero afirmó que se hicieron dos comunicados del Cuerpo catalán quejándose de dichas intervenciones. Después, ni él ni otros mandos insistieron porque "entendemos que la función de los Mossos no es decir a los políticos qué tienen que hacer, los Mossos no tienen que decir a los políticos qué deben hacer", contestó el mayor de la Policía catalana a preguntas del Ministerio Fiscal.

Puigdemont no le nombró

Trapero negó a preguntas del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo tener ninguna relación "ni estrecha ni personal" con Puigdemont, así como que éste hubiera intervenido en su nombramiento como comisari en cap de los Mossos.

De esta manera, Trapero ahondó en la estrategia de desligarse de la estrategia independentista ya iniciada en su escrito de defensa presentado en la Audiencia Nacional, en el que sostuvo que como jefe de los Mossos se puso a disposición de la Justicia los días previos al referéndum del 1 de octubre, así como durante su declaración como testigo en el juicio del procés celebrado en el Tribunal Supremo, en el que afirmó que la Policía catalana tenía un operativo preparado el día que se proclamó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que no llegó a tener efecto por si había que detener al presidente de la Generalitat y los miembros de su Govern.

Culpa a la Guardia Civil del 20-S

En relación con el asedio a la consejería de Economía catalana entre el 20 y el 21 de septiembre, Trapero volcó sobre la Guardia Civil la responsabilidad de que una marabunta de 40.000 personas se agolpara delante del edificio donde una comitiva judicial practicaba un registro e impidieran la salida de los investigadores durante todo el día. Según el responsable de los Mossos, si hubieran avisado el día antes de que realizarían una operación, habrían movilizado a efectivos suficientes, con los que no contaban, defendió.

Trapero se sienta en el banquillo acusado de rebelión, igual que el director del Cuerpo catalán César Puig y el número dos de la consejería de Interior, Pere Soler. La intendente Teresa Laplana se enfrenta a cuatro años de prisión por un presunto delito de sedición.

Puesto que ya exite una sentencia del Tribunal Supremo por sedición contra los líderes políticos del procés, la Fiscalía ya ha avanzado que puede rebajar su calificación a la sedición, aunque al final del juicio. Mientras tanto, los acusados y los testigos del juicio que se celebra ante la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional continuará su curso.