La voz de los barones socialistas vuelve a resurgir frente al Ejecutivo y sus cesiones al independentismo catalán. En concreto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha alzado la voz este jueves y ha calificado de "veneno" el diálogo que Pedro Sánchez prevé mantener con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a la inhabilitación de este decretada por el Tribunal Supremo.
"Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno, ha señalado, en relación a la mesa de diálogo abierta entre el Gobierno y la Generalitat, una de las condiciones que impuso ERC para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez.
Page ha afeado que "otros" que "ya están en los tribunales" puedan "opinar sobre el Código Penal que les afecta, lo cual no deja de ser absolutamente increíble y paradójico. Es alucinante", zanjaba, en referencia a la predisposición del Ejecutivo, de su mismo partido, de abrirse a modificar los delitos de sedición y de rebelión.
Y no se ha quedado ahí. El dirigente castellanomanchego ha hecho estas manifestaciones en una intervención en la que ha anunciado que denunciará al Gobierno si no acuerda con las autonomías el pago del IVA de 2017, asunto sobre el que espera una solución dialogada que evite un recurso.
En este sentido, ha apuntado que eso que suele tener una "condena electoral", en algunos otros países en un momento determinado "les lleva a sometimiento de juicio, como se está viendo en Estados Unidos".
En todo caso, García-Page ha insistido en que "si no hay más remedio" reclamarán "judicialmente" la deuda "objetiva" que Hacienda tiene con Castilla-La Mancha. "A mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político", ha dicho García-Page, frase con la que ha querido dejar claro su defensa de la región.
"No se puede mercadear" con el Código Penal
El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado también que "con los derechos de los españoles no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable". Ha agregado también que sobre la reforma de esta legislación no pueden decidir "aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, volverán a hacer lo mismo".
El dirigente autonómico se ha referido así al debate sobre la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para revisar la tipificación entre otros del delito de sedición, lo que ha sido interpretado por la oposición como una vía para suavizar las penas de los políticos condenados por el proceso independentista.
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