Los representantes del PP en la Mesa del Congreso, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, insistirán hoy en la necesidad de cambiar la dinámica parlamentaria que creen gravemente afectada por la decisión de Pedro Sánchez de reunir a su Consejo de Ministros los martes en lugar de los viernes, por entender que limita la labor de control del Parlamento. Lo cierto es que tanto la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, como el bloque de la mayoría, formado por tres representantes del PSOE y otros tres de Unidas Podemos, no son partidarios de modificaciones, por lo que las alternativas en este sentido corren el riesgo de quedar en nada.
Precisamente, Batet llevará hoy a la Mesa una propuesta de calendario de sesiones plenarias para que los miembros de la misma la valoren. Enero es inhábil parlamentariamente y los primeros plenos se celebrarán entre los días 11 y 13 del mes que viene. En ese contexto, Pastor y Suárez Illana defenderán cambiar los debates para dar mayor visibilidad a la oposición.
Conforme al modelo que expuso la semana pasada la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, los martes por la tarde dejarían de debatirse las proposiciones de ley de los Grupos para dar paso a las reuniones en comisión. La sesión de control al Gobierno se celebraría el miércoles por la tarde dejando la mañana de ese día al debate de los proyectos del Ley del Ejecutivo y, por último, los jueves serían para las iniciativas de la oposición. Además, la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces se reunirían los lunes por la mañana y no los martes, para no coincidir con la convocatoria del Consejo de Ministros.
El PP afirma que la decisión de ordenar los plenos es de Batet
Fuentes parlamentarias explican a El Independiente que la decisión no corresponde a la Mesa sin escuchar antes a la Junta de Portavoces, mientras que desde el PP subrayan que "la decisión de cómo se ordenan los plenos es de la presidenta del Congreso. La iniciativa es de ella". A lo más que se comprometió Meritxell Batet la semana pasada fue a "hablar y consensuar con los Grupos Parlamentarios" dicho orden de los plenos, "cuando debería ser ella la que hiciera un planteamiento".
De hecho, hace doce años fue el entonces presidente del Congreso, José Bono, el que tomó unilateralmente la decisión de cambiar la sesión de control al Gobierno de los miércoles a las cuatro de la tarde a las nueve de la mañana de ese mismo día y comprimir las sesiones parlamentarias en dos días, en lugar de tres. Bono comunicó sus intenciones a la Junta de Portavoces, pero a pesar de las reticencias de la oposición, siguió adelante con sus planes. De ahí que el PP insista en que Batet puede promover cambios.
"No es de recibo que el martes, cuando está dando el Gobierno la rueda de prensa del Consejo de Ministros se esté debatiendo en el Congreso las propuestas de la oposición", señalan fuentes populares. Tampoco que los Grupos Parlamentarios apenas tengan tiempo para replantear sus preguntas a la luz de los acuerdos del Ejecutivo, que es la queja más generalizada.
Lo más probable es que se amplíe el plazo de preguntas para la sesión de control
Vox también quiere mover el control al Gobierno al jueves por la mañana, de modo que los diputados dispongan de mayor plazo de tiempo para actualizar y plantear sus preguntas, de modo que puedan estar más pegadas a la actualidad política. En su caso es el veterano Ignacio Gil Lázaro el que, sin duda, presentará batalla en este sentido.
No obstante, todo apunta a que la mayor concesión pase por establecer un nuevo plazo para la presentación de preguntas que van a la sesión de control, una de las peticiones planteadas por Ciudadanos en la última reunión de la Junta de Portavoces, que esta semana no está convocada. Por lo demás, "no hay previsión de que vaya a haber cambios", admiten las fuentes parlamentarias consultadas.
Se trata de un nuevo campo de batalla de esta legislatura que puede llevar a que los grupos de la oposición rechacen, por vez primera, el calendario que lleve Batet a la Mesa. A juicio de Álvarez de Toledo existe «una deriva autoritaria en tres frentes: exaltación del Poder Ejecutivo, sometimiento del Poder Judicial y degradación del Poder Legislativo». Porque además de un gobierno «hiperatrofiado" y de la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, se «degrada» el legislativo «para opacar las labores de control e impulso de iniciativas parlamentarias».
El órgano de gobierno del Congreso abordará asimismo la creación y composición de las comisiones parlamentarias. En este punto socialistas y populares parecen estar de acuerdo en que no haya una inflación de las mismas, tanto por cuestiones organizativas como económicas.
Impedir la "inflación" de comisiones
De modo que, a diferencia de la estructura del Gobierno, no tenga que haber necesariamente una comisión, por ejemplo de Consumo, y pueda seguir vinculada a la de Sanidad, ni tampoco otra de Universidades para mantenerse junto a la de Ciencia e Innovación. En la anterior legislatura eran 34 entre permanentes legislativas, permanentes no legislativas y mixtas congreso-Senado.
En este sentido, el PP, a quien pudiera corresponder la presidencia de hasta diez comisiones, no descarta ceder alguna a Ciudadanos en su afán por articular un frente común, germen de una colaboración más profunda, tal y como pretende Pablo Casado.
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