La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Aránzazu González Laya, que adopte "las medidas que procedan" para garantizar la "seguridad, imagen y honor" de los agentes que prestan servicio en la Embajada de España en Bolivia de forma estable o los que se desplacen en labores de refuerzo.

En una carta enviada a la máxima responsable de la diplomacia española, el sindicato muestra su preocupación por la situación que vivieron el pasado 27 de diciembre cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) cuando escoltaban a dos compatriotas de la legación en el país suramericano -la encargada de Negocios y el de la oficina consular- que se habían desplazado a la residencia de la canciller mexicana en La Paz para mantener "una visita de cortesía".

Las autoridades bolivianas acusaron a funcionarios de la Embajada española de haber tratado de acceder a la legación mexicana en coches de la embajada, de forma "clandestina" y junto a individuos "encapuchados" y "presumiblemente armados" (en alusión a los policías), a la residencia de la embajadora de México en aquel país, María Teresa Mercado.

La CEP vuelve a defender la actuación de los agentes y dijo que, si éstos se taparon los rostros, fue en un intento de evitar que sus imágenes quedaran "comprometidas" una vez se captaran y difundiesen de manera viral por las redes sociales, "con pleno respeto a los criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

En este sentido, la organización sindical destaca la gravedad de que funcionarios bolivianos implicados en la expedición o representantes gubernamentales filtraran "documentos oficiales" sobre los policías españoles destinados en aquel país a un periodista local, que los difundió a través de sus redes sociales. "Informaciones, todas ellas, que comprometen su integridad personal, la mínima reserva profesional de sus actuaciones profesionales y la protección de su intimidad, imagen y honor en un país que ha declarado la existencia de un contencioso diplomático con España que ha llegado a provocar la expulsión de personal de nuestra legación en La Paz", añade.

"Compromete" la labor policial

La CEP considera que la divulgación de datos sobre los GEO para que sean identificados y reconocidos de forma masiva "compromete" la labor ya de estos policías y su seguridad personal "se enfrenta a unos riesgos evidentes y concretos".

"El acceso masivo a estas informaciones, además del riesgo para la seguridad, del compromiso operativo a futuro de los policías cuando se reintegren a sus cometidos en España, implica también su vinculación a operaciones alegales, de carácter político, con las que no tienen ninguna vinculación porque su quehacer se somete a la legalidad más estricta", expone. Y añade: "Todo ello, además, bajo la clave de bóveda de la Constitución Española".

Por ello, la organización sindical reclama a la ministra González Laya que tome las decisiones necesarias a fin de que los policías puedan desempeñar las funciones de escolta asignadas "en unas condiciones mínimas de respeto a su condición de personal diplomático del Reino de España acreditado ante ese país".