El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace equilibrismos para compatibilizar las exigencias de su socio de gobierno, Unidas Podemos, con el carácter centrista que siempre ha imprimido a sus políticas económicas. Contentar a la vez a sus vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño exige cesiones, consensos y una moderación que ha empezado a exhibir esta semana.
El presidente ha cumplido su primer compromiso con sus socios, subir el Salario Mínimo Interprofesional, pero lo ha hecho con matices: previo acuerdo con los sindicatos y la patronal, que fue excluida del anterior incremento aprobado por decreto, y de forma moderada.
El Ministerio de Trabajo pactó este miércoles con sindicatos y patronal que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba hasta 950 euros este año. Los representantes de los trabajadores exigían una subida mayor para alcanzar cuanto antes el listón del 60% del salario medio nacional que recomienda la Carta Social Europea. Este incremento equivaldría a dejar el SMI en torno a 1.200 euros.
Por el contrario, los empresarios de CEOE, Cepyme y las asociaciones de autónomos llevaban días advirtiendo sobre el efecto perverso que podía tener sobre el empleo un fuerte incremento. Finalmente, la subida ascenderá al 5,5% en 2020. De esta forma, el SMI anual quedará fijado en 13.300 euros, repartido en 14 pagas. El incremento es muy inferior al aplicado el pasado año, que batió los récords de la democracia con una polémica subida del 22,3%, que lo estableció en 900 euros, como exigía Podemos, que en campaña electoral prometió llegar hasta los 1.200 euros.
Sin embargo, Iglesias ha optado finalmente por asumir la senda de la moderación para evitar arrancar la legislatura con una confrontación directa con los empresarios, algo de lo que ha sacado pecho en la red social Twitter. "Quienes vaticinaban erróneamente el apocalipsis cuando logramos el salario mínimo de 900 euros van a tener difícil criticar una nueva subida acordada con la patronal. Seguimos", proclamó ayer.
Mientras Sánchez e Iglesias lanzaban este mensaje de puertas para dentro, el presidente del Gobierno se esforzaba por tranquilizar a las grandes multinacionales -denostadas por Podemos- durante su participación en el foro económico de Davos (Suiza). Los tachados como "fondos buitres" por sus socios de Gobierno han protagonizado la agenda del presidente, que se ha reunido con diez grupos internacionales (inversores, bancos y empresas consultoras): Zurich Insurance Group, Morgan Stanley, Soros Fund Management, BC Partners, Mckinsey, Dow Corporate, City Group, Bank of America, Amchamspain y Salesforce.
Según Moncloa, los grandes inversores "han mostrado una gran confianza en el nuevo Gobierno de España". Morgan Stanley ha destacado lo bien que "ha comprado" el mercado este nuevo Gobierno de coalición en España, indicando la confianza que genera la política seria y responsable del mismo. Pedro Sánchez les ha destacado que España cumplirá con la responsabilidad fiscal, la reducción del déficit y los objetivos de deuda que marca Europa.
El presidente también se ha reunido con grandes tecnológicas como Amazon tras anunciar que ralentizará la puesta en marcha de la conocida como 'tasa Google' después de que Donald Trump amenazara con aranceles a los países que pongan freno a esos gigantes de las economía norteamericana.
Durante la reunión con los inversores se analizaron cuestiones como la unión bancaria, los presupuestos y el Brexit y Cataluña, y han expresado confianza en la acción del Gobierno de España, según informa la Moncloa. El presidente ha explicado las prioridades del Gobierno sobre transformación digital y transición ecológica, generando el interés de los inversores sobre "las oportunidades" en ambos campos. "Ven enorme potencial en España para convertirse en líder de asuntos como ciberseguridad", asegura el Gobierno.
El presidente también se ha reunido con representantes de Renault-Nissan para tratar el futuro del sector automovilístico con el objetivo de mantener los puestos de trabajo en la planta de Nissan y la viabilidad de la factoría.
Pedro Sánchez ha aprovechado el Foro de Davos para reunirse con los presidentes de Colombia y Ecuador, con los que ha tratado la crisis de los refugiados, la necesidad de que Venezuela celebre elecciones este año, la crisis en Bolivia, la situación de Chile y la COP25. Aunque el presidente se ha negado a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que sí se ha visto con Josep Borrell, el Gobierno ha mantenido su línea política de reconocimiento a su figura, a pesar del rechazo de Podemos.
En definitiva, la actividad nacional e internacional del Gobierno resulta moderadamente progresista, sin asustar a los grandes inversores, pactista y reformista con suavidad. Desarrolla una agenda basada en cuestiones que no le cuestan a las arcas públicas, como la subida del SMI, mientras que confía en que Europa no le exigirá rebajar el déficit rápidamente para afrontar las gravosas (pensiones y salario de los funcionarios), sin plantear todavía una reforma fiscal.
Todos esos elementos, sumados a la declaración de la emergencia climática, hacen que la agenda del Gobierno se revista como una nueva socialdemocracia, que se está tiñendo de verde en el mundo para intentar actualizarse especialmente hacia los jóvenes frente a los movimientos populistas y conservadores.
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