El Grupo Socialista ha registrado este viernes en el Congreso sus primeras iniciativas legislativas, concretamente cuatro proposiciones de ley con las que buscan legalizar la eutanasia, ampliar la ley de Memoria Histórica, derogar el plazo máximo de instrucción de sumarios y acabar con la posibilidad de que el Senado bloquee los Presupuestos vetando el techo de gasto.

Son proposiciones de ley similares a las que el PSOE registró en la pasada legislatura y que, sin tiempo para iniciar su tramitación, decayeron con la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones.

Este primer paquete de iniciativas parlamentarias se completa con tres proposiciones no de ley (PNL), sobre memoria democrática, garantías educativas frente al "pin parental", y cambio climático.

Iniciativas "prioritarias"

Según asegura el PSOE, se trata de "cuestiones prioritarias" para el gobierno de coalición que comparten con Unidas Podemos con vistas a esta XIV Legislatura y afectan a "cuestiones sociales, jurídicas y económicas y de compromiso con la lucha contra el cambio climático".

La proposición de ley orgánica de regulación de la Eutanasia pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda social, regulando el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Y pretende con ello hacer compatibles derechos y principios constitucionales como son el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad.

En cuanto a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el PSOE busca que el veto del Senado a la senda del déficit no sea irreversible, sino que pueda levantarse en el Congreso. Según dice el PSOE, esta reforma se incluye dentro de los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea, que requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional.

Con la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pretende agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como evitar la prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción

Asimismo, su Ley de Memoria Histórica y Democrática busca reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia y desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó, como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores.

Dos textos sobre memoria

En la misma dirección, la proposición no de Ley sobre memoria democrática, también registrada pero sin fuerza de ley, pretende el reconocimiento, reparación y dignificación de la memoria de las víctimas del franquismo y la puesta en marcha de medidas como exhumaciones de fosas comunes.

También pide la retirada de simbología franquista de lugares públicos; prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares públicos; retirada de condecoraciones y prestaciones sociales de criminales no juzgados durante el franquismo; declarar nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género; y auditar y devolver bienes expoliados por el franquismo a sus legítimos titulares, así como recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

La PNL de para reforzar el compromiso en la lucha contra el cambio climático insta al Gobierno a trabajar en la aplicación de la reciente Declaración de Emergencia Climática en España, la aprobación de la Ley de Cambio climático y transición energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

Por último, el PSOE entra en la polémica del llamado "pin parental" que defiende Vox y registra otra proposición no de ley sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.

"La derecha pretende convertir la escuela en foco de adoctrinamiento, intentando implantar un modelo conservador y parcial", denuncia el PSOE, que pide al Gobierno "defender la Constitución de los ataques de la ultraderecha y la derecha, y respaldar y reforzar los centros educativos frente a estos ataques y adoctrinamientos".