Aunque los populares no necesitan de Ciudadanos para promover la constitución de una comisión de investigación sobre lo que han bautizado el "caso Ábalos", ambos grupos han presentado la tarde de este lunes en el registro de la Cámara la que es la primera petición en este sentido de la nueva legislatura. Con ello comienza a fructificar la unidad de acción entre ambos partidos, que tiene su primer reflejo parlamentario pero que continuará en otros escenarios, si nada se tuerce, como el País Vasco, que celebra elecciones autonómicas este año.

El objeto de esta iniciativa, firmada por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo y el de Ciudadanos, Edmundo Bal, es "investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con las decisiones adoptadas por el Gobierno para el estricto cumplimiento" de las sanciones que la Unión Europea aprobó en 2017 contra 7 miembros del ejecutivo venezolano de Nicolás Maduro, más tarde ampliado a 25.

El pleno del Congreso o la Junta de Portavoces pueden rechazar la petición

En todo caso, corresponde al pleno del Congreso acordar la creación de una comisión de investigación, -a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara- lo que augura el fracaso de la iniciativa de populares y "naranjas" si la mayoría con la que Pedro Sánchez sacó adelante su investidura vuelve a ponerse de acuerdo para frenarla. Incluso la Junta de Portavoces "la puede vetar eternamente por mayoría y no llegar nunca a pleno", señalan fuentes parlamentarias.

Pero PP y Ciudadanos no sólo hacen referencia a la polémica presencia de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y su reunión con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sino que lo extienden a los posibles "pagos millonarios" del régimen al embajador Raúl Morodo "a través de consultorías presuntamente ficticias a la petrolera estatal venezolana PDVSA".

Composición de la comisión

La comisión estaría compuesta por 3 representantes del PSOE y 2 por el PP y por Vox, respectivamente, además de 1 por cada uno de los siguientes grupos y partidos: Unidas Podemos, ERC, Grupo Parlamentario Plural, Ciduadanos, PNV, Bildu y Mixto. Además, en el plazo de seis meses, que podría ser prorrogado por acuerdo del Pleno del Congreso, la comisión elevaría un dictamen con sus conclusiones y los votos particulares si los hubiera.

Esta iniciativa se suma a la petición de comparecencia de Ábalos, pero también de los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Exteriores, Arancha González Laya.