El Congreso ha rechazado este martes las peticiones de la oposición y no reorganizará el orden de los trabajos en la Cámara Baja pese a solaparse con la reunión del Consejo de Ministros y la cita de la Mesa y la Junta de Portavoces, todo inscrito a los martes por la mañana.
Tal y como ha confirmado la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, la única "novedad" reseñable es que la Junta ha ampliado el horario de registro de preguntas para facilitar las sesiones de control al Gobierno hasta los martes a las 18:00 horas. Hasta ahora, los diputados debían tener listas estas cuestiones antes del lunes a las 12:00 horas pese a que la sesión de control no se celebra hasta 48 horas después.
Teniendo en cuenta que la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros del Ejecutivo suele comenzar sobre las 14:00 horas de la tarde, los diputados de la oposición contarán con un escaso margen de tres o a lo sumo cuatro horas para estudiar el contenido de los acuerdos que alcance el Gobierno de coalición y registrar las preguntas orales a las que deberá enfrentarse Pedro Sánchez en la sesión de control del día siguiente.
Con la decisión del Ejecutivo de trasladar el Consejo de Ministros de los viernes a los martes, el PP proponía que la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces pasase a los lunes; que ese mismo día por la tarde y los martes quedasen reservados para la labor de las comisiones y que las iniciativas legislativas del Ejecutivo se debatiesen los martes por la mañana, desplazando la sesión de control a los miércoles por la tarde.
El resto de fuerzas parlamentarias hubiesen contado así con un mayor plazo para elaborar las preguntas y ejercer un control férreo al recién estrenado Ejecutivo y los acuerdos que se desarrollen en La Moncloa. Sin embargo, la propuesta de los populares, tal y como ha confirmado la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido desestimada por la Junta.
La dirigente popular ha censurado la decisión de la Junta de Portavoces y la postura de los grupos minoritarios en la misma, que "se han sumado a la deriva autoritaria del Gobierno", limitándose, a su juicio, "el control de la labor de la oposición al Ejecutivo".
Por tanto y tras la votación, los martes por la tarde tendrán lugar los debates en pleno de las iniciativas de los grupos, de las comunidades autónomas y de las Iniciativas Legislativas Populares; los miércoles por la mañana la sesión de control a Sánchez y, por la tarde, la celebración de las comisiones. Los jueves por la mañana el orden del día de los plenos estará formado por los proyectos legislativos del Gobierno.
Vox se queda fuera de la Diputación Permanente
Tampoco ha habido sorpresas en la composición de la Mesa de la Diputación Permanente: PSOE, PP y Vox se han hecho con los cinco puestos de la Mesa, encargada de sustituir el pleno en períodos no ordinarios de sesiones entre legislaturas, dejando fuera a Vox.
Así, para acompañar a Meritxell Batet, se ha elegido a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), como vicepresidente primero; a Ana Pastor (PP) como vicepresidenta segunda; y a Javier Sánchez Serna (Podemos) y Adolfo Suárez Illana como secretario primero y segundo, respectivamente.
Según acordaron los grupos parlamentarios la pasada semana, la Diputación Permanente estará integrada por 68 diputados -más la presidenta del Congreso-, de los cuales 24 puestos irán para el PSOE; 17 al PP, 10 a Vox, siete a Unidas Podemos; tres a ERC; uno al PNV y otro a Bildu. Ciudadanos, el Grupo Plural y el Grupo Mixto contarán con dos representantes cada uno.
Vox había propuesto como representante al órgano rector de la Diputación a Ignacio Gil Lázaro para una vicepresidencia y a Ignacio Garriga para una secretaría. Ambos sólo han recibido los diez votos que suman los de Santiago Abascal en este órgano.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha censurado que "todos los partidos se hayan puesto de acuerdo" para excluir a Vox de la Mesa de la Diputación Permanente, tildando como "hecho inédito" que se censure la voz de la tercera fuerza política, deslizando la existencia de un pacto dentro del "consenso progre" en el que también incluye al PP.
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