El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional enfrentándose a una de las penas solicitadas por la Fiscalía más altas de la historia del tribunal central: 118 años y cinco meses de prisión, además de una multa de 10,3 millones de euros.
El Ministerio Público le acusa de extorsionar a la hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina, así como a otras 26 compañías, entre ellas el banco BBVA y presentes en el Ibex-35, para que le entregaran cantidades millonarias de dinero a cambio de retirar denuncias presentadas contra ellas en tribunales nacionales y de no publicar informaciones negativas en revistas bajo su control, por lo que le consideran líder de una organización criminal.
Para tal fin, según el Ministerio fiscal, Pineda habría contado con el apoyo del líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y de la abogada Virginia López Negrete, que se enfrentan también a 25 y 12 años de prisión, respectivamente.
"Complot de FG y Villarejo"
Sin embargo Pineda, que estuvo en prisión preventiva durante tres años por estos hechos, sostiene que la primera denuncia de 2016 que provocó la apertura del denominado caso Nelson instruido por el juez Pedraz contra él fue un "complot" del comisario también investigado en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, y del ex presidente del BBVA, Francisco González, para "acabar conmigo porque no cesé en mi lucha por los derechos de los consumidores", afirmó en una rueda de prensa tras salir de prisión refiriéndose a una demanda que él puso contra el banco por las cláusulas suelo y ganó en representación de los consumidores.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, admitió la personación de Pineda como perjudicado en la pieza BBVA del caso Tándem, en la que se investigan los encargos del banco a Villarejo entre los años 2004 y 2017. Puesto que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario por procedimiento reforzado, no ha trascendido si, como sostiene el presidente de Ausbanc, el banco pidió al comisario todavía en activo que presentara una querella contra Pineda de manera anónima. Por lo tanto, el juicio ante la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional comienza con una gran incógnita que podría cambiar radicalmente el rumbo de una futura sentencia, sostiene desde hace meses la defensa de Pineda ejercida por Miguel Durán y Luis de las Heras, de Durán&Durán Abogados.
Pineda solicitó la testifical de Villarejo durante el juicio que arranca este miércoles. La Sala lo rechazó y el acusado previsiblemente insistirá en su pertinencia durante las cuestiones previas. En la primera sesión del juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares representadas por Podemos expondrán sus conclusiones provisionales.
Denuncia ante la UDEF
El presidente de Ausbanc sostiene que Villarejo y el jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, estuvieron detrás de la denuncia anónima presentada ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por encargo del entonces presidente de la entidad bancaria, Francisco González. Una dinámica que se correspondería con la desarrollada por el comisario jubilado que él mismo reconoció en un audio desvelado por El Independiente. El propio Villarejo explicó a Antonio Giménez Raso, un policía al que trataba de convencer de unirse a sus empresas, que él mismo, por medio del abogado Rafael Redondo, presentaba denuncias ante la UDEF para provocar investigaciones que favorecieran a los clientes de su empresa Cenyt. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos".
El otro principal acusado de la causa, el líder del sindicato Manos Limpias Miguel Bernad, ya presentó una denuncia contra uno de los inspectores de la UDEF que elaboró un informe para el juez Pedraz en la causa.
Dicho informe recogía una conversación entre Bernad y Jaume Giró, director de la Fundación La Caixa donde Cristina de Borbón trabajó durante 26 años hasta el pasado 12 de diciembre, según publicó El Mundo. Dicha conversación, según denunció Bernad, se rastreó seis meses antes de que arrancara la investigación Nelson de la Audiencia Nacional contra él.
Precisamente la Fiscalía acusa a Pineda, Bernad y Negrete de extorsionar a la infanta a través de Giró para que les entregara más de tres millones de euros a cambio de que el sindicato Manos Limpias retirara la acusación contra ella en el caso Nóos por el que su marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado y está en prisión.
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