Diversas asociaciones de víctimas del terrorismo alertaron ayer de las llamadas a reclamar indemnizaciones acogiéndose a la llamada ‘ley vasca de abusos policiales’ impulsada por Vox y diversas asociaciones de la Guardia Civil. Recordaron que se están generando “falsas expectativas” entre las víctimas al asegurarles que tienen cabida en las reparaciones e indemnizaciones recogidas por en esa ley aprobada en 2016 por el Gobierno vasco -y modificada en abril pasado para retirar el recurso ante el Constitucional interpuesto por el Gobierno Rajoy- y que reconoce el derecho de reparación de víctimas de posibles casos de abusos policiales cometidos “por motivación política” entre los años 1978 y 1999.

Incluso el propio Ejecutivo de Iñigo Urkullu emitió ayer una nota a través de su dirección de víctimas y derechos humanos señalando que no es conveniente “generar falsas expectativas en el universo de las víctimas ni de sus familias ni utilizar a las víctimas como instrumento partidario”. Añade el Gobierno que este tipo de llamamientos, con escasas posibilidades de que prosperen, pueden suponer una “revictimización y más sufrimiento”.

Recuerdan que las reclamaciones del colectivo de víctimas deberían canalizarse a través de leyes específicas dirigidas a este colectivo, como la ley española de víctimas de 2011 o la ley vasca de 2008. Sobre esta última recuerda que aún sigue pendiente su modificación con objetivo de revisar el detalle de las indemnizaciones económicas que reconocería.

El Gobierno vasco llama a no generar falsas expectativas ni a 'utilizar' políticamente a las víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) fue la más dura ayer con quienes alentaron a las víctimas con “falsas esperanzas” para acogerse a la ‘ley de abusos policiales’ esgrimiendo que también ellas sufrieron vulneraciones de derechos humanos por motivaciones políticas.

“Les están haciendo un flaco favor”, denunció ayer la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez: “Es una barbaridad, nosotros a todas las personas que nos están llamando, que son muchas, les estamos desaconsejando hacerlo. Hay razones éticas e incluso prácticas. Si se trata de víctimas que ya han cobrado de la ley estatal, que reconoce cantidades más altas, no tienen derecho a hacerlo. Además llamar a acogerse a esta ley es pedir a las víctimas que reconozcan que fueron víctimas de un conflicto político en el País Vasco. Es una temeridad”.

"Sería un contrasentido"

Desde Covite se asegura que quien recurra a esta ley estará dando “carta de naturaleza a la máxima nacionalista de que lo que ha ocurrido es un “conflicto político” entre “dos bandos enfrentados”. Una cuestión que consideran especialmente grave cuando la pretensión de la ley es precisamente “difuminar” a las víctimas reconociendo “otras situaciones que en ningún caso han sido impuestas por un pensamiento político”.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se han desmarcado de los llamamientos que se han hecho desde diversos colectivos y formaciones como Vox. Reconocen que ayer recibieron multitud de llamadas para informarse de la posibilidades que les ofrece la ley vasca. La AVT recuerda que ha apoyado la remisión al Tribunal Constitucional de la citada norma, -que ya han remitido tanto el PP como Ciudadanos y Vox-, por considerarla inconstitucional: “Sería un contrasentido que animáramos a acogerse a esa ley”, asegura Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT.

Covite cree que acogerse a esa ley supone avalar la teoría del conflicto y de los 'dos bandos'

Señalan que “en ningún caso” el Gobierno vasco va a reconocer a víctimas de colectivos como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “cuando lo que realmente busca la ley es criminalizarlas por supuestos abusos policiales”. La AVT alerta de que se pretenda confundir a las víctimas con una norma en la que las posibilidades de las demandas que se presentaran consideran que son escasas.

Sí confían en que, al menos, se logre que el Ejecutivo de Urkullu pueda desarrollar el apartado económico de su ley de víctimas de 2008, aún pendiente: “Es sorprendente que tengan una ley que prevea cantidades para indemnizar a las víctimas de la tortura pero no una ley con indemnizaciones a víctimas del terrorismo”.

"Es su yugular. Morder"

Pese al revuelo suscitado en torno a esta cuestión, en Vox continuaron ayer alentando a las víctimas de los distintos colectivos policiales, judiciales, funcionarios de prisiones o de otros colectivos que hubieran estado “en el objetivo de ETA” a acogerse a la ley de abusos policiales. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, -que ejerció como abogada del Estado en Euskadi entre 2013 y 2018- difundió un vídeo a través de las redes sociales en el que llamaba a presentar las demandas de indemnizaciones.

Olona aseguraba a las víctimas que tenían derecho “a ser indemnizadas por la clara persecución política de la que fuisteis objetivo”. Señala que la norma, que su partido ha recurrido ante el Constitucional, lo que pretendía era “declarar torturadores a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Apunta que al no poder ser redactada con términos claros para no “criminalizar” directamente a los CFSE se ha tenido que recurrir a “términos tan amplios” que abrirían, según Olona, la puerta a demandas de las propias víctimas de ETA.

La dirigente de Vox incluso se felicitó de la movilización lograda hasta ahora y que llevó al Gobierno vasco a emitir una nota aclaratorio. “Habéis desencajado al Gobierno vasco. ¿Veis este comunicado? Es su yugular. No deis un paso atrás y morder. No vieron venir este giro”.