En la prisión de Soto del Real, donde cumplen sus penas el ex ministro Rodrigo Rato y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, faltan por cubrir las plazas de casi medio centenar de funcionarios. En la cárcel de Estremera, cuyo recluso más célebre desde noviembre de 2017 es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, hay 26 vacantes. Y al penal de Valencia, el que alberga al mayor número de condenados por su vinculación con la banda terrorista ETA (16), tendrían que incorporarse 113 empleados para completar su plantilla.

Los centros penitenciarios gestionados por el Estado -todos excepto los ubicados en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas estas competencias hasta ahora- han arrancado el año con un déficit de 2.191 trabajadores, según los datos facilitados a este diario por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través del Portal de la Transparencia.

La cifra es ligeramente inferior a la que se registraba el 1 de enero de 2019. Entonces, las 69 cárceles, 13 Centros de Inserción Social (CIS) y dos hospitales psiquiátricos penitenciarios -en Sevilla y Alicante- sumaban 2.443 puestos sin cubrir, 252 más que ahora. A la vista de los números, las 831 nuevas plazas ofertadas el pasado año no han cubierto ni de lejos las carencias de personal que acumulan las prisiones españolas.

Las cárceles y CIS que gestiona el Ministerio del Interior han arrancado 2020 con 2.191 vacantes, sólo 252 menos que el año anterior

Sólo seis centros penitenciarios -Albocàsser (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Menorca, Campos del Río (Murcia), Pamplona y Santa Cruz de la Palma (La Palma)- tienen actualmente sus plantillas cubiertas, circunstancia que sólo ocurría en un caso hace un año. La citada cárcel de Las Palmas tiene una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 331 puestos y tenía entonces 336 trabajadores.

El departamento que dirige Ángel Luis Ortiz defiende que los datos de vacantes deben ser valorados bajo la premisa de que ningún centro penitenciario tiene ocupadas el 100 por cien de sus plazas. "Los efectivos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos están en relación a la población reclusa existente en cada centro", subraya.

En este sentido, fuentes de Instituciones Penitenciarias recuerdan que, si bien en 2008 la proporción era de 5,7 presos por cada funcionario, a finales de 2018 había bajado a 4,4. "A pesar de la congelación de ofertas de empleo público, la disminución de la población reclusa en más de 10.000 internos ha permitido mejorar el ratio", añaden.

Precisamente este domingo tiene lugar en Madrid el primer ejercicio de las pruebas selectivas con las que el Ministerio del Interior cubrirá 900 plazas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. De cumplirse las previsiones, los nuevos funcionarios -el número de aspirantes asciende a 13.212, de los que 7.348 son mujeres y 5.864 hombres- se incorporarán a sus destinos antes de que termine el primer semestre del año.

Si hay una cárcel en la que el déficit de personal es acusado ésa es la de Topas, a medio camino entre Salamanca y Zamora. La plantilla teórica de este centro, construido en 1995 y con una capacidad de 1.008 celdas, es de 575 funcionarios. A 1 de enero, Interior reconocía que sólo contaba con 449 trabajadores (126 menos), lo que representa que el 22 % de sus plazas están sin cubrir.

Lejos de mejorar, los datos ponen de manifiesto que la situación se ha agravado en el último año. A comienzos de 2019, este centro penitenciario tenía 114 vacantes. No hay ninguna prisión en España en la que la falta de personal sea tan notoria como en Topas, la prisión en la que contrajo matrimonio mientras cumplía condena el ex dirigente de ETA 'Santi Potros'.

Elevada edad media

Según datos facilitados a El Independiente por trabajadores de esta cárcel salmantina, faltan actualmente 90 vigilantes de internos, seis educadores, cuatro médicos, dos enfermeros y el subdirector médico, entre otros. Las fuentes aseguran que, debido a la falta de personal, el centro mantiene cerrados dos módulos "desde hace cuatro años por lo menos".

El problema, cuentan los funcionarios, es que la edad media de la plantilla es muy elevada: 56 años. En concreto, el segmento comprendido entre los 55 y los 65 años supone más del 66 %. Expresado en cifras absolutas, en esa horquilla están incluidos 300 de los 449 empleados.

La Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social -vigente desde el 1 de enero de 2000- incorporó la posibilidad de que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que ocupan puestos en el área de vigilancia y custodia interior puedan pasar a desempeñar otras funciones "más adecuadas a su edad" una vez cumplidos los 57 años. Como requisitos inexcusables, habrán debido prestar servicio efectivo durante al menos 25 años en el área de vigilancia y, de forma ininterrumpida, los últimos cinco.

Prisiones resta importancia al número de vacantes con el argumento de que hay 10.000 reclusos menos que hace 10 años

Según las citadas fuentes, en la plantilla de Topas hay en la actualidad casi un centenar de trabajadores en situación de segunda actividad. Esta cifra aumentará durante este año con los que soliciten el cambio una vez cumplan la edad, lo que agravará el déficit si Instituciones Penitenciarias no envía efectivos procedentes de la promoción que salga del proceso selectivo que empieza este domingo. A ello se suman las jubilaciones que irán produciéndose como en el resto de centros.

"Se pide pasar a segunda actividad porque cobras lo mismo, haces labores de oficina y puedes disfrutar de vacaciones. Muchos funcionarios de vigilancia no podemos cogernos los días que acumulamos porque hay servicios que no se cubren con los que estamos", expone un trabajador. Y añade: "Llegas a desempeñar labores de dos puestos distantes a la vez. Pones en duda que eso se esté haciendo bien".

La fuente considera que en la mayor parte de las cárceles españolas los funcionarios hoy en día son "muñecos de papel" que realizan una función de "control visual" pero no de "control real". Esa falta de plantilla -insisten- eleva el riesgo para el trabajador y provoca un deterioro del servicio que recibe el interno.

"Entras y no sabes si vas a salir"

"La vida de una persona está por encima de todo y las nuestras se ponen en riesgo. No se puede trabajar con falta de personal, medios y formación. Eso lo tiene que tener claro el ministro del Interior. Esto no es un juego. Cada día que entras en el centro no sabes si vas a salir o no. Cualquier interno puede tener un momento de agresividad y el funcionario se ve solo", advierten.

Topas es el caso más ilustrativo, pero no el único en el que la plantilla está muy lejos de quedar cubierta. Es el caso de Picassent (Valencia), donde trabajan actualmente 848 de los 961 funcionarios que prevé su RPT. De una merma de 98 se ha pasado en un año a 113, según los datos de Instituciones Penitenciarias.

Llaman también la atención la situación de las prisiones de Navalcarnero (-82), Asturias (-79), Alcalá de Henares (-78), Palencia (-66), Sevilla (-65), León (-63), Cáceres (-58), Valdemoro y Aranjuez (-52), y Albolote y Teixeiro (-51).