Quim Torra ha formalizado hoy el recurso de casación contra la condena por desobediencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado diciembre, que implica su inhabilitación como presidente catalán. Torra ha agotado el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo, que expiraba hoy, para alargar el proceso judicial y tener en sus manos el calendario electoral catalán. El president anunció el pasado miércoles su intención de convocar comicios autonómicos tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, el próximo 18 de marzo. El Tribunal Supremo tiene ahora entre dos y cinco meses para decidir la admisión a trámite del recurso.

El recurso elaborado por el abogado de Torra Gonzalo Boye denuncia una supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial previsto en la Constitución, argumentando la animadversión de diversos miembros de la Junta Electoral Central contra el president. La condena responde a las reiteradas negativas de Torra a retirar una pancarta en defensa de los líderes del 1-O con en la que se reclamaba "libertad para los presos políticos" del Palau de la Generalitat, tal como le reclamó la JEC, a instancias de Cs, durante la campaña de las elecciones generales de la pasada primavera.

La defensa de Torra señala también al magistrado instructor y a miembros del tribunal que lo juzgó por sus declaraciones públicas contra el proceso independentista. Así, Boye denuncia en su recurso "una clara intencionalidad política que, a la vez, tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política". Se refiere "tanto a los denunciantes, que actuaban a instancias de sus adversarios políticos, como del Tribunal" instructor.

A todos ellos acusa de buscar con la querella por desobediencia "apartar ilegal e ilegítimamente al president Torra de los cargos que democráticamente ostenta". El recurso asegura además que el juicio oral "no constituía un verdadero debate, porque el veredicto ya estaba predeterminado".

El recurso señala hasta doce supuestas vulneraciones de derechos fundamentales del presidente catalán en el proceso judicial seguido en su contra, además de recriminar al TSJC que no aceptara una pregunta a un testito y rechazara una prueba testifical.

Durante el proceso, el propio Torra reconoció la desobediencia ante el tribunal, alegando que la JEC no tenía autoridad para juzgarle. "Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es 'claro que no', no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar, no se puede acatar una orden que es ilegal", ha expuesto durante su turno final de palabra.