El BBVA ocultó inicialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la mitad de los pagos que le había realizado a las empresas de Villarejo e información sobre encargos sensibles al controvertido policía, como el espionaje para intentar desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de directivos de la constructora Sacyr o la investigación al líder de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda.

El responsable de Informes Financieros y Corporativos del supervisor, Eduardo Manso, envió un escrito el 10 de octubre de 2018 al secretario del consejo de administración del BBVA, Domingo Armengol, en el que le requería diversa información sobre las "relaciones comerciales o de cualquier otra naturaleza" que la entidad financiera hubiera tenido con José Manuel Villarejo o el grupo empresarial que éste controlaba: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt). Éste y otros documentos constan en las actuaciones del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacionl Manuel García-Castellón, ya sin secreto sumarial.

El requerimiento se producía después de que hubieran empezado a publicarse noticias que vinculaban al comisario hoy en prisión preventiva con encargos realizados para el banco cuando aquél se mantenía aún en activo en el Cuerpo Nacional. En ese momento tan sólo habían trascendido pagos por importe de 242.000 euros, según había informado Público meses antes.

Al día siguiente de aquel escrito de la CNMV, el caso alcanzó una nueva dimensión después de que El Independiente desvelara en exclusiva que el BBVA había pagado a las empresas del policía 5.080.299,38 euros (sin IVA) entre el 1 de febrero de 2012 y el 1 de abril de 2017. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional abrió una pieza específica para investigar estos encargos -concretamente el 4 de diciembre de 2018- y requirió a este diario las facturas que había publicado tres meses antes.

En concreto, la CNMV quería que el BBVA le informara sobre la naturaleza de los servicios que había contratado al grupo Cenyt y el importe y fecha de los pagos realizados, sin limitarlo a periodo temporal alguno. El escándalo ya había saltado y el organismo quería tener todos los datos para poder ejercer su actuación supervisora.

Respuesta escueta

La entidad financiera tardó justo dos semanas en responder al escrito de Eduardo Manso. La escueta contestación (un folio) llegó a las 16.45 horas del 24 de octubre y en ella el BBVA confirmaba que había contratado a Cenyt para "proveer servicios de asesoramiento en materia de seguridad, protección de activos y personas de la entidad, obtención de información sobre solvencia patrimonial de deudores e informes de riesgos".

En relación con los abonos, el banco reconocía que había pagado 5.055.180,38 euros al citado grupo empresarial entre los años 2013 y 2017. El desglose, concretamente, es el siguiente: 783.518,68 euros en 2013, 2.577.661,70 euros en 2014, 544.500 euros en 2015, 423.500 euros en 2016 y 726.000 euros en 2017.

"Con la información disponible, no correspondería mencionar tales hechos en el informe de Gobierno Corporativo Anual ni en el estado de información no financiera del Informe de Gestión del ejercicio 2017. Tampoco procede la dotación de provisiones ni la mención de un eventual pasivo contingente en la memoria anual de ese mismo año, ni suponen un riesgo que pueda representar un impacto significativo para BBVA", justificó entonces.

El banco no facilitó a la CNMV toda la información sobre sus encargos a Villarejo hasta que Francisco González abandonó la presidencia

Al circunscribir la información al citado quinquenio, el banco no sólo estaba ocultando al supervisor la mitad del montante que había pagado al grupo del polémico comisario -jubilado en el verano de 2016 y en prisión preventiva desde noviembre de 2017- sino también datos sobre el espionaje al presidente de Sacyr para desbaratar el intento de control del BBVA valiéndose de su condición policial y de sus contactos en el Cuerpo.

En aquella época, al frente del segundo banco del país continuaba todavía Francisco González, hoy imputado en esta pieza separada del caso Tándem por cohecho y revelación de secretos. El banquero gallego cedió el testigo el 31 de diciembre de 2018, manteniendo la presidencia de honor de la entidad financiera y de la Fundación BBVA hasta que el avance de la investigación le obligó a renunciar dos meses y medio después a estos cargos no remunerados.

La CNMV volvió a demandar meses después más información al banco a la vista de nuevas revelaciones periodísticas. En concreto, Manso envió un segundo requerimiento el 11 de enero de 2019, dos días después de que Moncloa.com y El Confidencial desvelaran que el banco había pagado a una empresa de Villarejo para tratar de abortar el asalto de Sacyr. Bajo el nombre de 'Proyecto Trampa', ese encargo tuvo lugar en 2004, supuso un desembolso para el banco de al menos 592.069,91 euros e incluía el espionaje a los promotores de aquella operación: Luis del Rivero, entonces presidente de la constructora Sacyr; el jefe de la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, y el empresario Juan Abelló.

"Datos inexactos o no veraces"

Con esta petición de información, el supervisor quería conocer si Cenyt o Villarejo hubieran realizado para el banco "actividades distintas de las descritas" en la respuesta ofrecida el 24 de octubre y si la relación entre ambas partes se había prolongado "durante un periodo más amplio" del referido por la entidad financiera en su primera comunicación (2013-2017).

"A los efectos de verificar si pudiesen haberse suministrado a esta Comisión datos inexactos o no veraces u omitido aspectos o datos relevantes, así como valorar la exactitud de la información incluida en sus informes anuales de gobierno corporativo sobre los sistemas de gestión y control de riesgos, y en las cuentas anuales e información no financiera", la CNMV le daba un plazo de 10 días para que aportaran información adicional a fin de conocer con total exactitud las cantidades facturadas al grupo Cenyt y el motivo de los servicios prestados, copias de todos los contratos y de las facturas emitidas por las empresas del policía y si el concepto de los trabajos realizados que figuraba en la documentación contractual pudieran ser ficticios.

Doce días después, el banco daba respuesta al segundo requerimiento del supervisor. María Jesús Arribas de Paz, general counsel de BBVA, enviaba un escrito de ocho páginas en el que ampliaba de forma sustancial la información ofrecida inicialmente. La entidad ya reconocía que la relación con Villarejo y su empresa se remontaba a 2004.

Tras consultar la información contable de que disponía, el BBVA admitió que había abonado a Grupo Cenyt entre 2004 y 2017 un total de 10.284.689,24 euros, un 50,84 % más de la cantidad ofrecida en la primera contestación al abarcar ocho años más. Ésta es la cantidad que considera acreditada el juez que instruye la causa.

Desglosados, los pagos fueron los siguientes: 313.200 euros en 2004, 661.787,01 euros en 2005, 69.194 euros en 2006, 31.230 euros en 2007, 1.171.600 euros en 2010, 1.416.000 en 2011 y 1.566.407,85 euros en 2012. A la luz de estos datos, al menos 9,13 millones se abonaron cuando José Manuel Villarejo se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional, motivo por el que se imputa la posible comisión de un delito de cohecho tanto a Francisco González como a otros antiguos altos directivos del banco.

Justificación del banco

A modo de consideraciones previas, el BBVA indicó que había actuado "de forma diligente" en su primera respuesta y que le había aportado a la CNMV aquellos datos que "se estimaron relevantes en relación con las preguntas formuladas en función de la situación existente e información disponible en ese momento". En octubre no conocían las "presuntas actividades del señor Villarejo y su entorno", defendió.

También mantuvo que si la información facilitada en un principio se limitaba a los años comprendidos entre 2013 y 2017 era sencillamente porque "las noticias aparecidas hasta dicho momento se referían precisamente a servicios prestados y pagos realizados en ese periodo temporal" y porque cinco años es un plazo "considerado comúnmente relevante a efectos jurídicos".

El supervisor tuvo que requerir la información al sospechar que el banco le había omitido detalles "relevantes" en el primer envío

Cuando tuvo lugar aquella contestación, Francisco González ya no presidía el banco y su sucesor, Carlos Torres, había acometido ya la remodelación de la estructura directiva para afrontar la nueva etapa bajo la sombra del caso Villarejo. El Banco Central Europeo (BCE) ya instaba entonces a la dirección a aclarar este escándalo al objeto de minimizar el posible daño reputacional que pudiera tener para la entidad.

En esa respuesta del 23 de enero de 2019, el BBVA reiteraba que el motivo de los trabajos era servicios de asesoramiento continuo, prevención de fugas de información, 'preinformación' para adelantarse a riesgos, servicios de 'vigilancia ordinaria', servicios de investigación de entramados empresariales y patrimonios, estudio de cuentas y flujos económicos, análisis de indicios de blanqueo de capitales y vigilancia y protección personal de alta dirección del BBVA e instalaciones, entre otros.

También aportó un dato relevante que no había reseñado en su primera respuesta. La entidad reconocía que había contratado los servicios de Cenyt para que investigara a Luis Pineda y a Ausbanc "a partir de 2013 y hasta aproximadamente 2015". Ese encargo se producía "en el marco de la legítima defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial desarrollada por aquéllos frente a BBVA", si bien aseguraba no tener constancia de que se hubiera suscrito "un contrato específico que soportara la citada investigación".

Información "escasa" en los archivos

"La comprobación sobre si los conceptos que figuran en la documentación contractual o en las facturas aportadas se corresponden a los servicios o actividades efectivamente realizados por Cenyt es uno de los objetivos de la investigación interna (...), por lo que a esta fecha no es posible concluir al respecto. No obstante, debemos señalar nuevamente que la información disponible en los archivos de BBVA es escasa", añadía Arribas de Paz.

Esa investigación interna se "promovió en junio de 2018" en un intento de "anticipar cualquier posible riesgo para la entidad" ante las noticias periodísticas que ya se sucedían por los encargos a Villarejo. Esa labor se confió a Garrigues, con quien el banco formalizó una propuesta de servicios el 11 de enero de 2019. Entonces el juez García-Castellón ya había abierto las diligencias previas, que se han mantenido bajo secreto de sumario hasta esta semana.

En una providencia fechada el pasado 14 de noviembre, el instructor accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y comisionó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que requiriera a la CNMV "copia auténtica" de los requerimientos de información que le hizo al BBVA en octubre de 2018 y enero de 2019 sobre los encargos al entramado empresarial de Villarejo y "las respuestas de la entidad a los mismos".