El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la iniciativa en su reunión con el jefe del Govern catalán, Quim Torra, y le ha entregado un documento denominado 'agenda por el reencuentro' en el que ofrece numerosas propuestas para el "diálogo" con el independentismo y el acuerdo en materias financieras, de infraestructura y el cumplimiento de históricas reivindicaciones de la Generalitat sobre la delegación de competencias.

La primera es "abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña", en la que propone que el Gobierno de España y el de la Generalitat comiencen "el diálogo político en el mes de febrero en la reunión constitutiva de la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo que tiene como objetivo buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes".

Aunque Sánchez evita mencionar la Constitución como marco legal de ese diálogo, intenta blindarse de las intenciones de Torra de negociar sobre un referéndum de autodeterminación o de sobre la amnistía para los independentistas condenados asegurando que esa Mesa se desarrollará "en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que "existe una total disponibilidad para el diálogo". "A la espera de concreciones sobre demandas de traspasos, se considera que puede haber avances a corto plazo en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas", anuncia.

Con el objetivo de poner en el foco del debate otras cuestiones alejadas del afán independentista, el Gobierno anuncia su "compromiso" de que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cumplan con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Autonomía sobre inversión de la Administración General del Estado como ya sucedía con el proyecto de PGE para 2019.

En ese sentido, se abre a negociar la "autonomía financiera y tributaria de Cataluña" y a "estudiar los planteamientos tributarios de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de cara a la elaboración del nuevo Sistema de Financiación Autonómica".

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos también se aviene a "cumplir los acuerdos sobre compensaciones alcanzados en materia económica" y a asumir "las compensaciones acordadas relativas a incremento de la plantilla de los Mossos y a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre déficit inversor", que se incluirían en los Presupuestos Generales de este año.

La apertura de 'embajadas' de la Generalitat por el mundo no encontrarán obstáculos del Ejecutivo siempre que "se ajusten a los principios contenidos en la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado". El gabinete de Sánchez también se abre a negociar que el IVA de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sea deducible, desmontando una de las medidas del anterior Gobierno de Mariano Rajoy contra el adoctrinamiento en los medios públicos catalanes, y que supone una deuda de 125 millones al Estado.

En esa línea, Sánchez también está dispuesto a negociar los aspectos que afecten al modelo de escuela catalana dentro de la nueva Ley de Educación, así como el pago de la compensación por el incremento de la plantilla de los Mossos d´Esquadra, "un compromiso que se mantendrá en los PGE hasta 2022".

El presidente del Gobierno se ha reunido este jueves con Torra, a pesar de su inhabilitación como diputado del Parlament y las dudas legales existentes sobre su continuidad al frente del Govern, con un objetivo: demostrar a Esquerra Republicana de Cataluña que «el diálogo va en serio» para que los separatistas se avengan a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, vitales para la continuidad del Ejecutivo PSOE-Podemos. Con ese fin por encima de cualquier otra cuestión, Sánchez se esforzará por no caer en posibles provocaciones de Torra, que pretende utilizar la reunión como baza electoral de cara a los comicios anunciados pero aún sin fecha en la comunidad. El desgaste de ERC a través de su pacto con el PSOE es parte de la estrategia electoral de JxCat para mantenerse como primera fuerza independentista en la comunidad.

Una de las posibles exigencias de Torra para dinamitar la mesa de negociación es la participación de un «mediador», la figura del relator que ya hizo estallar el diálogo del Gobierno con el independentismo hace un año abocando a elecciones en el mes de abril. Esa figura para que haya «garantías» de que se cumplirán los acuerdos de la mesa entre gobiernos ya la puso sobre la mesa este lunes la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó.

Por su parte, Unidas Podemos ha lanzado una campaña en redes sociales para apoyar la negociación del Gobierno con Quim Torra, pese a su inhabilitación como diputado por un delito de desobediencia.