Es el nuevo listón del Gobierno vasco y el PNV al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En la anterior negociación que Meritxell Batet cerró como ministra en enero de 2019 el régimen económico de la Seguridad Social quedó fuera de la lista de transferencias pactadas con Euskadi. Un año más tarde y un gobierno después, las dificultades técnicas que su transferencia conllevaría ya no parecen ser un escollo insalvable. No al menos para abordarlo en la mesa de negociación. La nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha accedido a analizar la posibilidad de incluir la Seguridad Social en la treintena de materias que el Gobierno central se ha comprometido a ceder al País Vasco a lo largo de este año para alcanzar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979.

Por el momento, el Gobierno de Urkullu recuerda una y otra vez que se trata de una cuestión recogida en el Estatuto y avalada por el Tribunal Constitucional, y el PNV, en voz de su presidente Andoni Ortuzar, advirtió a Sánchez que esta vez "sí toca": "No es opinable, hay que transferirla y punto".

Pero, ¿qué supone la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social? Para empezar, dejar en manos de la administración vasca la gestión de un volumen de recursos de en torno a 9.600 millones de euros al año. Es la cantidad que según los últimos datos oficiales -correspondientes a 2018- gastó la Seguridad Social en Euskadi. De ellos, 8.930 millones correspondieron al pago de pensiones.

La cesión del régimen económico, si finalmente se ejecuta, conllevaría también acordar la cesión del funcionariado ahora bajo el régimen del Estado y pactar lo relativo a la titularidad de los inmuebles y el resto de recursos pertenecientes a la Seguridad Social.

Carácter "unitario y solidario"

La competencia que durante estos días analiza el Gobierno y sobre cuya disposición definitiva a transferirla hará pública el día 20 -en una segunda reunión entre ambos gobiernos en Euskadi-, incluiría la asunción de un gran número de funciones en manos del Gobierno vasco. Así, en caso de asumir esta materia correspondería al País Vasco la inscripción de empresas, así como la potestad sancionadora. También se haría cargo de la afiliación, las altas y bajas de los trabajadores, con su correspondiente potestad sancionadora. La competencia llevaría aparejada además la gestión y control de las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de las cuotas o el aplazamiento y fraccionamiento de las mismas. Por último, Euskadi asumiría además la organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos para el ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.

El Gobierno vasco también reclama que la titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos hoy propiedad de la Seguridad Social pasen a sus manos.

El País Vasco basa su reclamación en el artículo 18 del Estatuto vasco que determina que el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, “salvo las normas que configuren el régimen económico de la misma” le corresponden. El Ejecutivo de Urkullu ha trasladado al Gobierno que esta competencia “pasa por ser uno de los retos pendientes más trascendentales para lograr el impulso y profundización del autogobierno”. En el acuerdo de Gobierno que el PNV y el PSE suscribieron esta legislatura, la gestión de las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social figuraban como las materias “prioritarias” a transferir.   

Desde el Gobierno vasco subrayan que la asunción de esta competencia se haría en cualquier caso “dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”. El procedimiento previsto sería a través de la firma de convenios que aseguren no sólo el carácter unitario, solidario “y de no discriminación con el resto de la población del Estado”, sino tras una “concreción” de todos los actos de gestión de los recursos que quedarían en manos del País Vasco.

Poder 'identitario'

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda pública de la Universidad del País Vasco, considera que de completarse finalmente la transferencia la ciudadanía y el empresariado no percibirían ningún cambio. Ni los perceptores de pensiones verían modificación alguna en su prestación ni los empresarios tendrían que ver cambios en las cotizaciones por sus empleados. “La legislación básica de la Seguridad Social seguiría perteneciendo al Estado”, subraya.

Para Zubiri la asunción del régimen económico “es más una cuestión de poder, de sentimientos identitarios que de otro tipo. El Gobierno vasco quiere ser responsable de toda la actividad en el País Vasco y esta es una de ellas. Su ganancia es que él manda, que él gestiona los recursos. Es decir, ‘esto es mío y lo gestiono yo’”.

Afirma que el procedimiento por el que se podría transferir tiene varias opciones que van desde la creación de gestoras vascas de la seguridad social, a modo de meras ‘sucursales’ o a través de ajustes vía Cupo.

Considera que transferir el régimen económico a Euskadi no supondrá en ningún caso la ruptura de la Caja Única: "No sería un buen negocio para nadie, ni para el País Vasco ni para el Estado, a Euskadi es lo último que le interesa". Recuerda que actualmente las pensiones vascas tienen un coste más elevado que en el resto del país, un 12,4% de su PIB frente al 10,1% en el resto de España.

El pago de las pensiones vascas sigue dependiendo en un porcentaje significativo, que puede rondar algo menos del menos del 10% del total de su cuantía, de cotizaciones procedentes de fuera del País Vasco: “La vasca es una sociedad envejecida. Es cierto que tiene cotizaciones más altas, pero también pensiones un 25% más elevadas. Si de media en España las cotizaciones financian el 85% del coste de las pensiones en el País Vasco sólo lo hacen en un 71%, por eso para Euskadi no sería un buen negocio romper la Caja Única”.