El entramado empresarial comandado por José Manuel Villarejo tenía un valor de 46,34 millones de euros. Ésta es la tasación que Rafael Redondo, socio del policía hoy preso e imputado también en el caso Tándem, hizo llegar a su cliente preferente: el BBVA.

Así se detalla en el informe interno que un asesor patrimonial del banco emitió el 1 de junio de 2011 tras la demanda que Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) -la compañía controlada por Villarejo y participada muy minoritariamente por Redondo- interpuso contra el banco por un contrato de cuenta de crédito y de cobertura.

Según exponen los fiscales del caso en un escrito que consta en las actuaciones que instruye el juez Manuel García-Castellón sobre los trabajos encargados por el BBVA a empresas controladas por el comisario ya jubilado, Rafael Redondo hizo llegar a la entidad financiera el organigrama del grupo Cenyt-España y asignaba "un valor global de 46.340.000 euros (7.710 millones de pesetas)".

El mascarón de proa de dicha estructura empresarial es Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, una sociedad que comenzó a operar el 8 de agosto de 1996 -tres años después de que Villarejo se hubiera reincorporado al servicio activo en la Policía Nacional- con un capital inicial de 3.005,06 euros. Según la información que consta en el Registro Mercantil, su objeto social era "la construcción de todo tipo de obras inmobiliarias por cuenta propia y ajena" y "el estudio y cálculo de las mismas".

Como primer administrador único figura Rafael Redondo, que cesó en el cargo en julio de 2001 en favor de la segunda esposa de Villarejo. En marzo de 2004 fue nombrado apoderado de la sociedad, figurando como administrador único desde septiembre de 2015 José Manuel Villarejo Gil (hijo del policía e investigado también en el caso Tándem).

El socio del policía envió la tasación al BBVA tras demandar al banco por un contrato de cuenta de crédito y cobertura

Otras empresas que integraron este entramado son Global Sinapsis SL, Inversiones Estratégicas Sensibles SL, Cenyt Argo SL, Ciudad Al Mansur SL, Lextor SL, Cenyt Consultoría Organizacional SL e Hispania Quality&Development SL, entre otras.

Cenyt era la sociedad titular de la marca de servicios V&V Development, con la que la trama investigada firmó cuatro de los contratos con el BBVA, investigados ahora en el marco de la instrucción que dirige el magistrado Manuel García-Castellón. Se trata, en concreto, de los fechados el 2 de diciembre de 2004, el 5 de febrero de 2010, el 14 de marzo de 2011 y el 12 de febrero de 2012.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la dirección del banco conocía la "naturaleza ilícita de todas las contrataciones" desde que se firmó el primer contrato el 2 de diciembre de 2004, por cuanto aquél iba acompañado de un informe en el que se decía que V&V Development es "una organización dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad (...) singularmente especializada en metodología de análisis de información (...)". Este elemento es clave para que el juez haya imputado al ex presidente del BBVA Francisco González y a otros ex directivos de la entidad finaciera como posibles autores de un delito de cohecho en su modalidad activa.

Informe del fiscal en el que reseña la valoración que el socio de Villarejo hizo del grupo empresarial.

Desde que arrancó la instrucción, Villarejo ha tratado de mantener que contó con la autorización de sus superiores para compaginar su labor policial con su faceta de empresario, llegando a aportar su defensa las cartas de tres Directores Adjuntos Operativos (DAO) de la Policía Nacional -Agustín Linares Molina, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino- que corroboraban esa versión.

Compatibilidad

En un documento fechado el 20 de abril de 2015, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, la Policía concluyó que Villarejo no tenía que pedir solicitud de compatibilidad porque su actividad "no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes", "guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe" y "no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia".

No es el criterio que mantienen los fiscales asignados al caso Villarejo, que sostienen que el agente encubierto ya retirado desarrolló trabajos privados "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".